Brecha en el unicato sindical

El Ministerio de Trabajo de la Nación ha dispuesto mediante una resolución que la personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representantes del sector público no desplazará las personerías gremiales subsistentes. La decisión permitirá a las dos mayores organizaciones del personal estatal -Asociación de Trabajadores del Estado y Unión del Personal Civil de la Nación- conservar sus personerías y elegir delegados en todos los municipios del país donde tengan representaciones minoritarias. La medida es trascendente en cuanto representa una brecha en el cerrado sistema de unicato sindical, por el cual la personería gremial está limitada a la organización más numerosa por cada rama de actividad económica. Ocurre que en no pocos municipios las entidades locales superan largamente en número de afiliados a las dos nacionales, a causa de lo cual estas resignan excepcionalmente la vieja doctrina del sindicato único que les asigna la representación monopólica de los intereses específicos de los trabajadores. La decisión ministerial no alcanza al sector privado de la actividad laboral, ni convence a la CGT legal, que observa así fisurado el viejo régimen jurídico corporativo que la ha mantenido protegida de los fuertes vientos pluralistas de la restauración democrática.
En ocasión de hacer pública esa decisión, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que con ella "se consolidan históricos principios para el sector público nacional y se garantiza la igualdad de derechos para todos los trabajadores del sector", es decir, el público. Igualdad y libertad de asociación de la que, por omisión, excluyó el funcionario a los privados, inmensa mayoría de la fuerza laboral del país. El régimen de asociaciones sindicales vigente establece dos personerías, la jurídica, que sólo faculta para la inscripción de un gremio en el registro oficial, y la gremial, por la cual se ejerce la representación de los intereses específicos de todos los trabajadores de un sector de actividad económica. Dicho régimen se inspiró en la "carta del lavoro" fascista en los albores del peronismo, teniendo posteriormente diversas modificaciones que en toda ocasión mantuvieron la personería única y excluyente de la organización mayoritaria. Actualmente, por efecto de la crisis que ha conmovido a todos los sectores del país, el sistema se mantiene precariamente, pues, tanto una CGT disidente de la legal, como otra organización -Central de Trabajadores Argentinos- han quebrado el compulsivo unicato de antaño, hasta reclamar, en el caso de la CTA, la libertad de asociación.
Esa libertad no es, en buen derecho, una utopía, pues se halla establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica. Sucesivos gobiernos argentinos, civiles y militares, por conveniencia política o bajo presiones de la acción directa, mantuvieron el viejo régimen monopólico. Inclusive haciendo caso omiso del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscripto por nuestro país, y las reiteradas demandas del organismo internacional para asegurar la doctrina pluralista. El precio político del arcaico unicato ha sido, a partir de la crisis, la excepcional pérdida de afiliaciones, pues solamente uno de cada tres trabajadores se mantiene en los registros, de los que tan sólo el 2,5% participa en las elecciones internas. La elevada desocupación y la movilización mediante organizaciones informales de piqueteros que han desplazado de las expectativas públicas las estructuras gremiales monopólicas, son realidades ineludibles que plantean la necesidad de poner fin al sistema sindical autoritario. La vieja máquina política que ni siquiera sirve ya al gobierno de turno, como demuestra esa brecha abierta por la cartera laboral.