El Estado y la tercera edad

Tras las imputaciones al sistema jubilatorio privado por presuntas responsabilidades en el colapso financiero del país, se está llegando finalmente a un debate razonable sobre la conveniencia de revisar el "status" previsional, de acuerdo con la experiencia interna de una década y, especialmente, la internacional. En ese orden, no debe ignorarse que el esquema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones partió del errado criterio de hallar una nueva fuente de recursos para la producción y el Estado mediante el ahorro doméstico. En consecuencia, en lugar de invertir los ahorros de los afiliados a la nueva estructura de previsión con un marco de estabilidad suficiente para asegurarles una tercera edad digna de sus esfuerzos, los mismos se concentraron predominantemente en el país, limitándose las inversiones en el exterior. Ello hizo al sistema fuertemente dependiente del alto riesgo argentino. Pero no sólo eso, sino que se estimuló a las AFJP para financiar obras de infraestructura locales e invertir en la deuda pública, conducta por la que precisamente se las censura ahora. Esa contradicción no se lleva bien, por cierto, con la finalidad de acercar el régimen de capitalización al estatal o de reparto, promovida desde el Gobierno.
El sistema privado de jubilaciones surgió entre nosotros como consecuencia directa de la calamitosa situación del estatal, siguiendo los exitosos ejemplos de Chile y de otros países, donde el de reparto comenzó a demostrar su incapacidad para enfrentar las necesidades de la nueva sociedad sin una crisis fiscal. Al hacerse un aporte al régimen de reparto, el Estado se compromete a pagarle al aportante una suma mensual determinada cuando se jubile, compromiso equivalente al de un título público, pero en la Argentina, de hecho, nunca fue así, pues esa deuda fue contabilizada por sucesivos gobiernos como un recurso corriente, ocultando el incremento de los pasivos estatales.
Esa es, al fin y al cabo, la causa de que nuestros mayores cobren actualmente pasividades miserables o que, en el mejor de los casos, perciban mensualidades que poco tienen que ver con sus esfuerzos. Irresponsabilidad y demagogia mediantes, sucesivas administraciones políticas repitieron esa historia de voracidad fiscal que se oculta con ligereza en el lenguaje de los funcionarios. Mientras tanto en el mundo desarrollado se buscan con urgencia alternativas en el sistema de capitalización para evitar tener que recurrir a la tributación común con el fin de sostener el viejo régimen.
Cuando se afirma que el sistema de capitalización fracasó, para justificar el traspaso de sus recursos al estatal, se alude a las pérdidas de los recientes años de crisis, pasando por alto la compulsión ejercida sobre las AFJP para financiar al Estado, al que nadie quiso prestarle más.
La pesificación de los depósitos en dólares apropiándose de parte de ellos para subsidiar a los deudores pesificados, así como de la deuda pública para reducir a costa de las futuras jubilaciones de los aportantes, los pasivos estatales, son ineludibles testimonios de hipocresía política. Por cierto que una década de gestión ha sido suficiente para advertir que el sistema privado de jubilaciones y pensiones requiere una revisión para hacerlo más eficiente y corregir sus fallas, pero en todo caso se trata de perfeccionarlo siguiendo los probados modelos ajenos y haciendo del Estado un eficiente fiscalizador de gestión. En todo caso, el fondo del problema consiste en hallar una fórmula que aleje los ahorros para la pasividad de la voracidad fiscal de los gobiernos, habitualmente rápidos y eficientes para sustraerlos a sus legítimos y esforzados propietarios.