La segunda detención del ex gobernador Antonio Bussi en 2003 es un hecho con inocultables proyecciones institucionales y políticas. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo encerró entre el 25 de julio y el 1 de setiembre pasado. Y la negativa del gobierno español a conceder el pedido de extradición del juez Baltasar Garzón le devolvió la libertad al intendente electo. Fue, en realidad, un paréntesis, porque la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por el Congreso le dio forma jurídica a la voluntad presidencial de revisar las causas referidas a violaciones de derechos humanos. Se abrió, entonces, el cauce para que el ex diputado nacional Rodolfo Vargas Aignasse promoviera la reapertura de la que centró en la desaparición de su hermano, el ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en marzo de 1976.
Néstor Kirchner y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a fines de setiembre, ratificaron en Tucumán, la decisión de reabrir la investigación del pasado procesista.
Vargas Aignasse desempolvó expedientes que datan de 1984 y el fiscal federal Emilio Ferrer le dio la razón.
Con esa dinámica, el desenlace de ayer figuraba en los cálculos del denunciante y del propio Bussi, desde la semana pasada. Cada uno jugó sus piezas en un complicado ajedrez político-jurídico. Vargas Aignasse apostó al "no olvido compulsivo" predicado por la Casa Rosada. El ex gobernador se aferró al libreto de 1984 cuando, el viernes pasado, en Buenos Aires, pidió por escrito que lo juzgaran jueces militares.
El juez federal Jorge Parache desestimó la pretensión y Bussi terminó preso en el Liceo Militar. "Este fallo va a causar un efecto dominó en el país", anticipaba el ex diputado peronista. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivó a la Cámara de Casación Penal la definición de la inconstitucionalidad de las leyes anuladas por el Congreso. Esa situación no inquieta al ex diputado peronista, que confía en el efecto renovador que generaría Raúl Zaffaroni en el máximo tribunal de Justicia de la Argentina. Supone que el pensamiento del penalista prevalecería y que las leyes que datan de la época de Raúl Alfonsín serían declaradas inconstitucionales más temprano o más tarde.
La estrechez de los plazos procesales deja en mala posición a Bussi. Ya es una creencia generalizada en el mundo político que el ex gobernador no podría asumir la intendencia de la capital porque, para el 29 de este mes, seguiría privado de libertad. Ese laberinto institucional tiene múltiples salidas.
Pero el ex gobernador es una pieza clave dentro de la estrategia electoral del bussismo. En Fuerza Republicana están convencidos de que sus candidatos Ricardo Bussi y Roberto Lix Klett capitalizarán electoralmente la solidaridad con el líder detenido. Su opción pasará por reforzar el choque con el gobernador Julio Miranda. El hijo de Guillermo Vargas Aignasse, el también candidato Gerónimo Vargas Aignasse, buscó despolitizar la causa judicial.
En el Frente Unión por Tucumán conjeturaron que el efecto político de la resolución de Parache tiende a acentuar la bipolaridad Bussi-Miranda. Aplauden, sin embargo, el camino que tomó el magistrado en el caso Vargas Aignasse. Empero, le temen más a la entrega sistemática de bolsones en la última semana de la campaña.
Dentro del Frente Cívico, reinó la cautela. Analiza la dirigencia que sigue a Pablo Walter y a Esteban Jerez, que hubo fuga de cuadros bussistas hacia ese sector mientras el jefe de FR estaba detenido. Se revirtió el cuadro cuando el ex gobernador empezó a hacer política.
Adónde irá el ciudadano no peronista que usa su voto con sentido práctico es un enigma que se adueñó de los estrategas de las distintas organizaciones opositoras.
