"El caso 'Verón' estableció un antes y un después en la Justicia penal" - LA GACETA Tucumán

"El caso 'Verón' estableció un antes y un después en la Justicia penal"

La ex camarista penal asegura que detrás de un ciudadano que delinque hay una persona que está enferma o frustrada

03 Nov 2013
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ÚLTIMO DÍA EN LA MAGISTRATURA. La ex jueza Ana Lía Castillo de Ayusa posa con el staff de la Sala III de la Cámara Penal el 30 de septiembre pasado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

El piano y Raco ocuparán el lugar que antes llenaban condenas y absoluciones. Las partituras y la montaña esperan a Ana Lía Castillo de Ayusa (1952, San Miguel de Tucumán), que el 30 de septiembre pasado dijo "chau" a la magistratura y a más de tres décadas de trabajo en el Poder Judicial de Tucumán. Su jubilación pone término a una carrera impecable en el fuero penal -con un fugaz e involuntario paso por un juzgado civil-. De estatura física módica y alta vocación docente, Castillo de Ayusa fue toda una "institución" en los Tribunales, institución a la que asegura que ingresó persiguiendo el deseo de ser útil y servir.

Y donde permaneció el tiempo suficiente como para ver el gran cambio de paradigma del proceso penal, que pasó del sistema inquisitivo y escriturario heredado de la colonia, que concentraba todo el poder en el juez, al modelo acusatorio con juicio oral. La adopción de este régimen, que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia, colocó a la provincia en la vanguardia del derecho procesal latinoamericano. Eso ocurrió en 1991; un año después y tras un intento fallido, Castillo de Ayusa asume como vocal de la Sala III de la Cámara Penal de la capital.

La judicatura parecía ser su destino natural. "Cuando estudiaba Derecho Penal en la universidad, solía repetir en voz alta: 'será reprimido con prisión o reclusión de ocho a 25 años el que matare a otro'. Recuerdo que mi mamá me decía: '¡hiiiiiiiija, deje de aplicar tantas penas!", relata. La joven profesional trabajaba como maestra cuando el Gobierno de facto de Antonio Domingo Bussi llama a concurso para seleccionar funcionarios judiciales: Castillo de Ayusa se presenta, y gana un cargo en la Defensoría Oficial Civil y Penal de Concepción. Sucesivos exámenes la llevan a otras unidades judiciales, y en 1990 se convierte en la primera secretaria mujer elegida por concurso de antecedentes y oposición de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

"Ese alto tribunal post-intervención federal estaba integrado por René Padilla, René Goane, Oscar Emilio Sarrulle, Juan Carlos Veiga y Arturo Ponsati. La reforma constitucional de 1990 había puesto en comisión a todo el Poder Judicial: por eso siempre se dijo que Bussi había hecho un saco judicial a su medida, que terminó vistiendo al ex gobernador (Ramón Bautista) Ortega", precisa con una semisonrisa la ex camarista durante un almuerzo en el restaurante Cilantro. El gesto pícaro la acompaña también mientras relata que el Consejo de la Magistratura de entonces, que había sido creado por decreto y sólo sustanciaba concursos de antecedentes, la propone como camarista penal: "pero la Legislatura interpreta que yo no reunía la antigüedad suficiente para ese cargo y devuelve el pliego. Recuerdo que LA GACETA luego publica una nota titulada 'La alabaron, pero no le dieron el acuerdo'".

Con la perspectiva que otorgan el paso de los años y la jubilación, Castillo de Ayusa reconoce que esa decepción la hizo más fuerte. También observa el presente difícil de los Tribunales que integró y se anima afirmar: "el juzgamiento del caso 'Verón' estableció un antes y un después en la Justicia penal".

-¿Qué es lo que le atrajo tanto del Derecho Penal?

-La oportunidad de trabajar con el hombre vivo.

-¿Cuánto ha cambiado el fuero en estos 30 años de democracia?

-El gran cambio fue la implementación del Código Procesal Penal de 1991, que generó gran esperanza en el foro. Podríamos haber andado muy bien si hubiésemos prestado atención a la capacitación y entendido la ley. Esta era de avanzada en ese momento y, si las cosas hubiesen sido distintas, quizá hoy podríamos estar pensando en un cambio no tan traumático como el que necesitamos. Estamos lejos de lo que el código pretendió, especialmente en cuanto a la solución rápida que exige la ciudadanía.

-La credibilidad y fortaleza de todo el Poder Judicial parecen estar ligadas al desempeño de la Justicia penal. ¿Se retira con una sensación de crisis?

-No. Los conflictos se han diversificado y todos buscan una solución en el fuero penal. Tenemos el problema de tierras, de vecindad, del agua… Pero la Justicia penal no está para atender la suma de los conflictos. Habría que buscar otras respuestas.

-¿La capacidad del fuero penal ha crecido al ritmo de la demanda social?

-Nosotros arrancamos en 1991 con la misma estructura que había, con la excepción del aumento de defensores oficiales porque, de alguna manera, se avizoraba que el nuevo código iba de a poco a equiparar las cargas entre acusación y defensa. Esa organización se ha mantenido en el tiempo.

-Usted es partidaria de que el fiscal trabaje en el terreno y no en la oficina...

-Sí, es muy importante que el fiscal, al menos en los casos de mayor entidad, esté presente en el lugar donde ocurren los hechos. Porque lo que este funcionario percibe y queda asentado en el acta es fundamental para la investigación preparatoria. Y a la presencia del fiscal hay que sumar fotos, filmaciones, registro de la escena del crimen… lo que se pierde allí, no se recupera más. Pero que el fiscal esté donde debe estar implica fiscalías descentralizadas y disponibilidad de los elementos mínimos de trabajo. A veces la fiscalía no tiene una máquina de fotos y depende de la Policía… -Que, a su vez, depende del Poder Ejecutivo.-Claro.

-¿Llegó a naturalizar el tener que resolver sobre la libertad de un ciudadano?

-Creo en la decisión adoptada a conciencia. Cuando uno decide con responsabilidad después no se replantea el asunto como un problema. La plena conciencia, el profesionalismo y la ley excluyen toda posibilidad de arrepentimiento.

-¿Y en caso de duda hay que resolver a favor del imputado?

-Exactamente. Estoy convencida de ello.

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¿La sociedad puede soportar un culpable libre, pero no un inocente condenado?

-Así es. -¿Qué hay detrás de un ciudadano que delinque?-Un hombre que está enfermo o frustrado porque, de lo contrario, su caso es inexplicable. Tenemos la delincuencia que permite la sociedad, una sociedad de desigualdades acentuadas. Los robos son producto de la droga. No nos engañemos: la gente roba y a veces incluso mata para drogarse.

- ¿La condena a prisión se ha vuelto más difícil de aplicar por las cárceles que tenemos, que están lejos del ideal constitucional de la rehabilitación?

-El problema es que aplicamos la ley y penamos, pero, ¿después qué? ¿Qué hacemos con el condenado? Este es uno de los grandes problemas de la Justicia penal de la provincia: no hay jueces para ejecutar la sentencia. Y la ejecución queda librada al personal administrativo, a menos que el juez haga un esfuerzo titánico. La mayor parte de la población encarcelada entra con la primaria incompleta y, después de cinco o seis años de condena, sale en el mismo estado.

- ¿La independencia se puede vivir en el Poder Judicial?

-Puedo decir que fui independiente durante los 22 años que ejercí la magistratura. Nadie nunca me presionó.

-Pero otros jueces sí son presionados. ¿A qué atribuye su independencia?

-A la conducta del magistrado. A veces no fui a ciertos actos para no cruzarme con el poder político. No fui a asados con ministros ni con policías. Me preocupé por dar las señales correctas y hoy me siento con libertad.

-¿El juzgamiento del caso "Verón" estableció un antes y un después en la Justicia penal?

-Sí. Lamentablemente, sí. Considero que los juicios deben comenzar y terminar según la ley procesal. Contra una sentencia, cualquiera sea el resultado, la parte que se siente agraviada dispone de los remedios procesales legales. Se cuestiona a los jueces por fuera de la norma, cuando aún existen recursos disponibles. Esta es la vía procesal que el Estado da a las partes. El Estado toma para sí la pretensión punitiva para evitar, justamente, la venganza privada. Eso es lo que el sistema quiso que no suceda. Lo que ocurrió después de la sentencia absolutoria (del caso "Verón") supuso ir contra una organización del Estado y sin medir las consecuencias. No había razón para que dos jueces (Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena), que nunca habían sido cuestionados, dejen la magistratura de mala manera.

-Pero parece que hay vida después de la judicatura y que usted quiere aprovecharla…

-Un autor cuyo nombre no recuerdo dice "disfruta de tu ocio". Esto significa hacer lo que uno dejó de lado en pos del cumplimiento de una función. En mi caso, dediqué muchísimo tiempo a la magistratura, y ahora voy a disfrutar de mi ocio practicando piano y escribiendo. Tendré la oportunidad de gozar de un día de sol sin la preocupación de que debo hacer una sentencia. Yo siempre me llevaba los expedientes a Raco y el paisaje me inspiraba para redactar un fallo. Ahora también me voy a sentar a ver la montaña, pero ya no para trabajar, sino para conversar con (mi marido) Alberto (Ayusa) y mis hijos. Es el ocio de los griegos, que no necesariamente significa no hacer nada, pero sí implica disfrutar más.

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