Los transportistas dicen que no medirán fuerzas con los piratas

"Las investigaciones llevadas a cabo por LA GACETA dan cuenta del afán de perpetuar las conductas transgresoras que tiene el transporte ilegal -que se autotitula remise-, apelando a la amenaza de alteración del orden, como medio de presión. Ante esta provocación, sólo nos queda por señalar que no es nuestro propósito medir fuerzas, por importantes que sean las nuestras, sino por el contrario, buscar soluciones armoniosas, dentro de una comunidad organizada, donde prime el imperio de la ley". De este modo tomó posición la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), con respecto a las amenazas de cortar rutas y paralizar la provincia que hicieron, también por medio de LA GACETA, los remises pirata, frente a las advertencias de que se les impedirá trabajar.
Los empresarios y dirigentes de AETAT, Cristóbal Cazorla y Daniel Orell, respondieron también a los legisladores que impulsan la desregulación del transporte público y la legalización de los truchos. "La desregulación del transporte público es una alternativa descartada a nivel mundial por las nefastas consecuencias que muestran los intentos ocurridos", dijeron. Recordaron la experiencia chilena, donde tras la desregulación se produjo una anarquía en el transporte y la desaparición del servicio de los barrios menos rentables y en los horarios menos redituables.

Desregulación de hecho
Cazorla negó que exista un vacío legal o que deba modificarse la legislación actual y dijo que lo que faltan son controles efectivos para que se cumplan las leyes, ya que ante la ausencia del Estado la desregulación se produce en los hechos.
Orell desmintió a la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán (ARUT), en cuanto a que los remises estén realizando el servicio "puerta a puerta", única opción prevista por la ley para esta modalidad, y dijo que los remises operan del mismo modo que los taxis y también realizando los recorridos de las líneas de ómnibus, donde levantan pasajeros.
"Este camino va en contra de las políticas del propio Estado y es un incentivo para fomentar, en todas las actividades económicas, el crecimiento de la ilegalidad, la marginalidad, el trabajo en negro, la subocupación, la evasión previsional y fiscal, etcétera", advirtió AETAT.
Recordaron, además, que las empresas de colectivos generan 4.500 empleos directos y más de 9.000 indirectos, todos genuinos, a diferencia del trabajo en negro y marginal que producen los ilegales.