BUENOS AIRES.- Contrariando la línea moderada de la cartera económica, desde la Casa Rosada se ha endurecido la polémica con las empresas distribuidoras de energía del área metropolitana, Edenor y Edesur, tendiendo un manto de incertidumbre sobre la suerte de esos contratos de concesión. La voz más precisa en ese sentido ha sido la del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, al manifestar que si los concesionarios no están en condiciones de invertir sin el aumento de las tarifas, "deben dar un paso al costado", recordándoles con un gesto a lo Damocles que son empresas de riesgo. La afilada declaración fue más lejos que la del propio Kirchner, además de dar razón a las versiones renovadas acerca de que el gobierno desea trasladar esos servicios a capitales norteamericanos. Cuando hace una década se encaró la privatización de las empresas distribuidoras hubo gestiones para la concurrencia de esos inversores, pero las pocas ofertas desde esa dirección fueron muy inferiores a las españolas, francesas e italianas. Las actuales concesionarias observan con preocupación la revisión de los contratos y marcos regulatorios, donde no poco especialistas observan incumplimientos que justificarían el condicionamiento de las tarifas.
Altos riesgos
Las inversiones en los servicios públicos durante la última década fueron de muy alto riesgo y costo, pues la mayoría de los mismos eran muy anticuados y estaban prácticamente colapsados. Especialmente las redes de energía eléctrica y los teléfonos, donde se requirieron prestaciones tecnológicas y financieras excepcionales. Ese alto riesgo, con el país en crisis económica, desalentó a los capitales norteamericanos que, aconsejados por el propio gobierno de Washington, limitaron mayormente sus inversiones a empresas preexistentes en la Argentina. Los europeos, en cambio, aceptaron el riesgo pero poniendo alto precio -como la regulación tarifaria de acuerdo con patrones externos- y eludiéndose el principio de indexación establecido por el sistema de convertibilidad. Por otra parte, debe señalarse que los mayores inversores con ese origen eran y son empresas estatales o mixtas. La retracción norteamericana se agudizó a propósito del escándalo de IBM, por el caso de corrupción en contratos con el Banco de la Nación, donde se ignoraron las exigentes auditorias de Washington sobre los inversores estadounidenses en el exterior.
Mientras los organizadores de la Conferencia Anual de las Américas, con sede en Miami, dan por aceptada la invitación al presidente Kirchner como principal orador de la cita, en Buenos Aires "faltan todavía unos gramos para el kilo", cuando se trata de confirmar el programa. La reunión en la sede mayor del anticastrismo ha hecho de la misma desde hace años un foco de atención política especial, que adquiere en este caso señales sorprendentes del llamado ?efecto K? y a sólo dos semanas del criticado paseo del canciller Rafael Bielsa por el despacho de Fidel Castro. (De nuestra Sucursal)
