No habrá verano a oscuras

BUENOS AIRES.- "El debate público entre el Gobierno y las empresas de energía eléctrica se está saliendo de madre y hasta es muy probable que sea aprovechado por turbios intereses para provocar peligrosas reacciones sociales", confiaba ayer un hombre muy significativo del entorno presidencial. La preocupación es lógica, a partir del climax con que transcurre desde hace tiempo la discusión de importantes asuntos de Estado. Entretanto, en la secretaria de Energía se descarta que exista un ambiente rupturista en las conversaciones para revisar los contratos de concesión de generadoras y distribuidoras, como paso previo a la consideración de tarifas. También han advertido los concesionarios -Edenor y Edesur- que cuando se habla de dificultades en los servicios a mediano plazo no se hacen referencias a los colapsos que precedieron a sus privatizaciones. Todo ello se desenvuelve en medio de versiones o interpretaciones, según las cuales el Gobierno no vería con disgusto cambiar de algunas concesionarias; una supuesta aspiración difícil de satisfacer si se advierte que un cortocircuito de esa naturaleza con algún gran inversor no estimularía a eventuales sucesores.

La crisis sindical
La dura confrontación entre los sindicatos de Comercio -Armando Cavalieri- y de Camioneros -Hugo Moyano- por la disputa de un espacio laboral está dejando al desnudo el grado de la crisis que atraviesa el sindicalismo peronista. Ello se produce después de que el presidente Kirchner, desde el momento de su asunción, tomara distancia de la CGT legal de los "gordos" -todavía sin ser recibida en la Casa Rosada-, amén de un frío encuentro con el disidente Moyano y algo más repetido con la central de Víctor Di Gennaro. No figura entre las preocupaciones del jefe del Gobierno una relación estratégica con las cúpulas sindicales y hasta se puede afirmar que le inquieta más por el momento la relación con los líderes piqueteros más negociadores. Esa actitud de Kirchner está, por cierto, muy extendida entre los más poderosos líderes justicialistas, especialmente Eduardo Duhalde, quien estima que debe haber una renovación profunda del aparato sindical antes de que el Congreso se vea obligado a revisar la estructura jurídica cerrada que preserva la perdurabilidad de dirigentes ampliamente desbordados por la realidad.

En congeladora
Hace tres años que tuvo entrada en el Congreso el primer proyecto regulador de la actividad lobbista, es decir, de la gestión de influencia sobre asuntos con tratamiento parlamentario. Desde entonces, no menos de una docena de iniciativas del mismo carácter, incluida una del Poder Ejecutivo, quedaron sin tratamiento, por lo que ahora un decreto presidencial trata de establecer un régimen limitado al PE. La decisión todavía está en espera, aunque se la deja trascender para trata de que los legisladores sancionen finalmente una ley con alcance a todo el sector público, similar a las existentes en la mayoría de los países mejor organizados. (De nuestra Sucursal)