Las condiciones económicas y financieras están dadas para que el futuro gobernante de Tucumán no tenga inconvenientes en cumplir las metas trazadas por el Gobierno nacional con el fin de equilibrar las cuentas. Al proyectado aumento de los ingresos tributarios (nacional y provincial) se le agregará la inyección extra de fondos mediante el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) que oscilaría entre los $ 90 millones y los $ 120 millones para el año próximo. Con ese dinero, la administración de José Alperovich podrá amortizar parte de la deuda pública (las asistencias federales de 2002 y de este año) y le quedará margen para cubrir el déficit de caja mensual.
El PFO fue creado en 2000 como un instrumento financiero y político para calmar los reclamos de las provincias más endeudadas porque la Nación había acotado la distribución de fondos coparticipables. Ese programa, que entró en vigencia en 2001, desaparecerá a partir de 2005 porque, según el Gobierno nacional, hasta entonces todos los distritos del país tendrán equilibradas sus cuentas y hasta algunas podrán darse el lujo de cerrar sus presupuestos en 2004 con cierto superávit fiscal.
El acuerdo por el nuevo programa de financiamiento podría cerrarse en diciembre próximo, pero su contenido podría generar polémicas ante los insistentes reclamos sindicales por mejoras en los salarios del sector público provincial. Al rubricar el pacto, el gobernador electo José Alperovich se comprometerá, entre otras metas, a mantener congelado el gasto salarial y a aplicar mecanismos de control conjunto con la Nación de la deuda flotante, que pocas veces es revelada en las discusiones con la administración federal. En este último aspecto aún no se sabe qué sucederá con el pago de los juicios iniciados contra el Estado y que aún no tienen sentencia firme.
Una parte de ese endeudamiento (casi $ 100 millones) será cubierto con la emisión de los Bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep). Este, según las nuevas pautas, sería también el último título público que la provincia podrá emitir.
En la reunión que mantuvieron ayer en Buenos Aires los técnicos del Palacio de Hacienda con los ministros de Economía provinciales quedó en claro que la Nación no pondrá en riesgo la pauta de crecimiento acordada con el FMI, estimado en un 4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2004.
El nuevo esquema
Hacia agosto de 2004, los gobernadores tendrían que definir, en principio, la nueva ley de coparticipación federal de impuestos para que entre en vigencia al año siguiente. Precisamente, en 2005 el PFO pasará a la historia y es muy posible que la Nación reduzca drásticamente las ayudas a los distritos del interior fortaleciendo el Fondo de Desequilibrios Fiscales (actualmente por ese ítem, Tucumán recibe $ 2,2 millones mensuales).
En el escenario macroeconómico del país para el año próximo, se estima que la inflación no superará el 11% (incluyendo un posible ajuste tarifario), y que el dólar seguiría fluctuando entre los $ 2,90 y los $ 3. Con estas perspectivas, Tucumán no debería tener mayores inconvenientes, siempre y cuando se mantenga una disciplina fiscal en el sector público. Además del medio año de tranquilidad que tiene toda gestión al asumir, Alperovich gozará de otros 12 meses de gracia respecto del pago de parte de la deuda pública provincial, estimada en $ 3.000 millones. 2004 será el año de las oportunidades para mejorar la situación del Estado. En 2005 se profundizarían los problemas. El Gobierno deberá pagar el capital del endeudamiento, en el que la sobreemisión histórica de títulos públicos (incluidos los Bocade) y los compromisos con organismos multilaterales ($ 406 millones) se llevarán gran parte de la coparticipación de Tucumán.
