27 Octubre 2003 Seguir en 
Se han realizado los comicios para elegir tres senadores y cinco diputados al Congreso de la Nación. Nuestra edición de hoy expone los detalles de la jornada, caracterizada por el escaso porcentaje de sufragantes. Ayer nos referíamos a ese tema, poniendo en guardia sobre las perjudiciales consecuencias de una apatía de electores en este proceso clave de la democracia. De cualquier manera, la elección está cumplida y están elegidos los representantes.
Acaso convenga, frente a ese hecho, apuntar algunas cuestiones, sobre las cuales es útil volver a reflexionar. De los tres poderes que integran el Gobierno argentino, la Constitución trata en primer término al Poder Legislativo, y eso no es casual. Es el principal órgano representativo de la voluntad popular, y desde sus bancas se canalizan las corrientes de opinión que se manifiestan en el pueblo.
Sabemos que el Poder Legislativo desempeña una función de máxima importancia, como lo es la de elaborar las leyes que regirán la vida de la Nación. Pero no es la única, ya que además entra dentro de su estricta competencia la de fiscalizar la acción de los otros poderes.
Conocemos que hasta interviene en la formación de ellos, dado su rol en el escrutinio de las elecciones presidenciales, y su participación en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial, para cuyos nombres otorga acuerdo el Senado. El mismo acuerdo es requerido para la designación de ministros plenipotenciarios, de generales y de otros altos funcionarios, y actúa, asimismo, como alto tribunal para el juzgamiento de los magistrados en juicio político.
Puesto que vivimos en una democracia que se funda en el principio del consentimiento de los gobernados, es evidente que la función legislativa constituye ni más ni menos que la base del sistema representativo. Forma de gobierno que, como decía Lucio V. López, "como toda forma humana no se encuentra exenta de defectos, pero indudablemente es la más perfecta y la que corresponde, de una manera más idónea, al gobierno de un pueblo libre". Es en el Congreso donde ese sistema puede desplegar todas sus posibilidades y donde se pueden hacer oír todas las voces. Se trata de la caja de resonancia de la opinión nacional y, por lo tanto, es la tarea de su Congreso la que otorga la pauta de un gobierno.
Todo esto viene al caso para marcar la trascendencia que reviste la condición de diputado y de senador de la Nación. Ser elegido para esas funciones, no es un paso más en el "cursus honorum" de un político, sino que implica la asunción de muy grandes y pesadas responsabilidades, y de un compromiso de trabajo de magnitud insospechada. Mucho más, en la Argentina que habitamos, donde están fuertemente cuestionadas la función del Estado y la idoneidad de quienes lo representan, en un proceso que incluye, bien sabemos, hasta al Poder Judicial.
Por esa razón, acceder a una banca en el Congreso, en 2003, es distinto a lo que implicaba en etapas anteriores. Estamos en un país con gravísimos problemas y con urgencia de soluciones inmediatas. La sociedad, además, ya no es la misma que la de hace pocos años. Ha pasado a una etapa participativa, y exige que sus representantes estén a la altura de los dilemas que la desgarran.
Acá hay un país que necesita, premiosamente, reconstruir toda su estructura. Reinaugurar el bienestar general como propósito de quienes gobiernan, y reinaugurar el respeto a la Constitución, a sus instituciones y a las leyes como único marco adecuado para su vida. Intervenir a fondo en ese tema, con laboriosidad, con realismo y con la mira puesta en los altos intereses de la Nación, es la función de sus legisladores. Ojalá sepan llenarla a conciencia.
Acaso convenga, frente a ese hecho, apuntar algunas cuestiones, sobre las cuales es útil volver a reflexionar. De los tres poderes que integran el Gobierno argentino, la Constitución trata en primer término al Poder Legislativo, y eso no es casual. Es el principal órgano representativo de la voluntad popular, y desde sus bancas se canalizan las corrientes de opinión que se manifiestan en el pueblo.
Sabemos que el Poder Legislativo desempeña una función de máxima importancia, como lo es la de elaborar las leyes que regirán la vida de la Nación. Pero no es la única, ya que además entra dentro de su estricta competencia la de fiscalizar la acción de los otros poderes.
Conocemos que hasta interviene en la formación de ellos, dado su rol en el escrutinio de las elecciones presidenciales, y su participación en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial, para cuyos nombres otorga acuerdo el Senado. El mismo acuerdo es requerido para la designación de ministros plenipotenciarios, de generales y de otros altos funcionarios, y actúa, asimismo, como alto tribunal para el juzgamiento de los magistrados en juicio político.
Puesto que vivimos en una democracia que se funda en el principio del consentimiento de los gobernados, es evidente que la función legislativa constituye ni más ni menos que la base del sistema representativo. Forma de gobierno que, como decía Lucio V. López, "como toda forma humana no se encuentra exenta de defectos, pero indudablemente es la más perfecta y la que corresponde, de una manera más idónea, al gobierno de un pueblo libre". Es en el Congreso donde ese sistema puede desplegar todas sus posibilidades y donde se pueden hacer oír todas las voces. Se trata de la caja de resonancia de la opinión nacional y, por lo tanto, es la tarea de su Congreso la que otorga la pauta de un gobierno.
Todo esto viene al caso para marcar la trascendencia que reviste la condición de diputado y de senador de la Nación. Ser elegido para esas funciones, no es un paso más en el "cursus honorum" de un político, sino que implica la asunción de muy grandes y pesadas responsabilidades, y de un compromiso de trabajo de magnitud insospechada. Mucho más, en la Argentina que habitamos, donde están fuertemente cuestionadas la función del Estado y la idoneidad de quienes lo representan, en un proceso que incluye, bien sabemos, hasta al Poder Judicial.
Por esa razón, acceder a una banca en el Congreso, en 2003, es distinto a lo que implicaba en etapas anteriores. Estamos en un país con gravísimos problemas y con urgencia de soluciones inmediatas. La sociedad, además, ya no es la misma que la de hace pocos años. Ha pasado a una etapa participativa, y exige que sus representantes estén a la altura de los dilemas que la desgarran.
Acá hay un país que necesita, premiosamente, reconstruir toda su estructura. Reinaugurar el bienestar general como propósito de quienes gobiernan, y reinaugurar el respeto a la Constitución, a sus instituciones y a las leyes como único marco adecuado para su vida. Intervenir a fondo en ese tema, con laboriosidad, con realismo y con la mira puesta en los altos intereses de la Nación, es la función de sus legisladores. Ojalá sepan llenarla a conciencia.







