Por Irene Benito
09 Febrero 2014
Una variedad de interlocutores procuró esta semana remediar la ostensible desconexión que existe entre el Poder Judicial y la administración del contador que gobierna la provincia desde 2003. Paradójicamente, el responsable natural de las averías de ese vínculo institucional, Edmundo Jiménez, tiene un récord de permanencia en el Ministerio de Gobierno y Justicia, cartera que hace 11 años era volátil y hoy orbita como un planeta aparte en el Poder Ejecutivo.
Mientras el ministro de “gioconda” sonrisa construía el entramado de poder que lo hace -en principio- intocable, el fuero penal que edificó ladrillo a ladrillo se venía abajo. El termómetro que marca la temperatura de los Tribunales estalló con los casos “Verón” y “Lebbos”, pero Jiménez ni se mosqueó. La Justicia quedó tecleando mas el ministro encargado de ejecutar la política judicial siguió atendiendo su juego personal.
El caso es que este año, cuando el funcionario con fama de digitar designaciones de jueces penales y fiscales fue a presentar al gobernador un plan para “relanzar” la gestión, sólo tenía para ofrecer la consabida negociación de las paritarias; un proyecto de escuela de gobierno más viejo que la injusticia e ideas vagas para mejorar el acceso al Poder Judicial. Algo añadió sobre el Registro Civil; en cambio, nada dijo sobre la destartalada Justicia de Paz (cuya defectuosa profesionalización él mismo propició) ni sobre el proyecto de reforma del proceso penal llamado a sacar al fuero de la impotencia y el descrédito. Jiménez participa de la comisión encargada de elaborar la propuesta de ley, pero sólo fue a una de la media docena de reuniones que celebró el comité, y esa vez se limitó a callar y -¡claro!- a exhibir su enigmática sonrisa.
Más o menos la misma indiferencia mostró el ministro respecto de la inacción judicial durante los saqueos de diciembre y del -cuestionado y ¿fallido?- proyecto para involucrar a la Justicia local en la persecución de la venta minorista de estupefacientes. El tema atañe al área de Jiménez como el mecenazgo de los Médici incumbió a Leonardo Da Vinci, pero otros funcionarios encumbrados (Jorge Gassenbauer y Carolina Vargas Aignasse) fueron los que llevaron la peliaguda cuestión a la Corte o recibieron a autoconvocados de ese cuerpo colegiado (Antonio Estofán) y de la Legislatura (Marcelo Caponio).
La sugestiva ausencia del ministro presente abona la intriga de los palacios. No son pocos los que reservadamente ven -o creen ver- la sonrisa perpetua de “Pirincho” detrás de la resistencia al proyecto alperovichista que manifestó (sin fisuras) la familia del fuero penal. Pero aunque eso fuese una suposición infundada o sólo un producto más de la fábrica de internas que funciona en el oficialismo, lo cierto es que la trayectoria ministerial de Jiménez no se caracteriza por la vocación por el cambio. Salvo la controvertida decisión que transformó al ex tribunal de su hermana, Elva “Muñeca” Jiménez, en el único órgano revisor de la investigación penal preparatoria de la provincia, su gestión ha sido, por acción u omisión, valedora del statu quo pernicioso que impera en el fuero penal desde 1991. El ministro ni siquiera se hizo cargo de un asunto urgente por partida doble: la puesta en marcha de los juzgados contravencionales creados en 1996 y de los juzgados de ejecución de sentencia que el alperovichismo dio a luz en 2005.
Esta apatía ha coadyuvado al establecimiento de las condiciones institucionales precarias que la magistratura esgrimió como pero principal contra la pretensión de sumar al fuero penal la tarea de perseguir a los dealers. El pataleo dio pie a petitorios de recursos de toda clase que terminaron por embotar el proyecto. El aplazamiento o marcha atrás encubierta expuso a un Gobierno acobardado por necesidades judiciales insatisfechas que desde hace años no encuentran un interlocutor válido en el ministro Jiménez.
Mientras el ministro de “gioconda” sonrisa construía el entramado de poder que lo hace -en principio- intocable, el fuero penal que edificó ladrillo a ladrillo se venía abajo. El termómetro que marca la temperatura de los Tribunales estalló con los casos “Verón” y “Lebbos”, pero Jiménez ni se mosqueó. La Justicia quedó tecleando mas el ministro encargado de ejecutar la política judicial siguió atendiendo su juego personal.
El caso es que este año, cuando el funcionario con fama de digitar designaciones de jueces penales y fiscales fue a presentar al gobernador un plan para “relanzar” la gestión, sólo tenía para ofrecer la consabida negociación de las paritarias; un proyecto de escuela de gobierno más viejo que la injusticia e ideas vagas para mejorar el acceso al Poder Judicial. Algo añadió sobre el Registro Civil; en cambio, nada dijo sobre la destartalada Justicia de Paz (cuya defectuosa profesionalización él mismo propició) ni sobre el proyecto de reforma del proceso penal llamado a sacar al fuero de la impotencia y el descrédito. Jiménez participa de la comisión encargada de elaborar la propuesta de ley, pero sólo fue a una de la media docena de reuniones que celebró el comité, y esa vez se limitó a callar y -¡claro!- a exhibir su enigmática sonrisa.
Más o menos la misma indiferencia mostró el ministro respecto de la inacción judicial durante los saqueos de diciembre y del -cuestionado y ¿fallido?- proyecto para involucrar a la Justicia local en la persecución de la venta minorista de estupefacientes. El tema atañe al área de Jiménez como el mecenazgo de los Médici incumbió a Leonardo Da Vinci, pero otros funcionarios encumbrados (Jorge Gassenbauer y Carolina Vargas Aignasse) fueron los que llevaron la peliaguda cuestión a la Corte o recibieron a autoconvocados de ese cuerpo colegiado (Antonio Estofán) y de la Legislatura (Marcelo Caponio).
La sugestiva ausencia del ministro presente abona la intriga de los palacios. No son pocos los que reservadamente ven -o creen ver- la sonrisa perpetua de “Pirincho” detrás de la resistencia al proyecto alperovichista que manifestó (sin fisuras) la familia del fuero penal. Pero aunque eso fuese una suposición infundada o sólo un producto más de la fábrica de internas que funciona en el oficialismo, lo cierto es que la trayectoria ministerial de Jiménez no se caracteriza por la vocación por el cambio. Salvo la controvertida decisión que transformó al ex tribunal de su hermana, Elva “Muñeca” Jiménez, en el único órgano revisor de la investigación penal preparatoria de la provincia, su gestión ha sido, por acción u omisión, valedora del statu quo pernicioso que impera en el fuero penal desde 1991. El ministro ni siquiera se hizo cargo de un asunto urgente por partida doble: la puesta en marcha de los juzgados contravencionales creados en 1996 y de los juzgados de ejecución de sentencia que el alperovichismo dio a luz en 2005.
Esta apatía ha coadyuvado al establecimiento de las condiciones institucionales precarias que la magistratura esgrimió como pero principal contra la pretensión de sumar al fuero penal la tarea de perseguir a los dealers. El pataleo dio pie a petitorios de recursos de toda clase que terminaron por embotar el proyecto. El aplazamiento o marcha atrás encubierta expuso a un Gobierno acobardado por necesidades judiciales insatisfechas que desde hace años no encuentran un interlocutor válido en el ministro Jiménez.
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