Experimento fallido
Cuatro policías del 911 han quedado bajo la lupa por las torturas aplicadas el 20 de septiembre a un joven esposado, conocido públicamente como G. A., o “El Amarillo”, que fueron difundidas en un video filmado por los mismos agentes de seguridad. Los policías son los motoristas José Carabajal y Horacio Morales, y los agentes Víctor Quinteros y Jorge Marchese, que figuran en el acta de aprehensión. Podrían ser acusados por apremios ilegales y la fiscala Marta Mónica Rivadeneira, que instruye la causa, tiene tiempo hasta el 17 de octubre para decidir si pide, o no, la prisión preventiva.

Pero el asunto no termina ahí y los agentes no son los únicos involucrados en el escándalo, que, como si fuera un nuevo experimento del psicólogo norteamericano Stanley Milgram (que estudió el comportamiento frente a situaciones violentas) ha puesto a prueba a la sociedad entera, en cuanto a reaccionar frente a actos aberrantes (como la tortura) como una situación habitual o cotidiana en el ámbito de policías y de gente marginal.

Es que el mismo sistema penal favorece esa laxitud frente a anormalidades. De hecho, el mismo “Amarillo” había denunciado los apremios frente a la fiscala Rivadeneira al día siguiente de ocurrido el ataque, según contó la defensora oficial Marta Toledo. La fiscala había ordenado que fuese revisado por el Cuerpo Médico Forense y dispuso que quedara en libertad, ya que el delito (tentativa de hurto) por el que lo habían acusado los policías torturadores tiene una pena de prisión excarcelable. Pero no se tomó ninguna medida contra los policías hasta 10 días después, cuando estalló el escándalo con la difusión del video en LA GACETA. Según se explicó, la fiscala había esperado que el denunciante “volviera a Tribunales a ratificar la acusación” contra los agentes, pero como “El Amarillo”, presumiblemente, tenía miedo, no regresó. Cuando la historia estalló en la sociedad, el ministro Fiscal, Edmundo Giménez, le encomendó a la misma doctora Rivadeneira ocuparse del tema. Así, fueron a buscar al “Amarillo” a su casa y volvió a declarar el sábado pasado. Y esto derivó en las actuaciones contra los policías.

El sistema judicial penal está hecho así. Papeleo y aburrimiento de los funcionarios. Se toman las denuncias y se espera que sean ratificadas y sigan el curso burocrático. Basta ir a una fiscalía cualquier mañana para encontrar, por ejemplo, a un empleado atendiendo a una mujer que quiere agregar, a la causa contra un vecino que hace 10 días golpeó a su marido, una nueva causa contra el mismo vecino por golpear ahora a su hijo. “Ah, la nueva denuncia tiene que hacerla en la fiscalía de turno, y después pedir que el ministerio fiscal unifique las causas”, le contestará el empleado, con la lógica del expediente.

El jurista Alberto Binder, que ha sido contratado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia para el frustrado plan piloto de cambios en el Código Procesal Penal, ha criticado el sistema que abandona a la víctima por detrás del papeleo deshumanizante. También lo han criticado los integrantes de la Comisión de Reforma del CPP, que trabajan en ello desde hace un año y medio y que en 15 días tendrían lista su propuesta, que incluiría, entre muchos puntos, la respuesta rápida a la víctima. En Buenos Aires, Indiana Guereño, directora del flamante observatorio de Prácticas del Sistema Penal (de la ONG Asociación Pensamiento Penal), ha puesto énfasis en que “detrás de los expedientes hay personas”. Pero el sistema no las ve. No importa si es una vecina quejosa o un supuesto ladrón detenido y apremiado por la Policía. Sus denuncias caen igual en el saco de burocracia judicial y son atendidas según la urgencia de la explosión mediática o de la sangre. Según Binder, entre el 80 y el 85% de las causas quedan sin resolver y van a la basura.

Acaso la reforma del Código Procesal Penal, si es que se lleva a cabo, logre impulsar un cambio cultural y de organización. Pero falta mucho para eso. No es fácil cambiar un mundo amortiguado frente a la violencia. Eso muestra la película “El experimento”, basada en la prueba de Milgram. ¿A cuántos funcionarios, fiscales y policías, y gente de la sociedad toda, debería Milgram hacerles un test para determinar su capacidad de reacción frente a la violencia?

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios