El revés peronista del domingo pasado a manos de Fuerza Republicana irritó al gobierno de Néstor Kirchner. Por eso, ninguna figura del gabinete nacional acudió a la jura del gobernador José Alperovich.
El jefe de gabinete, Alberto Fernández -uno de los hombres más cercanos al santacruceño-, admitió, apesadumbrado, que el proyecto de incorporar a la kirchnerista Stella Córdoba al Senado había fracasado. Cabe concluir, entonces, que el triunfo de Ricardo Bussi desagradó a la Casa Rosada, que decidió alejarse del escenario tucumano.
Sólo Eduardo Duhalde cumplió con su palabra, lo que se ajusta a la lógica de los antecedentes. El bonaerense le había salvado la vida a Miranda cuando puso en marcha el Operativo Rescate que alivió la presión social en noviembre pasado. La explosión de mortalidad infantil había puesto contra las cuerdas al ahora senador electo, quien se vio obligado a renunciar a la reelección como gobernador. Duhalde apadrinó desde ese momento a Alperovich.
Sin embargo, el duro diagnóstico que el nuevo jefe de Estado trazó sobre la situación sociosanitaria de Tucumán incomodó interiormente al bonaerense. Duhalde sabe, con todo, que Miranda formará parte del bloque de leales en el Senado. La militancia gremial del ex gobernador en la CGT de los gordos, donde revistan -entre otros- Rodolfo Daer, Luis Barrionuevo y Juan José Zanola, garantiza que estará lejos del polo kirchnerista que trata de armarse dentro del PJ.
Ni lerdo ni perezoso, Miranda se apuró a jurar ayer mismo como senador, para completar el período que vencerá en diciembre. Buscó la protección del fuero legislativo para evitar sorpresas judiciales.
La presencia de Duhalde en el mismo estrado que Alperovich y Miranda fue un mensaje para la administración kirchnerista. El gesto protocolar tuvo un significado hondamente político dentro del partido gobernante en la Argentina.
El ojo de la sociedad se concentró, sin embargo, en algunos anuncios del ex senador. La reforma constitucional es uno de los proyectos que Alperovich prometió llevar adelante.
En el discurso que leyó en la Legislatura señaló también que defendía la independencia del Poder Judicial. "No tocaremos a ningún juez", profetizó. Descartó, además, que se proponga integrar una Corte Suprema de Justicia adicta al poder político.
Las palabras del gobernador son elogiables, a todas luces, porque revelan la intención de respetar el sistema republicano de gobierno. No obstante, una ley promulgada durante la administración anterior ordena el desguace total de la Constitución de 1990.
Para que se asegure efectivamente la estabilidad de los jueces frente a una hipotética modificación de la Carta Magna, habría que cambiar la ley que abre la posibilidad de poner en comisión a los jueces. Ello implicaría que Alperovich mande a la Legislatura un nuevo proyecto de ley que establezca con precisión que el Poder Judicial estará excluido de las instituciones a demoler.
Los acuerdos políticos suelen ser volátiles. Esa situación se agudiza con la dispersión que potencia el sistema de sublemas. La única manera de sujetar a los convencionales constituyentes en su labor será fijándoles límites infranqueables. Si no fuera así, se activaría una bomba de tiempo que estallaría con consecuencias imprevisibles.
El gobernador eligió para el corto plazo otro atajo, con jerarquía constitucional, pero resistido por la comunidad política en los doce años que rige la Constitución. Ninguno de sus antecesores pudo hacerlo. La creación del Tribunal Constitucional tiende, en realidad, más que a limitar a la Legislatura a recortar la esfera de acción de la Corte Suprema de Justicia. Al colocarse por encima de esta, la desjerarquiza institucionalmente.
