La "tolerancia cero" volvió ayer a formar parte del discurso del gobernador electo José Alperovich al presentar en sociedad a su equipo de trabajo. En general, no hay mayores sorpresas respecto de los integrantes del nuevo gabinete que quedará definido el lunes, dos días antes de la ceremonia de asunción.
En el fondo, esa definición esconde los miedos del sucesor de Julio Miranda. Alperovich sabe que desde el primer minuto en que se instale en la Casa de Gobierno sufrirá una doble presión: la de la gente que lo votó y la de aquellos que no lo votaron el 29 de junio pasado. En efecto, la población en general espera rápidas respuestas del nuevo mandatario; particularmente, en lo que hace a la asistencia social. Mientras tanto, el peronismo será el principal crítico de la gestión alperovichista, ya sea a través de su dirigencia histórica, de los gremialistas que se identifican con esa doctrina y de hasta aquellos que tendrán responsabilidades institucionales mediante algún cargo electivo.
Alperovich no goza de popularidad dentro del PJ. Tampoco en la oposición. En uno y en otro sector están generando los anticuerpos necesarios para hacer frente a cualquier embestida política y jurídica del flamante gobernador, quien, hasta ahora, goza de un tibio apoyo político de la Casa Rosada. Ese acompañamiento de Néstor Kirchner a la gestión tucumana estará condicionado a las acciones de Alperovich como gobernador y como referente político. El hasta ahora senador, en cambio, cuenta con un apoyo más fuerte de otro sector del PJ nacional. El ex presidente Eduardo Duhalde vendría el miércoles a Tucumán a darle su aval a la gestión gubernamental, acompañado por sus delfines políticos.
El Estado empresa
Otra de las concepciones que se instalaron en el nuevo gabinete es que al Estado se lo gestione como a una empresa privada. Por eso, Alperovich realizó tantos ofrecimientos a hombres y a mujeres más vinculados al sector privado que a la política partidaria del PJ. Es allí donde está la clave para responder a aquella doble presión que sufriría la nueva administración.
Para atender el reclamo de la gente, los planificadores de Alperovich pensaron en fortalecer institucional y financieramente a la Secretaría de Políticas Sociales (hasta ahora Desarrollo Humano). En el organigrama, esa área del Poder Ejecutivo tendrá un rango ministerial (por pedido de la hermana del Presidente, Alicia Kirchner). La secretaria de la dependencia será Beatriz Mirkin, pero el manejo de los recursos recaería en el ex ministro de Economía, Joaquín Ferre. Antes de fines de año, Políticas Sociales podría administrar alrededor de $ 4 millones mensuales para la contención social de los sectores con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y, además, canalizar otros programas sociales generados por la Provincia.
Para calmar los ánimos peronistas, la estrategia del futuro gobierno se centraliza más en el interior que en la capital. El hasta ahora intendente de Aguilares, Sergio Mansilla, se convertirá en el secretario de Coordinación con los Municipios y las Comunas Rurales (actualmente Interior). Esa también será un área estratégica, ya que hasta ahora maneja más de $ 70 millones que corresponden a las ayudas financieras anuales que el Poder Ejecutivo otorga al interior, donde se encuentran los bastiones del justicialismo.
Así como Kirchner quiere producir los cambios estructurales en el país hasta diciembre, así también Alperovich intentará consolidar su poder (político e institucional) hasta esa fecha. Pero para eso, la declamada "tolerancia cero" no le dará derechos, sino obligaciones al nuevo gobierno. No debe constituirse en un principio de "mano dura", sino de consenso para la sana convivencia social y política en Tucumán.
