Hace nueve días, cuando juró como legislador, la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) otorgó a Manuel Fernando Valdez una licencia sin goce de sueldo como director por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la firma. El radical afirma que ha tomado esa decisión con el fin de que “el proceso electoral en el que se encuentra (la UNT) no interfiera en la designación de su representante ante la empresa”.
Fuentes del Rectorado expresaron sin embargo su preocupación por la situación laboral de Valdez, ya que “envió una nota para avisar sobre el permiso, pero queremos estudiar el caso y necesitamos que se complete toda la información”. Según voceros, el rector, Juan Cerisola, enviaría al presidente de YMAD, Manuel Benítez, un pedido de informes para conocer el dictamen de la gerencia de Asuntos Jurídicos de la minera, y otros datos del trámite administrativo.
El año pasado, la radical Silvia Elías de Pérez renunció a la Legislatura tras ser electa diputada (también dimitió a ese cargo, pero para asumir en el Senado). Esto generó una vacante en el parlamento tucumano. Valdez, siguiente en el orden de la nómina opositora, era uno de los directores de YMAD por la UNT, pero tomó licencia sin goce de sueldo. Sólo quedó como representante de la casa de altos estudios Florencio Aceñolaza; completan la mesa de autoridades el titular de la firma, Benítez, y dos directores por la Provincia de Catamarca, Carlos Palacios y Ángel Mercado.
El constitucionalista Rodolfo Burgos citó la “Ley YMAD”, y apuntó que el artículo 9) indica: “No podrán ser miembros del directorio (...) los que ejerzan cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal. (...) Quienes con posterioridad a su nombramiento cayeran en algunos de estos impedimentos (...) serán reemplazados de inmediato.” “Valdez cesó sus funciones cuando asumió como legislador”, dijo Burgos.
Los consejeros Patricio Sanna (Movimiento Humanista) y Matías Córdoba (Frente Estudiantil -Odontología-) se preguntan por qué Valdez tomó licencia “por dos meses”. “Esta decisión coincide sospechosamente con los plazos electorales en nuestra universidad”, apuntaron.