En siete días más los tucumanos acudirán a las urnas. La campaña electoral no quebró la apatía colectiva, ni instaló tampoco el clima de una contienda decisiva para el destino de la gente. El Congreso es algo muy distante de la percepción popular.
Ha ocurrido, sin embargo, un hecho que impacta en el corazón de la tarea de captura de votos. La segunda detención del ex gobernador Antonio Bussi no constituye un dato neutro en lo político ni en lo institucional.
Por lo pronto, al gobernador Julio Miranda no le convenía que el futuro intendente fuera retirado del circuito electoral antes del 29. Fuerza Republicana se comporta como la oposición amigable. Ese enfoque no es nuevo en la política tucumana, ya que en 1987 las conducciones del PJ y de la UCR minimizaron el ascenso de Bussi.
De hecho, el ex diputado peronista Rodolfo Vargas Aignasse lo acusó de haber actuado con indiferencia cuando denunció judicialmente al jefe de Fuerza Republicana por la desaparición de su hermano, el senador Guillermo Vargas Aignasse. La acusación se ventiló el miércoles pasado en los pasillos de los tribunales federales.
La onda kirchnerista barrió con el status quo. El juez federal Jorge Parache ordenó la privación de libertad de Bussi y se desató una polémica en múltiples direcciones.
Los bussistas acusaron al Presidente y a Eduardo Luis Duhalde -secretario de Desarrollo Humano- de haber precipitado la resolución de Parache. Se plantearon, de entrada, polarizar la competencia con el mirandismo, con el diputado Ricardo Bussi como eje de la ofensiva. La embestida contra el perfil izquierdista de Kirchner es el argumento que más usan.De la situación incómoda en que quedó Miranda, se prendió el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez (Frente Cívico) para insistir en que hay una sociedad política entre el gobernador y el intendente electo de esta capital.
Los comportamientos
El enigma electoral persiste. Se razona, por una parte, que la prédica bussista retendrá mayoritariamente el voto hostil al mirandismo, lo cual significaría que obtendría dos diputados y el senador por la minoría. Sería la confirmación de la teoría que explica la emergencia de Fuerza Republicana como la herramienta antiperonista más eficiente.
Pero, por otra parte, se sugiere que ese electorado se dispersará por distintos cauces organizativos. El Frente Cívico cabalga sobre el aislamiento del bussismo en el ámbito nacional y pretende reclutar al votante moderado. Con este fin, a Ricardo López Murphy y a Mauricio Macri -dos líderes que rivalizan por el mismo espacio en el país- proyecta mostrar Pablo Walter en esta semana crucial.
Unión por Tucumán, con dos candidatos ideológicamente afines -José Ricardo Ascárate y Gumersindo Parajón-, se esfuerza por aprovechar el efecto rebote del fallo de Parache y por montar una estructura sólida.
El combate es desigual en lo financiero. Esa coalición se quejó de la parcialidad de la administración de Néstor Kirchner porque no le giró ni un peso, a diferencia del oficialista Frente Fundacional.
El gigantesco peso del aparato estatal ha desequilibrado el tablero en favor de la lista oficialista. Así ha ocurrido en Tucumán y en otros distritos, en las diferentes elecciones habidas en 2003. El Encuentro busca que no se repita la repartija masiva de bolsones en esta semana y acudió al fuero electoral federal para que disponga un control preventivo.La dupla Julio Díaz Lozano-José Vitar aspira a rebanar una franja del peronismo disidente y a congregar fracciones del progresismo ideológico. Con la idea de afianzar la experiencia de corte transversal de las corrientes políticas, el Encuentro trajo al socialista Hermes Binner y a la diputada frepasista María América González. Aníbal Ibarra -vencedor de Macri en la segunda vuelta de la elección de Buenos Aires- reforzará ese perfil. El despegue del Presidente de la escena local es interpretado positivamente por el equipo del Encuentro.
Ebullición y desánimo
La ebullición embarga al peronismo. El gobernador electo José Alperovich mueve las piezas blancas. Del otro lado, el peronismo ortodoxo sólo puede jugar de contragolpe. En ese sector ven que Miranda hace tiempo para llegar hasta el 29 y alejarse de la política tucumana por algunos meses.
La consecuencia de la actitud pasiva del gobernador sería el desánimo de muchos de sus leales. Esta situación se reflejaría en la movilización para el domingo próximo. Los peronistas ortodoxos suponen que 180.000 votos sería el techo de Miranda.
Sisto Terán permanece de brazos cruzados, sin girar a la Casa de Gobierno el conjunto de leyes que aprobó la Legislatura hace dos semanas.
Una de ellas -la que flexibiliza la reubicación de agentes estatales- mantiene en vilo a los sindicatos, que no cesan en su presión por el veto. En el mundo judicial persiste el malestar con la creación de una sola cámara de apelaciones en lo penal. Al menos dos salas revisoras deben funcionar en esa cámara, según la propuesta del presidente de la Asociación de Magistrados, Augusto Avila. Este magistrado expresaría oficiosamente la posición de la Corte Suprema de Justicia.
Ambas cuestiones tienen repercusión electoral. Por eso, el jefe de campaña del PJ, Antonio Guerrero, reiteró la exigencia del veto de las leyes, porque no comparte la pasividad de Miranda ante la inacción de Terán. Se admite, sin reservas de ninguna especie, que el vicegobernador no apura el paso porque al acuerdo Miranda-Alperovich no le es funcional al veto de ninguna ley pedida por el gobernador electo.
La ruptura de ese pacto podría acontecer si el gobernador electo llama a elecciones de convencionales constituyentes para 2004, aprovechando la hipotética debilidad de Miranda. Este quedaría con menos chance para competir en 2007 por un segundo turno.
A Alperovich y a Fernando Juri, por el contrario, se les abriría el camino para la reelección. En ese contexto se comenta que habría alguna inquietud en los más altos niveles del Poder Judicial por la amplitud de la reforma constitucional en ciernes. La puesta en comisión de los jueces es una posibilidad firme dentro del espíritu del desguace de la Constitución de 1990. En efecto, está autorizada por ley la remodelación total de las instituciones.
Aún todo permanece en el terreno de las suposiciones políticas. El período de transición favorece la proliferación de las versiones, debido a que el Gobierno que se va no puede proporcionar seguridades, y el que llega no precisó su perfil. Los once días que median hasta el traspaso del mando crean tensión.
