30 Noviembre 2003 Seguir en 
CONCEPCION.- La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo deberá empezar a analizar mañana la situación de Héctor René Torres, el juez de la Sala Penal I de Concepción, a quien la Corte Suprema le solicitó la renuncia ante un grado de incapacidad del 66%. Torres, en un fax que le envió a LA GACETA desde su casa, dijo que "la supuesta incapacidad es sólo un capricho unilateral y autoritario de la Corte".
La Corte le envió ayer a la mañana a la Cámara un escrito con los fundamentos del planteo, que se basan en los problemas de salud del magistrado detectados por una junta médica, en la supuesta morosidad en el tratamiento de las causas bajo su jurisdicción. También se habría incorporado el hecho de que el juez percibe una jubilación extraordinaria además de su sueldo de camarista.
Descompensación
El 8 de octubre pasado la Corte le solicitó al juez que iniciara los trámites para acogerse a la jubilación en 30 días, bajo apercibimiento de iniciarle juicio político. Fue luego de que sufrió una isquemia anterior y lateral en el corazón, por la que estuvo 30 días en reposo durante setiembre y octubre.
Pero el martes pasado, la Corte lo conminó a renunciar a su cargo, y Torres hizo una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo pidiendo una medida cautelar para que no se aplique la solicitud de la Corte (que se resolvió a favor del juez), la nulidad de la decisión y la inconstitucionalidad de la ley en la que se basó el planteo del máximo órgano de Justicia.
En ausencia
Torres aseguró que la junta médica se hizo sin haberlo revisado (no pudo viajar a la capital por razones de salud, ni los médicos fueron a Concepción), y negó que el problema cardíaco que tuvo haya generado el grado de incapacidad indicado. Respecto de su jubilación, aclaró que no es de privilegio, sino que se trata de una jubilación extraordinaria por cesantía, puesto que ante el golpe de Estado de 1976 fue separado de su cargo. El volvió a la Justicia en 1991, y señaló que quiso renunciar a esa jubilación, pero que por tratarse de un régimen especial se la restituyeron.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene dos alternativas. Si hace lugar al planteo de Torres, el magistrado podrá seguir ocupando su cargo; pero si le da la razón a la Corte, y él no renuncia, se activarían los mecanismos para que sea sometido a un juicio político y así destituido. Este año, la Corte forzó ya la renuncia del ex juez Alberto Elías, que era compañero de Torres. (C)
La Corte le envió ayer a la mañana a la Cámara un escrito con los fundamentos del planteo, que se basan en los problemas de salud del magistrado detectados por una junta médica, en la supuesta morosidad en el tratamiento de las causas bajo su jurisdicción. También se habría incorporado el hecho de que el juez percibe una jubilación extraordinaria además de su sueldo de camarista.
Descompensación
El 8 de octubre pasado la Corte le solicitó al juez que iniciara los trámites para acogerse a la jubilación en 30 días, bajo apercibimiento de iniciarle juicio político. Fue luego de que sufrió una isquemia anterior y lateral en el corazón, por la que estuvo 30 días en reposo durante setiembre y octubre.
Pero el martes pasado, la Corte lo conminó a renunciar a su cargo, y Torres hizo una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo pidiendo una medida cautelar para que no se aplique la solicitud de la Corte (que se resolvió a favor del juez), la nulidad de la decisión y la inconstitucionalidad de la ley en la que se basó el planteo del máximo órgano de Justicia.
En ausencia
Torres aseguró que la junta médica se hizo sin haberlo revisado (no pudo viajar a la capital por razones de salud, ni los médicos fueron a Concepción), y negó que el problema cardíaco que tuvo haya generado el grado de incapacidad indicado. Respecto de su jubilación, aclaró que no es de privilegio, sino que se trata de una jubilación extraordinaria por cesantía, puesto que ante el golpe de Estado de 1976 fue separado de su cargo. El volvió a la Justicia en 1991, y señaló que quiso renunciar a esa jubilación, pero que por tratarse de un régimen especial se la restituyeron.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene dos alternativas. Si hace lugar al planteo de Torres, el magistrado podrá seguir ocupando su cargo; pero si le da la razón a la Corte, y él no renuncia, se activarían los mecanismos para que sea sometido a un juicio político y así destituido. Este año, la Corte forzó ya la renuncia del ex juez Alberto Elías, que era compañero de Torres. (C)
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