La situación de la Corte Suprema

Desde hace más de una década la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha soportado un proceso de desprestigio que ha deteriorado gravemente la confianza pública en su gestión de control institucional y preservación del orden jurídico. No sería justo involucrar en esa situación a la totalidad de sus integrantes, sino a una parte de ellos con mayoría suficiente como para imponer decisiones notoriamente asociadas a los intereses del poder político. Esa diferencia de comportamientos permitió también que el máximo tribunal incorporase a la jurisprudencia elementos doctrinariamente valiosos, si bien insuficientes para impedir el descrédito de nuestro máximo órgano de Justicia. Como no podía ser de otra manera, la historia de la Corte está fuertemente asociada a la del país; es decir, su mayor prestigio institucional se corresponde con el de la República. Fue así que entre 1863 y 1946 estuvo integrada por cinco miembros que únicamente se renovaban por mala conducta o muerte. En 1946 -tras haber superado los avatares revolucionarios de 1930 y 1943- la llegada del peronismo al poder dio lugar a un juicio político colectivo, luego del cual se designó un nuevo tribunal notoriamente afín a las necesidades del gobierno.
Nueve años después, la revolución que desplazó al peronismo relevó totalmente al tribunal y, con igual o menor amplitud, esa práctica destitucionalizadora se mantuvo de una u otra forma hasta 1989. Fue entonces cuando el número de jueces fue elevado de cinco a nueve y nació la "mayoría automática", apelativo con el que la ingeniosa mordacidad ciudadana definió el poderío presidencial sobre las decisiones del máximo tribunal de Justicia. En 2002, el gobierno transitorio de la crisis promovió un juicio político colectivo a esa mayoría colaboracionista, pero la torpeza de su trámite obligó al oficialismo de turno a desistir. Tras la asunción del presidente Néstor Kirchner los enjuiciamientos parlamentarios se reiniciaron, aunque fueron individuales. En esta instancia, dos factores agregaron confusión a la decisión presidencial: la intervención directa y pública del jefe del gobierno y de sus ministros en la promoción de ese proceso y, por otra parte, la saludable instauración de un procedimiento abierto de nominaciones que puso fin al cerrado sistema preexistente.
Las marchas y contramarchas de los oficialismos de turno desde el pasado año han sido una práctica institucional que, por lo demás, trastornó la gestión del Poder Judicial y especialmente de la Corte Suprema, la cual, a su descrédito, ha sumado una acumulación de importantes asuntos irresueltos para los intereses generales. Por otra parte, al no poder reiterar los cargos planteados en el frustrado juicio político precedente, la mayoría parlamentaria ignoró el principio que impide el enjuiciamiento de los jueces por el contenido de sus sentencias, actitud que fue cuestionada por la generalidad del pensamiento doctrinario y académico. A los desaciertos históricos de la Corte se han sumado, así, las actitudes imprudentes y comprometidas de la mayoría parlamentaria, cuando se hace necesario ejercer el control institucional del poder del Estado responsable de la seguridad jurídica. La pérdida de jerarquía que el reciente pasado y los desaciertos en el procedimiento para corregir sus efectos significan para la máxima instancia de nuestra Justicia tienen un notorio y elevado costo político que debe satisfacerse. Fundamentalmente, evitando los riesgos cada vez más habituales de conformar un tribunal supremo de la República supeditado en su composición a las necesidades del poder político. Las severas lecciones de nuestra historia nos han señalado que la Corte no sólo es un órgano de la Justicia, sino árbitro de poderes y generadora de seguridad en los derechos.