Patentamiento humano

“Las personas no se patentan”, reclaman por Facebook los grupos de motociclistas, que están haciendo caravanas de protesta en Buenos Aires, frente a la ley del gobierno de Daniel Scioli que los obliga a usar chaleco y casco con la patente impresa, y que limita la circulación con acompañante en determinados lugares y a determinadas horas. En la Legislatura tucumana hay varios proyectos contra motoarrebatadores, y por eso los motoqueros ya han hecho una tímida movilización en la plaza Independencia.

El motoarrebato es un problema serio. La estadística de la justicia bonaerense de que el 26% de los ataques callejeros han sido protagonizados por motociclistas es atendible. Las agresiones en la calle son las que más preocupan a la gente y la Policía es impotente: no puede explicar por qué las calles son inseguras a pesar de la presencia de agentes por todo el centro. Es que la estrategia del Gobierno de José Alperovich ha sido la reacción. Eso son el 911 y las cámaras de vigilancia urbana: prepararse para perseguir una vez que se ha cometido el delito, sin estudio del fenómeno, sus causas, sus momentos y lugares de ocurrencia.

Igual de reactiva es la ley boanerense, que además de pretender que se persiga a los que no lleven chalecos (es de imaginar que habrá tráfico de chalecos), pone el acento en los controles de municipales y policías, que históricamente no han servido para bajar el delito ni las infracciones. Estos, así como los accidentes, han crecido sin pausa mientras las cárceles están llenas de detenidos y los corralones atiborrados de vehículos, como lo prueba el reciente remate municipal.

Varios aspectos no han sido tenidos en cuenta:

1) La comercialización infernal y caotizada. Aunque ha caído por la crisis, se venden 750.000 motos por año en el país. El 25% de ellas, según las cámaras empresarias, se comercializa en supermercados y otros comercios, sin obligación de patentamiento.

2) La burocracia para legalizar los vehículos. Hoy se exige acudir a la AFIP y además hacer y pagar trámites en los registros automotores (entregados durante la época memenista a políticos afines al gobierno) para vender y patentar, con lo cual se puede inferir que muchos rodados comprados en negocios como supermercados, o bien adquiridos de segunda mano, no entran al sistema fácilmente. Por eso en los secuestros de motos de la Policía Vial quedan miles de pequeñas motocicletas sin retirar. Y después son rematadas sin que se exijan papeles a los compradores. El sistema ilegal de circulación y de robo se retroalimenta.

3) Las medidas de control han oscilado en proyectos frustrados que siempre vuelven, como la idea de que sean los playeros de las estaciones de servicio los que decidan vender o no nafta a quienes circulan sin casco o sin patente. Medida que desnuda la pérdida del control de la calle del varita y del policía.

4) La moto es vehículo del pueblo. La usan las familias en el interior para sus traslados, en reemplazo del caballo y como salida a la falta de transporte público en disímiles lugares, desde Huasa Pampa a Trancas o a Tafí del Valle. Vale tanto para ir de compras como para llevar los chicos a la escuela. Eso se deriva de una realidad social compleja.

5) Como el pánico que generan los motoarrebatadores es elevado, ya hay quienes sugieren que se usen cascos abiertos, en vez de los cerrados, que son los que garantizan la seguridad del motociclista. ¿Habrá quien exija que circulen sin casco, para que se los pueda identificar?

Ahora algunos legisladores oficialistas se han reunido (el viernes pasado) con el ministro Jorge Gassenbauer y el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, para preguntarles qué medidas están en marcha. Aunque anden con pies de plomo, toda la experiencia dice que el efecto arrastre de Buenos Aires puede terminar derivando en el patentamiento humano. Buenos Aires todavía tiene que probar que es un plan efectivo y no derivado de la sinrazón, como los actos de la cantante calva, que se sigue peinando sin advertir que ya no tiene cabello.