29 Noviembre 2003 Seguir en 
Impávida y son inmutarse, Liliana Beatriz Apaz escuchó que la habían condenado a seis años de prisión, y cuando los policías se acercaron con las esposas en las manos para cumplir la orden judicial de detención inmediata extendió los brazos para facilitarles el trabajo. Mientras tanto, la otra enfermera, Norma Beatriz Castillo, lloraba de alegría por haber resultado absuelta.Apaz fue encontrada culpable del delito de estafas reiteradas en 23 oportunidades, y de una tentativa de estafa. Se trata de las siete mujeres que cayeron víctimas de su ardid y le entregaron documentos, tarjetas de crédito y hasta cupones, con los que ella compró elementos suntuosos y sacó préstamos de dinero.Los otros casos son los de los alumnos, docentes y directivos de las escuelas de Comercio 2 y 3, que fueron vacunados en una campaña trucha por la que tuvieron que pagar $ 1 en casi todos los casos. En realidad, fueron más de 1.000 las víctimas de esta maniobra, pero sólo 14 la denunciaron ante la Justicia.Todo empezó a fines de agosto de 2000, cuando directivos de las escuelas empezaron a dudar de las vacunadoras, y se pusieron en contacto con el Siprosa. Desde el organismo se informó que no había ninguna campaña en curso, y sus funcionarios iniciaron la investigación.
Las otras estafas ocurrieron antes, y las víctimas fueron casi todas docentes de la escuela para ciegos Luis Braile, a la que asistía el hijo de Apaz, y con cuya cooperadora ella colaboraba.El fiscal Carlos Castellano pidió que Apaz y Castillo fueran condenadas a seis años de prisión. Si bien remarcó la diferencia con Apaz por las otras estafas, señaló que la participación de Castillo en la vacunación fue necesaria para que se constituyera el delito.
Cuando habló de las vacunaciones, Castellano afirmó que, aunque no pretendía pedir el cambio de calificación de la causa, se tuviera en cuenta que con su accionar Apaz y Castillo pusieron en riesgo la salud pública, delito que no necesariamente tiene que tener consecuencias palpables.La defensora oficial Estela Velia Giffoniello, quien representó a las docentes de la escuela Braile en la querella, coincidió con el pedido del fiscal respecto de Apaz. "Las mentiras (de Apaz) no encuentran respaldo", añadió. "Hizo un negocio, porque los bienes no están", señaló dando a entender que compraba electrodomésticos para luego venderlos.
La defensa
Los defensores de Castillo, Carlos Posse y Luis Villarreal Buabud, pidieron que la mujer fuera absuelta por considerar que fue una víctima más de las estafas de Apaz. Manuel Ruiz, abogado de Apaz, para sorpresa de todos en la sala, pidió que se le aplique a su cliente una pena de dos años de prisión condicional y se la someta a un tratamiento psiquiátrico.
Los jueces María del Pilar Prieto, Horacio Villalba y Silvia Castellote, según la sentencia que leyó el secretario José Francisco Luque, resolvieron absolver a Castillo y condenar al Apaz al máximo de la pena. Además, dictaron la prisión preventiva y ordenaron iniciar una investigación en torno de la falsificación de una cédula de la Policía de Tucumán que la condenada usó en algunas estafas, y de un DNI.
Antes del fallo hubo duros careos
Antes de que se emitieran los alegatos se produjeron ríspidos careos. Las protagonistas fueron Liliana Apaz y Norma Castillo, de un lado, y del otro Silvia Monasterio, ex jefa de personal del Hospital de Niños, a quien Apaz acusó de haberla contratado para la vacunación trucha.
Monasterio desmintió los dichos de la condenada, pero dijo que conocía a Castillo porque la había visto con Apaz en el hospital. En el careo ninguna cambió su posición.
Antes había declarado Monasterio, quien fue cesanteada por el extravío de cheques del hospital. Primero había sido el turno del director de la escuela de Comercio 3, Lucio Reales, quien no se había presentado en las dos audiencias anteriores (por pedido del Ministerio de Educación se prohibió tomarle fotos durante su declaración). El docente acotó que fue uno de los primeros en vacunarse porque no había notado nada extraño en la campaña.
En espera
Contó que en junio de 2000 (dos meses antes de la vacunación) Apaz y Castillo fueron a hablar con él para hacer la campaña, y que él les dijo que volvieran en agosto, tras las vacaciones. El elemento podría haber complicado a Castillo, quien aseguró que se sumó a la condenada recién días antes de iniciarla.
Reales dijo que recibió una nota con membrete del Siprosa y con sellos del organismo y de la inexistente fundación Fupalsa, que presidía Apaz, y que por ello creyó que era legal.
Las otras estafas ocurrieron antes, y las víctimas fueron casi todas docentes de la escuela para ciegos Luis Braile, a la que asistía el hijo de Apaz, y con cuya cooperadora ella colaboraba.El fiscal Carlos Castellano pidió que Apaz y Castillo fueran condenadas a seis años de prisión. Si bien remarcó la diferencia con Apaz por las otras estafas, señaló que la participación de Castillo en la vacunación fue necesaria para que se constituyera el delito.
Cuando habló de las vacunaciones, Castellano afirmó que, aunque no pretendía pedir el cambio de calificación de la causa, se tuviera en cuenta que con su accionar Apaz y Castillo pusieron en riesgo la salud pública, delito que no necesariamente tiene que tener consecuencias palpables.La defensora oficial Estela Velia Giffoniello, quien representó a las docentes de la escuela Braile en la querella, coincidió con el pedido del fiscal respecto de Apaz. "Las mentiras (de Apaz) no encuentran respaldo", añadió. "Hizo un negocio, porque los bienes no están", señaló dando a entender que compraba electrodomésticos para luego venderlos.
La defensa
Los defensores de Castillo, Carlos Posse y Luis Villarreal Buabud, pidieron que la mujer fuera absuelta por considerar que fue una víctima más de las estafas de Apaz. Manuel Ruiz, abogado de Apaz, para sorpresa de todos en la sala, pidió que se le aplique a su cliente una pena de dos años de prisión condicional y se la someta a un tratamiento psiquiátrico.
Los jueces María del Pilar Prieto, Horacio Villalba y Silvia Castellote, según la sentencia que leyó el secretario José Francisco Luque, resolvieron absolver a Castillo y condenar al Apaz al máximo de la pena. Además, dictaron la prisión preventiva y ordenaron iniciar una investigación en torno de la falsificación de una cédula de la Policía de Tucumán que la condenada usó en algunas estafas, y de un DNI.
Antes de que se emitieran los alegatos se produjeron ríspidos careos. Las protagonistas fueron Liliana Apaz y Norma Castillo, de un lado, y del otro Silvia Monasterio, ex jefa de personal del Hospital de Niños, a quien Apaz acusó de haberla contratado para la vacunación trucha.
Monasterio desmintió los dichos de la condenada, pero dijo que conocía a Castillo porque la había visto con Apaz en el hospital. En el careo ninguna cambió su posición.
Antes había declarado Monasterio, quien fue cesanteada por el extravío de cheques del hospital. Primero había sido el turno del director de la escuela de Comercio 3, Lucio Reales, quien no se había presentado en las dos audiencias anteriores (por pedido del Ministerio de Educación se prohibió tomarle fotos durante su declaración). El docente acotó que fue uno de los primeros en vacunarse porque no había notado nada extraño en la campaña.
En espera
Contó que en junio de 2000 (dos meses antes de la vacunación) Apaz y Castillo fueron a hablar con él para hacer la campaña, y que él les dijo que volvieran en agosto, tras las vacaciones. El elemento podría haber complicado a Castillo, quien aseguró que se sumó a la condenada recién días antes de iniciarla.
Reales dijo que recibió una nota con membrete del Siprosa y con sellos del organismo y de la inexistente fundación Fupalsa, que presidía Apaz, y que por ello creyó que era legal.







