28 Noviembre 2003 Seguir en 
El juez federal Felipe Terán solicitó un nuevo informe relacionado con el auto Alfa Romeo secuestrado, informe que podría agravar la situación del fiscal Héctor Abraham Musi. Se trata de un vehículo que Gendarmería halló en manos de un oficial de Policía hace un mes, y que formaba parte de la lista de rodados buscados en la causa de las 4x4.
El costoso vehículo había sido secuestrado inicialmente por la Fiscalía V cuando era subrogada por Musi; este se lo entregó a un hombre que se había presentado como denunciante de una estafa. Luego, a ese hombre se le secuestró el mismo auto cuando estaba de turno la Fiscalía VII, a cargo de Gustavo Estofán, quien, a su vez, entregó el vehículo -de manera legal- a la Regional Norte. Lo usaba el subcomisario Raúl Argañaraz, a quien se lo secuestró Gendarmería.
Cuando Terán recibió el expediente se sorprendió al leer el oficio de entrega del auto que hizo el secretario de la Fiscalía V, Roque Medina. En el escrito de entrega Medina reprodujo el decreto de Musi, a través de la cual disponía la medida, lo que lo libera de cualquier sospecha. Cuando Terán pidió más datos de la causa, Musi respondió que no los tenía porque todo había quedado en la Fiscalía V, y que Medina era el responsable de la entrega del Alfa Romeo. Pero luego se supo que en su fiscalía tenía las actuaciones complementarias de la Policía. Cuando la Corte le transmitió a Medina el nuevo pedido de informes, este remitió la declaración testimonial del subcomisario Víctor Hugo Lisandro, jefe de Argañaraz, quien dijo que había recibido órdenes verbales de Musi respecto de la entrega. El dato será otro de los puntos sobre los que Terán indagará a Musi en el caso de que la Legislatura lo destituya.
Cesantearon a Tarifa
En tanto, el detenido prosecretario Hugo Jorge Tarifa fue dejado cesante ayer de su cargo en virtud de su "falta de idoneidad", según reza la acordada 600 de la Corte Suprema de Justicia emitida ayer. La resolución, basada en el sumario que en agosto pasado ordenó el ministro fiscal Luis de Mitri, hace mención a algunos de los elementos esgrimidos por Tarifa en su nueva declaración en la Justicia Federal.
La decisión de la Corte, firmada por los cinco vocales, no incursiona en el caso de las 4x4 que investiga el juez federal Felipe Terán, aunque deja abierta la posibilidad de que ante una posible condena se amplíe la sanción. Sin embargo, el sumario hace hincapié en la gran cantidad de oficios irregulares que firmó designando a particulares como depositarios judiciales de vehículos que resultaron ser robados o contrabandeados.
También se asienta en el hecho de que el prosecretario cesanteado usaba, por disposición del fiscal Héctor Abraham Musi, un Fiat Duna que estaba secuestrado, cuando ello está prohibido.
Un remisero afirma que lo usaron como chivo expiatorio
"Estuve 60 días detenido porque el Gobierno necesitaba un chivo expiatorio; alguien a quien culpar porque lo estaban presionando mucho", afirmó el remisero Rubén Reyes Sánchez, quien había sido acusado por la Policía de haber atropellado a Pedro Bobba, testigo clave del caso de las 4x4.
Bobba murió en un confuso accidente de tránsito en Alderetes el 15 de mayo pasado, tres días después de la primera inspección de Gendarmería en el taller del empresario detenido Pedro Tomas, donde trabajaba Bobba.
El remisero quedó libre el viernes pasado, 15 días después de que una pericia de Gendarmería confirmó que el daño que tenía el Renault 19 que conducía Sánchez en la trompa, no se había producido por la colisión con la moto de Bobba.
"Tuve que dejar a mis cuatro hijos con mis hermanos porque mi mujer, que estaba todo el tiempo en Tribunales tratando de sacarme, no tenía con qué darles de comer. Y sigo igual, porque el auto está secuestrado", dijo Sánchez.
Una figura discutible
Su defensor, Ariel Ortega, se quejó porque lo acusaron de abandono de persona -"es una figura muy discutible"-, para poder tenerlo preso por las presiones. "En Tucumán nadie va preso por homicidio culposo y lesiones", dijo.
Sánchez, además de sentirse dolido por lo que consideró una gran injusticia, se quejó porque la noche del accidente él trasladó a cuatro mozos de un bar, como lo hacía todas las noches, y ninguno de ellos quiso declarar por miedo.
Ortega espera ahora que declaren los policías que obtuvieron la patente del auto, al que sindicaron como protagonista del choque, para poder pedir luego el sobreseimiento de Sánchez. Además, demandará a los policías, anticipó.
El costoso vehículo había sido secuestrado inicialmente por la Fiscalía V cuando era subrogada por Musi; este se lo entregó a un hombre que se había presentado como denunciante de una estafa. Luego, a ese hombre se le secuestró el mismo auto cuando estaba de turno la Fiscalía VII, a cargo de Gustavo Estofán, quien, a su vez, entregó el vehículo -de manera legal- a la Regional Norte. Lo usaba el subcomisario Raúl Argañaraz, a quien se lo secuestró Gendarmería.
Cuando Terán recibió el expediente se sorprendió al leer el oficio de entrega del auto que hizo el secretario de la Fiscalía V, Roque Medina. En el escrito de entrega Medina reprodujo el decreto de Musi, a través de la cual disponía la medida, lo que lo libera de cualquier sospecha. Cuando Terán pidió más datos de la causa, Musi respondió que no los tenía porque todo había quedado en la Fiscalía V, y que Medina era el responsable de la entrega del Alfa Romeo. Pero luego se supo que en su fiscalía tenía las actuaciones complementarias de la Policía. Cuando la Corte le transmitió a Medina el nuevo pedido de informes, este remitió la declaración testimonial del subcomisario Víctor Hugo Lisandro, jefe de Argañaraz, quien dijo que había recibido órdenes verbales de Musi respecto de la entrega. El dato será otro de los puntos sobre los que Terán indagará a Musi en el caso de que la Legislatura lo destituya.
Cesantearon a Tarifa
En tanto, el detenido prosecretario Hugo Jorge Tarifa fue dejado cesante ayer de su cargo en virtud de su "falta de idoneidad", según reza la acordada 600 de la Corte Suprema de Justicia emitida ayer. La resolución, basada en el sumario que en agosto pasado ordenó el ministro fiscal Luis de Mitri, hace mención a algunos de los elementos esgrimidos por Tarifa en su nueva declaración en la Justicia Federal.
La decisión de la Corte, firmada por los cinco vocales, no incursiona en el caso de las 4x4 que investiga el juez federal Felipe Terán, aunque deja abierta la posibilidad de que ante una posible condena se amplíe la sanción. Sin embargo, el sumario hace hincapié en la gran cantidad de oficios irregulares que firmó designando a particulares como depositarios judiciales de vehículos que resultaron ser robados o contrabandeados.
También se asienta en el hecho de que el prosecretario cesanteado usaba, por disposición del fiscal Héctor Abraham Musi, un Fiat Duna que estaba secuestrado, cuando ello está prohibido.
"Estuve 60 días detenido porque el Gobierno necesitaba un chivo expiatorio; alguien a quien culpar porque lo estaban presionando mucho", afirmó el remisero Rubén Reyes Sánchez, quien había sido acusado por la Policía de haber atropellado a Pedro Bobba, testigo clave del caso de las 4x4.
Bobba murió en un confuso accidente de tránsito en Alderetes el 15 de mayo pasado, tres días después de la primera inspección de Gendarmería en el taller del empresario detenido Pedro Tomas, donde trabajaba Bobba.
El remisero quedó libre el viernes pasado, 15 días después de que una pericia de Gendarmería confirmó que el daño que tenía el Renault 19 que conducía Sánchez en la trompa, no se había producido por la colisión con la moto de Bobba.
"Tuve que dejar a mis cuatro hijos con mis hermanos porque mi mujer, que estaba todo el tiempo en Tribunales tratando de sacarme, no tenía con qué darles de comer. Y sigo igual, porque el auto está secuestrado", dijo Sánchez.
Una figura discutible
Su defensor, Ariel Ortega, se quejó porque lo acusaron de abandono de persona -"es una figura muy discutible"-, para poder tenerlo preso por las presiones. "En Tucumán nadie va preso por homicidio culposo y lesiones", dijo.
Sánchez, además de sentirse dolido por lo que consideró una gran injusticia, se quejó porque la noche del accidente él trasladó a cuatro mozos de un bar, como lo hacía todas las noches, y ninguno de ellos quiso declarar por miedo.
Ortega espera ahora que declaren los policías que obtuvieron la patente del auto, al que sindicaron como protagonista del choque, para poder pedir luego el sobreseimiento de Sánchez. Además, demandará a los policías, anticipó.
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