Por Marcelo Batiz
09 Febrero 2014
SOCIOS DE DERRAPES. Capitanich tildó de antipatriota a la Shell por subir los precios, Kicillof lo dispuso al otro día. dyn
Un viejo conocedor de las relaciones internacionales sintetizó con una frase las diferencias en la comunicación gubernamental en Estados Unidos y en la Argentina: “allá se preparan una hora para hablar cinco minutos y acá cinco minutos para hablar una hora”. Por estos días, los discursos que han pronunciado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, dieron más de una muestra en ese sentido.
Como las monedas, también algunos discursos se devalúan a fuerza de ser usados sin el respaldo de la realidad. Pero una vez consumado el proceso de depreciación, difícilmente las palabras puedan revalorizarse. Mucho más cuando lo que está en juego es la política de un Gobierno y hasta la letra chica de una medida.
Del 24 al 26 de enero, las idas y vueltas en torno del alcance de las reformas en el mercado de cambios y las operaciones con tarjeta de crédito en el exterior, devinieron en una comedia de enredos en la que hubo una conferencia de prensa, dos comunicados de la Presidencia de la Nación y una entrevista al propio jefe del Palacio de Hacienda que cayeron en una constante contradicción.
Finalmente, se supo que los recargos a los gastos con tarjeta se mantuvieron en el 35% y no bajaban al 20%, que el “sesgo a favor de los que menos tienen” vedó la compra de dólares a quienes perciban menos de $ 7.200 mensuales en blanco y, de paso, tampoco podían acceder al cepo flexibilizado aquellos que no contasen con una cuenta bancaria. Suficiente confusión como para que la inmensa mayoría prefiera pagar un 20% y no deje por un año en el banco los pocos dólares que les permitieran adquirir.
Los recuerdos del plan Bonex, el corralito y el corralón están demasiado frescos y no alcanza para borrarlos el compromiso de un Gobierno inmerso en la desconfianza. Después de todo, ante alguien que miente ochenta y cuatro veces seguidas el índice de precios al consumidor, a cualquiera le asiste el derecho a la duda.
Mucho más cuando los calificativos se travisten de acuerdo con el bando en el que milita el destinatario. Así, el simple acto de ahorrar puede ser avaricia o virtud y no liquidar las existencias de soja puede ser “amarrocar”, siempre y cuando no se trate de campos de familiares directos. Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de febrero, Capitanich y Kicillof incurrieron en otro derrape discursivo, esta vuelta cargado de la emotividad y la épica a la que el kirchnerismo sigue siendo tan afecto.
A raíz de la decisión de la compañía Shell de aumentar un 12% el precio de sus combustibles, el jefe de Gabinete declaró en su enésima conferencia en Casa de Gobierno que la empresa llevaba a cabo “actitudes que son clara y netamente conspirativas”.
Fue el puntapié inicial de una andanada de expresiones condenatorias de todo el arco oficialista. El diputado Eduardo De Pedro pidió no comprarle a Shell “ni una lata de aceite” y su par Carlos Kunkel le recomendó a la compañía anglo-holandesa que se vaya por donde vino, quizás sin reparar que está radicada en el país mucho antes de que él naciera.
En La Rioja, un grupo de universitarios bloqueó el acceso de una estación de servicio de la compañía en la provincia y Luis D’Elía, al igual que en 2005, convocó a una marcha de repudio para el 13 de febrero, luego de acusar al presidente de la empresa Juan José Aranguren de haber cometido “un grave delito tipificado en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal: administración fraudulenta”.
Demasiado como para volver atrás en apenas 48 horas. Increíble pero real: no hubo que esperar más tiempo para que Kicillof informara un acuerdo con las compañías petroleras para que ajustaran los precios de sus productos “sólo” un 6%. No hace falta aclarar que entre los convocados al encuentro estuvo Aranguren, el presidente de la vilipendiada compañía al que dos días antes se lo acusó públicamente de conspirador.
Seis puntos porcentuales parecieran ser el límite entre ser o no ser un traidor a la Patria. O quizás, en tiempos de devaluación monetaria y discursiva, el Gobierno sólo admita media conspiración.
Como las monedas, también algunos discursos se devalúan a fuerza de ser usados sin el respaldo de la realidad. Pero una vez consumado el proceso de depreciación, difícilmente las palabras puedan revalorizarse. Mucho más cuando lo que está en juego es la política de un Gobierno y hasta la letra chica de una medida.
Del 24 al 26 de enero, las idas y vueltas en torno del alcance de las reformas en el mercado de cambios y las operaciones con tarjeta de crédito en el exterior, devinieron en una comedia de enredos en la que hubo una conferencia de prensa, dos comunicados de la Presidencia de la Nación y una entrevista al propio jefe del Palacio de Hacienda que cayeron en una constante contradicción.
Finalmente, se supo que los recargos a los gastos con tarjeta se mantuvieron en el 35% y no bajaban al 20%, que el “sesgo a favor de los que menos tienen” vedó la compra de dólares a quienes perciban menos de $ 7.200 mensuales en blanco y, de paso, tampoco podían acceder al cepo flexibilizado aquellos que no contasen con una cuenta bancaria. Suficiente confusión como para que la inmensa mayoría prefiera pagar un 20% y no deje por un año en el banco los pocos dólares que les permitieran adquirir.
Los recuerdos del plan Bonex, el corralito y el corralón están demasiado frescos y no alcanza para borrarlos el compromiso de un Gobierno inmerso en la desconfianza. Después de todo, ante alguien que miente ochenta y cuatro veces seguidas el índice de precios al consumidor, a cualquiera le asiste el derecho a la duda.
Mucho más cuando los calificativos se travisten de acuerdo con el bando en el que milita el destinatario. Así, el simple acto de ahorrar puede ser avaricia o virtud y no liquidar las existencias de soja puede ser “amarrocar”, siempre y cuando no se trate de campos de familiares directos. Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de febrero, Capitanich y Kicillof incurrieron en otro derrape discursivo, esta vuelta cargado de la emotividad y la épica a la que el kirchnerismo sigue siendo tan afecto.
A raíz de la decisión de la compañía Shell de aumentar un 12% el precio de sus combustibles, el jefe de Gabinete declaró en su enésima conferencia en Casa de Gobierno que la empresa llevaba a cabo “actitudes que son clara y netamente conspirativas”.
Fue el puntapié inicial de una andanada de expresiones condenatorias de todo el arco oficialista. El diputado Eduardo De Pedro pidió no comprarle a Shell “ni una lata de aceite” y su par Carlos Kunkel le recomendó a la compañía anglo-holandesa que se vaya por donde vino, quizás sin reparar que está radicada en el país mucho antes de que él naciera.
En La Rioja, un grupo de universitarios bloqueó el acceso de una estación de servicio de la compañía en la provincia y Luis D’Elía, al igual que en 2005, convocó a una marcha de repudio para el 13 de febrero, luego de acusar al presidente de la empresa Juan José Aranguren de haber cometido “un grave delito tipificado en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal: administración fraudulenta”.
Demasiado como para volver atrás en apenas 48 horas. Increíble pero real: no hubo que esperar más tiempo para que Kicillof informara un acuerdo con las compañías petroleras para que ajustaran los precios de sus productos “sólo” un 6%. No hace falta aclarar que entre los convocados al encuentro estuvo Aranguren, el presidente de la vilipendiada compañía al que dos días antes se lo acusó públicamente de conspirador.
Seis puntos porcentuales parecieran ser el límite entre ser o no ser un traidor a la Patria. O quizás, en tiempos de devaluación monetaria y discursiva, el Gobierno sólo admita media conspiración.
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