Una de las enfermeras se hizo cargo de la presunta estafa

La primera jornada del juicio en contra de dos enfermeras acusadas de haber realizado una vacunación trucha fue sumamente negativa para la principal imputada, Liliana Apaz.
Sucede que la mujer, además, está acusada por otras siete personas por estafas supuestamente cometidas con tarjetas de créditos, usando documentación falsa en algunos casos. Apaz y Norma Castillo fueron detenidas a fines de agosto de 2000, luego de haber vacunado a unos 1.500 alumnos de escuelas secundarias sin autorización del Siprosa. Las dos admitieron haber hecho la campaña, aunque dijeron que el número fue inferior. Apaz dijo que fue contratada por la por entonces jefa de personal del Hospital de Niños, Silvia Monasterio, quien será citada porque hasta el momento el dato no figuraba en la causa.
"Ella tenía problemas con un prestamista, que la amenazaba, y estaba desesperada por dinero. Por eso me dijo que iba a pagarme $ 1.000 y se iba a quedar con $ 500", aseguró Apaz.La acusada dijo que le pidió a Castillo que participara en la campaña, pero que por su inexperiencia (llevaba tres meses de recibida), no aplicó inyecciones sino que se limitó a llenar los certificados y a cobrar la colaboración que les solicitaban a los alumnos, generalmente de $ 1.
De esa manera, Apaz alivianó la carga contra Castillo, situación que ella misma hizo luego con mayor profundidad.

Algunas contradicciones
Castillo dijo lo mismo, pero agregó que Apaz le había ofrecido $ 10 por día, cuando la otra mujer había afirmado que le pagaría $ 200 por mes, y que Monasterio se quedaría con $ 50.
Castillo indicó que no conoce a las demás personas que fueron nombradas por Apaz, a quien conoció en una reunión organizada por el entonces legislador y actual diputado electo Gerónimo Vargas Aignasse.
La declaración de Apaz estuvo plagada de referencias a importantes funcionarios, dirigentes sindicales y "punteros" justicialistas que, según ella, eran amigos suyos y la ayudaban porque tiene un hijo no vidente de 17 años. Sin embargo, entre tantas referencias dio datos que la complicaron. Dijo que era amiga de la jefa "de la Vivienda (el Instituto) Sulma de Saldaño". Pero dijo que era funcionaria del gobierno de Ramón Ortega en 1997, cuando ya gobernaba la provincia Antonio Bussi.
El juicio continuará hoy a las 8, con las declaraciones de algunos de los denunciantes de la vacunación trucha. Mañana podría dictarse la sentencia.

Se habría hecho pasar por gestora y la denunciaron
La otra causa por la que está siendo juzgada Liliana Apaz, que fue acumulada con la de la vacunación porque se trata del mismo delito (estafas reiteradas), tiene a siete supuestas víctimas como denunciantes.
Cuatro de ellas son ex maestras del hijo de la acusada en la escuela especial para ciegos Luis Braille, y una más, compañera de trabajo en el Hospital de Niños. En todos los casos, como en los de las otras tres mujeres que declararon ayer, la modalidad denunciada fue similar. Diciendo que tenía buenos contactos en el Instituto de la Vivienda, o que era gestora o empleada del organismo, les pidió sus documentos personales, boletas de sueldo y tarjetas de créditos. Luego se los devolvía, tras haber hecho compras que llegaron a los $ 3.000 en algunos casos.
El caso más llamativo fue el de la enfermera Vilma Carrizo de Murúa, que fue adherida a tres tarjetas de crédito sin saberlo, y que empezó a tener problemas también en varios comercios, dedicados especialmente a la venta de electrodomésticos. Tantos inconvenientes tuvo, que no pudo votar en el año 2001 porque figuraba que tenía un duplicado del DNI cuando nunca había perdido el original, que recuperó poco después de que empezó a tener problemas con Apaz.
También descubrió que varias transacciones se hicieron con una cédula de la Policía de Tucumán con sus datos, pero en la que había una foto de Apaz.
En algunos casos, como el de la cocinera Blanca de Gramajo, Apaz habría recibido dinero para la gestión de conseguir viviendas, por hasta $ 600.