Cada político que ocupó un cargo público en Tucumán desde 1983 a la fecha, le costó a la provincia $ 1,5 millón. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Fácil. La deuda pública de Tucumán es de aproximadamente $ 3.000 millones (vino creciendo desde el 83, cuando rondaba los U$S 70 millones) y en estos primeros 20 años de democracia pasaron por la gestión pública un interventor federal, tres vicegobernadores, cinco gobernadores, 80 diputados provinciales, 40 senadores provinciales, 95 intendentes, 120 legisladores, 465 comisionados rurales, 920 concejales, un poco más de 250 personas por la estructura funcional del gobierno y una veintena de diputados y senadores nacionales. O sea que hubo 2.000 funcionarios públicos con distintos grados de responsabilidad en los niveles de conducción y de decisión. Dividiendo la deuda por ese número se llega a aquella llamativa cifra.
Si observamos cómo empeoró la realidad en estos cuatro lustros, debemos concluir que el gasto fue pésimo o, lo que es peor aún, que los elegidos por el voto no trabajaron para el bienestar general. La felicidad no llegó al pueblo. La casi nula confianza en la clase dirigente y las múltiples denuncias y acusaciones contra ellos llevan a pensar que privilegiaron sus bolsillos. Por algo se dice -¿en broma?- que el que llega a un cargo público primero cambia el auto, después la casa y por último la mujer. ¿Y Juan Pueblo? Para ellos, cajas alimentarias o bolsones.
Claro que si vemos cómo fueron empeorando los índices sociales (desocupación, pobreza, necesidades básicas insatisfechas, vivienda), deduciremos que la crisis les ganó a los políticos y que arrastró a Tucumán. Endeudamiento sin mejoras o malas decisiones. Es una reducción simplista, pero es evidente que las cosas no le salieron bien a esta joven democracia. Es de esperar que en la mayoría de edad aparezcan los políticos con vocación de gestión y no los ambiciosos que improvisan.
Hace 20 años, Fernando Riera asumía con una realidad. Luego la crisis no fue un desafío -como se pregonó- sino una excusa para justificar planes y medidas que, a la luz de los resultados, fracasaron. Hoy, el 70% de la población de Tucumán vive por debajo del nivel de la pobreza; el 24% de sus habitantes (320.000) tiene necesidades básicas insatisfechas; la desocupación es del 20%; 650.000 ciudadanos no tienen obra social y otros 400.000 no tienen cañerías para ingresar el agua potable a sus precarias casas.
Con esta dramática situación se toparán las nuevas autoridades provinciales después del miércoles próximo. Sus alternativas son sumarse a los 2.000 funcionarios que los precedieron o encarar una etapa distinta. Por ahora todo se reduce a gestos y a palabras. Y las historias que traen en sus espaldas algunos de los que ocuparán cargos públicos no ayudan a creer que el 2003 vaya a ser un año de inflexión.Por un lado, el gobernador electo provocó la reacción gremial con sus leyes, preanunciando un duro enfrentamiento con la dirigencia sindical. Por otro, hay miembros de la Justicia investigados por supuestos ilícitos. El intendente electo sigue preso y varios legisladores electos están involucrados en denuncias judiciales. La imagen no es la mejor para que la gente empiece a soñar con aires renovados.
Cambiar esa realidad será sacrificado. Algunos intentan dar señales de nuevos vientos. Los que van a la Casa de Gobierno aseguran que no serán autoritarios y que privilegiarán el consenso. Pero para los que se harán cargo de la Legislatura la situación es más complicada, porque hay varios electos cuyas acciones en el pasado no ayudan a mejorar la imagen de ese poder. Serán un contrapeso hasta que la Justicia los limpie. Sus pares están obligados a tomar alguna decisión y a tratar de mostrar que no son más de lo mismo, aunque haya apellidos que fueron protagonistas en los 20 años de democracia.
