Las topadoras acechan a un pueblo, que teme por sus casas

CONCEPCIÓN.- Las tierras se quedan sin sombras en Graneros. Parajes extensos arrasados por máquinas voraces que no dejan montes ni árboles en pie. Espacios sin límites en los que el sol recalcitrante tiñe en minutos la piel. Ahí, en donde las nubes de tierra se elevan como fantasmas que intentan ahogar al visitante, queda aún gente que sobrevive, a duras penas, en medio de la naturaleza estropeada y el acecho de los depredadores.

"La tierra quedó desnuda y ahora apuntan a lo nuestro", advierten. En medio de la nada viven en permanente vilo ante las amenazas de despojo de sus pocas pertenencias. El caso más increíble se da en Pueblo Nuevo, ubicado a 15 kilómetros al noreste de la ciudad de Graneros. Allí, los últimos 30 pobladores del lugar (entre ellos mujeres y niños) se resisten al intento de un productor catamarqueño de quedarse con sus propiedades. Un recurso de no innovar a su favor dictado por la jueza María Ivonne Heredia (que subroga el Juzgado y Civil y Comercial II de los tribunales de Concepción), en medio de un litigio que mantiene desde hace años por un inmueble, lo facultó a ampliar su actual posesión. "Tenía que extender los alambres unos 200 metros al sur. Sin embargo, vino con policías y el juez de Paz Carlos Molina, para avanzar también sobre lo nuestro. Son tierras que nos dejaron los bisabuelos. Les mostrábamos los papeles pero nadie nos quería escuchar", denunció Daniel Ruiz, presunto damnificado. "Está claro que no nos oponemos a que tome lo que le corresponde, pero no vamos a permitir que se extralimite con lo que nos pertenece. Además, es lo único que tenemos para vivir", acotó.

El agricultor favorecido por la disposición judicial lanzó sobre las propiedades de los vecinos una topadora con la que procedió a tirar abajo las cercas de alambre que dividen a sus propiedades.

Aislados

El productor, además, bloqueó caminos y portones de salidas de las propiedades para dejar a los vecinos encerrados.

"No podemos entrar ni salir de nuestras tierras. Nos tiene sitiados porque se quiere agarrar todo. No sé qué haremos si se llega a enfermar algunos de nosotros", observó Hugo Luna.

LA GACETA tuvo que sortear el alambrado para seguir a pie y entre los yuyales hasta las casas del vecindario. Luna presentó un recurso de amparo a fin de que se frene la medida que los perjudica, pero el juez de Paz no le hizo a lugar. "No entiendo cómo pudo rechazar el planteo sin siquiera inspeccionar el lugar. Aquí hubo una clara extralimitación de una disposición judicial", observó el letrado Carlos Fara. Ahora se apresta a realizar una denuncia ante la fiscalía de turno.

La jueza Heredia dijo no recordar el alcance de la medida instrumentada a favor del agricultor, sindicado por los vecinos como Juan Carlos "El Gringo" Rojano, y derivó la consulta hacia la Secretaría del Juzgado Civil y Comercial II en donde se tramita la causa y al que subroga. Ahí tampoco pudieron ubicar el fallo en cuestión.

En tanto, los pobladores dicen que no pueden siquiera dormir tranquilos. Temen que la enorme y forzuda máquina que desplegó Rojano en la zona, arremeta contra sus casas. "Él tiene a la Policía trabajando a su favor. Dispone de agentes como custodios y hasta le ceden el móvil de la comisaría de Graneros para trasladar al personal de la finca", aseguró otro vecino, Daniel Ruiz.

La escuela 23 "Adela Morales", de Ichipuca, próxima a Pueblo Nuevo, también estaría amenazada ante la arremetida del chacarero. "Las maestras están preocupadas porque ya recibieron advertencias de que la escuela está en propiedad privada", agregó Noemí Luna, residente del lugar.

Una presunta estafa

Las desventuras de los vecinos vienen desde hace tiempo, cuando un letrado les prometió iniciar los trámites judiciales tendientes a conseguir la escrituración de sus propiedades. Los Luna y otros vecinos les cedieron parte de sus terrenos como pago adelantado de la gestión, pero nunca tuvieron novedades, según denunciaron.

"Nos vendió lo que le dimos y ahora nos dice que ya dejó de ejercer. Tampoco nos devolvió los papeles que les entregamos en confianza. Nos estafó. Ahora tenemos miedo que esos documentos los tenga Rojano", añadió Luna.

El único que tiene sentencia en torno a una prescripción adquisitiva es el vecino José Alejo Ruiz. Sin embargo, también le derribaron el alambrado de su inmueble y le exigen que abandone el lugar. "Esto es de terror. Ni con papeles ya nos respetan aquí", se quejó el hombre.

Desde la ciudad de Graneros llegan hasta ese perdido paraje algunos conocidos de las familias afectadas para acompañarlas en la resistencia. "Sabemos que esto es una injusticia porque esta gente vivió toda la vida aquí. Por eso venimos a darles nuestro apoyo. Van a llegar muchos más para evitar este atropello", opinó José Juárez.

En Pueblo Nuevo las familias viven de sus animales y el cultivo de maíz. Antes también cazaban. Empero, la depredación también terminó con la fauna. Los Luna exhiben una de las últimas corzuelas que sobrevivió al desmonte. "A nosotros nos pasará lo mismo que a este animal", grafican. En las tierras sin sombra, aún confían en que la Justicia pondrá las cosas en orden. (C)

"Cumplí con una orden", adujo el juez de Paz

"Los vecinos pueden decir cualquier cosa, pero yo me limité a cumplir con una orden de la jueza Ivonne Heredia, cuya acta ya está en manos de la magistrada", afirmó a LA GACETA el juez de Paz de Graneros, Carlos Molina, en relación al supuesto caso de usurpación de propiedad del que estarían siendo víctimas los vecinos de Pueblo Nuevo.

Al ser consultado sobre el origen del conflicto, Molina explicó: "se trata de una medida de no innovar en un juicio de reivindicación de propiedad que inició el productor Rojano hace más de dos décadas. A través de este recurso se ordenó restituir parte del terreno en litigio. Así se recuperó el alambrado y el inmueble en el que están viviendo los pobladores. Pero no hay orden de desalojo", añadió el funcionario judicial. Molina admitió que los vecinos presentaron un recurso de amparo, pero aclaró que este tipo de presentaciones no pueden ir contra la orden de un magistrado. Rojano, por su parte, evitó hablar con este diario.