Por LA GACETA
20 Enero 2015
La inesperada muerte de Alberto Nisman, fiscal en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), conmocionó al país y tuvo repercusión internacional. El trágico episodio se produjo horas antes de que el magistrado se presentara en el Congreso para proporcionar detalles de su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman. El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida por su madre, con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en el lujoso barrio de Puerto Madero.
La presentación del funcionario judicial ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados en una reunión privada, había creado una gran expectativa por el calibre de sus denuncias, que habían sacudido al Gobierno. El fiscal, que hace más de una década investigaba el atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas, había imputado a la Presidenta y al canciller por el delito de “encubrimiento” a raíz de la firma del tratado de cooperación con Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la mutual. Según Nisman, ambos habían acordado “la impunidad de Irán” antes de suscribir el acuerdo con ese país asiático, y afirmó que había personal de inteligencia involucrado en esta denuncia. Pocos días atrás, había dicho: “Yo puedo salir muerto de esto... Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona”.
Hasta ahora, las pericias realizadas indican que se quitó la vida. “Se podría hablar de un suicidio, el cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa”, sostuvo la fiscal, a cargo de la investigación.
La muerte del fiscal Nisman genera una serie de interrogantes. Resulta llamativo que el fiscal que estaba a horas de dar a conocer los fundamentos de sus acusaciones, haya tomado una decisión de esta naturaleza. Se desconocen cuáles habrán sido las causas de tal determinación. Justamente, la Justicia debe investigar a fondo si existieron presiones, amenazas, de dónde provinieron.
El hecho es de suma gravedad y se produce en tiempos en que las denuncias por corrupción en el seno del poder son constantes, y en que parte de los integrantes del Poder Judicial son cuestionados y presionados sistemáticamente, ya sea de un lado o de otro, cuando tienen en sus manos un caso de esta índole. Se tiene desde hace mucho tiempo la sensación de que es muy difícil en la Argentina llegar a la verdad en este tipo de casos en que está involucrada la clase dirigente.
La Presidenta ordenó al secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, que colaborara a la jueza federal María Servini de Cubría en la desclasificación de la información relacionada con la investigación del atentado a la AMIA, pedido por Nisman, antes de muerte.
Si bien el fiscal está muerto, se puede solicitar que su equipo de investigación dé a conocer los argumentos y las pruebas de las denuncias que su jefe iba a proporcionar en Diputados. Es imperioso que se investigue en profundidad si se trató de un suicidio inducido y que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley. Es el único modo en que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en la Justicia, en un país en el que suelen ir a la cárcel los que menos tienen. Sin verdad, no puede haber una democracia digna.
La presentación del funcionario judicial ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados en una reunión privada, había creado una gran expectativa por el calibre de sus denuncias, que habían sacudido al Gobierno. El fiscal, que hace más de una década investigaba el atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas, había imputado a la Presidenta y al canciller por el delito de “encubrimiento” a raíz de la firma del tratado de cooperación con Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la mutual. Según Nisman, ambos habían acordado “la impunidad de Irán” antes de suscribir el acuerdo con ese país asiático, y afirmó que había personal de inteligencia involucrado en esta denuncia. Pocos días atrás, había dicho: “Yo puedo salir muerto de esto... Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona”.
Hasta ahora, las pericias realizadas indican que se quitó la vida. “Se podría hablar de un suicidio, el cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa”, sostuvo la fiscal, a cargo de la investigación.
La muerte del fiscal Nisman genera una serie de interrogantes. Resulta llamativo que el fiscal que estaba a horas de dar a conocer los fundamentos de sus acusaciones, haya tomado una decisión de esta naturaleza. Se desconocen cuáles habrán sido las causas de tal determinación. Justamente, la Justicia debe investigar a fondo si existieron presiones, amenazas, de dónde provinieron.
El hecho es de suma gravedad y se produce en tiempos en que las denuncias por corrupción en el seno del poder son constantes, y en que parte de los integrantes del Poder Judicial son cuestionados y presionados sistemáticamente, ya sea de un lado o de otro, cuando tienen en sus manos un caso de esta índole. Se tiene desde hace mucho tiempo la sensación de que es muy difícil en la Argentina llegar a la verdad en este tipo de casos en que está involucrada la clase dirigente.
La Presidenta ordenó al secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, que colaborara a la jueza federal María Servini de Cubría en la desclasificación de la información relacionada con la investigación del atentado a la AMIA, pedido por Nisman, antes de muerte.
Si bien el fiscal está muerto, se puede solicitar que su equipo de investigación dé a conocer los argumentos y las pruebas de las denuncias que su jefe iba a proporcionar en Diputados. Es imperioso que se investigue en profundidad si se trató de un suicidio inducido y que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley. Es el único modo en que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en la Justicia, en un país en el que suelen ir a la cárcel los que menos tienen. Sin verdad, no puede haber una democracia digna.
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