26 Noviembre 2003 Seguir en 
Dos mujeres empezarán a ser juzgadas desde hoy por una supuesta vacunación trucha efectuada en una escuela secundaria en agosto de 2000.
Aunque en ese momento se hablaba de unos 15.000 alumnos vacunados, hay 14 personas que formalizaron sus denuncias y figuran como víctimas en la causa.
Liliana Apaz y Norma Castillo está acusadas de haber vacunado a alumnos de la escuela de Comercio 3 sin autorización del Siprosa. En las denuncias que se formularon se hablaba de que como parte del supuesto engaño habrían dicho que la vacuna prevenía hasta del sida. Por cada aplicación habrían cobrado $ 1, y los docentes se habrían dado cuenta de la presunta irregularidad cuando las enfermeras no entregaron los certificados de vacunación. Tras la vacunación, muchos alumnos fueron sometidos a estudios ante la posibilidad de que hubieran contraído alguna enfermedad, puesto que varios afirmaron que las enfermeras no cambiaban las agujas de las jeringas. Apaz, quien es defendida por el abogado Manuel Ruiz, le dijo a LA GACETA que fue contratada por la entonces jefa de personal de Siprosa, Silvia Monasterio, para realizar la vacunación. "Fue a mi casa a las 7 de la mañana en una ambulancia del Siprosa que manejaba Andrés Pereyra, y me pidió que consiguiera 10 enfermeras para una gran campaña", aseguró.
Antecedentes
La mujer, quien dijo que trabajó como enfermera en importantes hospitales de Buenos Aires y en instituciones públicas y privadas de Tucumán, afirmó que no inyectó agua destilada u otros líquidos, como se dijo en aquel momento, sino que se trataba de la vacuna Meningocóxica, y que las ampollas estaban en sus respectivas cajas y conservaban la cadena de frío. Además, dijo que, por el estado emocional en el que se encontraba tras su detención, no sabe qué es lo que figura en la causa como declaración suya. Castillo, ex empleada del Hospital de Niños, es defendida por Carlos Posse. El tribunal que juzgará a las mujeres por la acusación de estafas reiteradas, está integrado por Horacio Villalba, María del Pilar Prieto y Silvia Castellote. El viernes se conocería la sentencia.
Aunque en ese momento se hablaba de unos 15.000 alumnos vacunados, hay 14 personas que formalizaron sus denuncias y figuran como víctimas en la causa.
Liliana Apaz y Norma Castillo está acusadas de haber vacunado a alumnos de la escuela de Comercio 3 sin autorización del Siprosa. En las denuncias que se formularon se hablaba de que como parte del supuesto engaño habrían dicho que la vacuna prevenía hasta del sida. Por cada aplicación habrían cobrado $ 1, y los docentes se habrían dado cuenta de la presunta irregularidad cuando las enfermeras no entregaron los certificados de vacunación. Tras la vacunación, muchos alumnos fueron sometidos a estudios ante la posibilidad de que hubieran contraído alguna enfermedad, puesto que varios afirmaron que las enfermeras no cambiaban las agujas de las jeringas. Apaz, quien es defendida por el abogado Manuel Ruiz, le dijo a LA GACETA que fue contratada por la entonces jefa de personal de Siprosa, Silvia Monasterio, para realizar la vacunación. "Fue a mi casa a las 7 de la mañana en una ambulancia del Siprosa que manejaba Andrés Pereyra, y me pidió que consiguiera 10 enfermeras para una gran campaña", aseguró.
Antecedentes
La mujer, quien dijo que trabajó como enfermera en importantes hospitales de Buenos Aires y en instituciones públicas y privadas de Tucumán, afirmó que no inyectó agua destilada u otros líquidos, como se dijo en aquel momento, sino que se trataba de la vacuna Meningocóxica, y que las ampollas estaban en sus respectivas cajas y conservaban la cadena de frío. Además, dijo que, por el estado emocional en el que se encontraba tras su detención, no sabe qué es lo que figura en la causa como declaración suya. Castillo, ex empleada del Hospital de Niños, es defendida por Carlos Posse. El tribunal que juzgará a las mujeres por la acusación de estafas reiteradas, está integrado por Horacio Villalba, María del Pilar Prieto y Silvia Castellote. El viernes se conocería la sentencia.







