Los sueldos del Estado

Alrededor de 400 funcionarios políticos del Estado nacional, comenzando por el Presidente, perciben actualmente remuneraciones inferiores a un número algo mayor de integrantes de la administración pública permanente que de ellos dependen. Esta anomalía es otra de las tantas que caracterizan al sector público de nuestro país desde que, hace décadas, comenzó a perder su respetado rango en la comunidad internacional. El drástico recorte de esos sueldos fue dispuesto por el ex presidente Rodríguez Saá y comenzó a regir el primer día del pasado año, siendo ratificado por sus sucesores, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ante el evidente temor de que su derogación produjera rechazos en la sociedad castigada por la crisis. La vigencia de esa decisión se extiende al 31 de diciembre próximo, pero no sería renovada, de acuerdo con un anuncio del jefe del Gabinete. Se ha dicho con razón que en algunos de esos casos la rebaja a un máximo de $ 3.000 no es tal, pues el monto se eleva mediante asignaciones no remuneratorias, si bien está muy lejos de los 7.000 hasta $ 10.000 que percibían subsecretarios, secretarios y ministros del Estado nacional.
Aquel recorte de sueldos no fue precedido por estudio alguno de la realidad presupuestaria que, si bien era grave, ofrecía alternativas diversas y más significativas desde el punto de vista fiscal. La finalidad tuvo, pues, un sentido político con rasgos demagógicos que desatendió las razones del nivel de remuneraciones afectado; es decir, la calidad exigida para la gestión pública, a la que todos los ciudadanos pueden acceder sin otra condición que la idoneidad moral y profesional, consecuente con el artículo 16 de la Constitución nacional. Esta única exigencia abre la función pública a todos los sectores sociales y, en el caso de los cargos políticos, asegura prácticamente que no quede reservada a personas con nivel económico superior, contribuyendo a preservar la ética y la moral en la gestión. En sectores gubernamentales es conocido que si la decisión de restituir los sueldos recortados no se concretase, se producirían numerosos alejamientos de funcionarios políticos altamente calificados, en búsqueda de actividades privadas bastante mejor remuneradas. El concepto de cargo político remite habitualmente a la idea más común de la acción política, ciertamente desprestigiada, pero no son esos los casos en que las funciones públicas fijan y ejecutan el rumbo del Estado mediante acciones específicas de alta especialización.
Por cierto que las designaciones con esos rangos requieren por parte de quienes son elegidos periódicamente por la ciudadanía, una voluntad selectiva despojada de todo interés ajeno al servicio público. No observar esa exigencia adecuadamente ha sido causa, antes que ninguna otra, de fracasos y frustraciones de gobiernos, así como de sectores sociales esperanzados en los compromisos asumidos por las dirigencias políticas. A la postre, el valor económico de un supuesto ahorro fiscal como el señalado, será a largo plazo extraordinariamente superado por las consecuencias negativas del descenso cualitativo de la gestión pública, abandonada por los mejores en oportunista beneficio de los menos dotados. Seguramente que la decisión de restablecer el principio de mejor remuneración, para asegurar mejor servicio en los niveles políticos de gobierno, dará lugar a ciertas reacciones opuestas, pero la conducción del Estado debe atender prioritariamente los fines políticos superiores de largo plazo. En este caso, asegurando la calidad de la gestión pública con funcionarios capacitados para asumir las máximas decisiones de gobierno, sin otros intereses que los de toda la sociedad. Ese es el rumbo político que debe afirmarse sin vacilaciones para recuperar a la República de su larga crisis.