03 Septiembre 2014
“Asumimos el compromiso de que las 208 familias que estaban en conflicto con la entidad intermedia serán preadjudicatarias”. El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, confirmó que parte del grupo que manifestaba -desde 2010- contra la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) podrá acceder a una casa en barrios que están licitados o en construcción.
“Esto se puede resolver porque se viene trabajando desde hace tiempo. La entidad intermedia consiguió en la Nación financiamiento para más viviendas. Fue un trabajo conjunto, entre la Provincia y el gremio”, subrayó el funcionario. Aclaró que la situación es muy diferente a la del grupo que denunció por presuntas estafas a un empleado del Ipvdu, dado que en ese caso los vecinos pretendieron obtener una unidad de manera ilegal. “En ese caso, se blanquearía una ilegalidad y no es correcto. No lo haremos”, descartó.
El abogado Carlos Garmendia, quien patrocina a los beneficiarios, había consignado que serían reubicados en las localidades de San Andrés, El Manantial y Villa Mariano Moreno (Las Talitas).
“Quien viene a resolver la situación es Durán, no la titular del gremio, Ada Altuve. Con este grupo, Altuve tuvo sólo falsas denuncias, manipulaciones y amenazas y cero diálogo. Llegó al extremo de hacer una denuncia penal falsa en mi contra y otra en el Colegio de Abogados”, había lamentado Garmendia.
“Hubo casas para todos”
El representante legal del gremio judicial, Mario Leiva Haro, consignó que el gremio hizo una autocrítica respecto de la situación de los denunciantes. “Fue muy improlija la manera en la que se manejó la situación, pero por la inexperiencia. Hubo demoras y el gremio es consciente de eso. Pero, dentro de las limitaciones, se trató de resolver todo”, manifestó.
Describió que las personas que habían pagado por una casa en el primer barrio, el de 227 unidades en Los Pocitos, iban a ser redestinadas a otros dos que, en total, sumarían 340 en Las Talitas. Afirmó que hubo grupos que aceptaron esperar, otros a los que se les devolvió el dinero y un tercero que mantuvo las manifestaciones.
“No había sobreventa ni necesidad de perjudicarla a ella (por Altuve). Hubo casas para todos. Pero al último se manejo todo de mala fe”, deslizó. Luego, cargó contra Garmendia: “él mediatizó todo. Tuvo la actitud poco profesional y ética de grabarme cuando nos reuníamos y por eso lo denuncié en el Colegio. Pretendía que entraran en el convenio hasta gente que no tenía ni un comprobante de pago del gremio. La otra denuncia que tiene es por amenazar a Altuve. El trato que le dieron como mujer fue pésimo”.
Leiva Haro explicó que Altuve declaró como imputada en la causa por presuntas estafas. “Los denunciantes son 284 en total. Garmendia representa a siete. Pero 60 presentaron escritos negando haber presentado una denuncia. Otros, en cambio, ya hicieron convenios con el gremio”,detalló.
En julio de 2010, un grupo de 70 familias denunció a LA GACETA que habían sido víctimas de una presunta sobreventa de casas por parte del gremio judicial. Luego de la publicación y mediante reuniones, se sumaron más casos de presuntos damnificados. Afirmaban haber pagado entre $ 2.000 y $ 6.000. Tras años de denuncias cruzadas, el barrio se entregó en agosto del año pasado y las protestas se reavivaron.
“Esto se puede resolver porque se viene trabajando desde hace tiempo. La entidad intermedia consiguió en la Nación financiamiento para más viviendas. Fue un trabajo conjunto, entre la Provincia y el gremio”, subrayó el funcionario. Aclaró que la situación es muy diferente a la del grupo que denunció por presuntas estafas a un empleado del Ipvdu, dado que en ese caso los vecinos pretendieron obtener una unidad de manera ilegal. “En ese caso, se blanquearía una ilegalidad y no es correcto. No lo haremos”, descartó.
El abogado Carlos Garmendia, quien patrocina a los beneficiarios, había consignado que serían reubicados en las localidades de San Andrés, El Manantial y Villa Mariano Moreno (Las Talitas).
“Quien viene a resolver la situación es Durán, no la titular del gremio, Ada Altuve. Con este grupo, Altuve tuvo sólo falsas denuncias, manipulaciones y amenazas y cero diálogo. Llegó al extremo de hacer una denuncia penal falsa en mi contra y otra en el Colegio de Abogados”, había lamentado Garmendia.
“Hubo casas para todos”
El representante legal del gremio judicial, Mario Leiva Haro, consignó que el gremio hizo una autocrítica respecto de la situación de los denunciantes. “Fue muy improlija la manera en la que se manejó la situación, pero por la inexperiencia. Hubo demoras y el gremio es consciente de eso. Pero, dentro de las limitaciones, se trató de resolver todo”, manifestó.
Describió que las personas que habían pagado por una casa en el primer barrio, el de 227 unidades en Los Pocitos, iban a ser redestinadas a otros dos que, en total, sumarían 340 en Las Talitas. Afirmó que hubo grupos que aceptaron esperar, otros a los que se les devolvió el dinero y un tercero que mantuvo las manifestaciones.
“No había sobreventa ni necesidad de perjudicarla a ella (por Altuve). Hubo casas para todos. Pero al último se manejo todo de mala fe”, deslizó. Luego, cargó contra Garmendia: “él mediatizó todo. Tuvo la actitud poco profesional y ética de grabarme cuando nos reuníamos y por eso lo denuncié en el Colegio. Pretendía que entraran en el convenio hasta gente que no tenía ni un comprobante de pago del gremio. La otra denuncia que tiene es por amenazar a Altuve. El trato que le dieron como mujer fue pésimo”.
Leiva Haro explicó que Altuve declaró como imputada en la causa por presuntas estafas. “Los denunciantes son 284 en total. Garmendia representa a siete. Pero 60 presentaron escritos negando haber presentado una denuncia. Otros, en cambio, ya hicieron convenios con el gremio”,detalló.
En julio de 2010, un grupo de 70 familias denunció a LA GACETA que habían sido víctimas de una presunta sobreventa de casas por parte del gremio judicial. Luego de la publicación y mediante reuniones, se sumaron más casos de presuntos damnificados. Afirmaban haber pagado entre $ 2.000 y $ 6.000. Tras años de denuncias cruzadas, el barrio se entregó en agosto del año pasado y las protestas se reavivaron.
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