BUENOS AIRES.- El presidente Kirchner no propondrá un nuevo juez para la Corte mientras no se produzca otra vacante, se aseguró a esta columna en la Casa Rosada ante las insistentes versiones sobre una nueva nominación. En tal sentido, si se ha mantenido alguna relación con ese fin, la misma se produjo en un marco de secreto impenetrable. Hace dos semanas hubo ciertos movimientos del jefe del Gabinete y el ministro de Justicia que pudieron dar lugar a sospechas sobre alguna elección femenina, pero se paralizaron de inmediato cuando tomaron vuelo en los medios. Por otra parte, el debate planteado por el juez Eduardo Moliné O´Connor en el Senado tiene ahora más partidarios en el sentido de que su empecinada defensa iría más allá de enero, es decir, después de las renovaciones de mandatos legislativos. La última novedad sobre este problema y que ha irritado al ministro Gustavo Beliz casi tanto como al jefe del gobierno ha sido la defensa pública que el presidente de la Corte, Carlos Fayt, ha hecho de Moliné O´Connor, poco menos que en nombre de sus colegas del tribunal, al defender sus condiciones personales y aclarar que "por delicadeza y decoro" resolvieron excusarse ante su pedido de licencia, remitiendo todas sus acciones futuras a conjueces.
Duro de roer
Fayt se alejó definitivamente del juicio político que se le había iniciado en la comisión de Diputados, pues resultó ser un hueso muy duro de roer por la notoria independencia de criterio con que se ha desempeñado tradicionalmente en sus funciones. El propio Kirchner había insistido en alejarlo de sospechas, preocupado porque en ese caso se pudiera vez la embestida al máximo tribunal como un intento de copar sus decisiones. Esa presunción, al menos, ha sido manejada por cierta oposición para tratar de fondear la investidura de Eugenio Zaffaroni. Del actual presidente de la Corte se espera que se retire jubilado antes de finalizar el año, pero mucho indica que previamente expresará con firmeza lo que siente por la imagen de corrupción, ?absolutamente falsa? que se ha creado -dijo también con visible molestia- con la colaboración de un periodismo que calificó de amarillista.
El presidente Kirchner ordenó al jefe del Gabinete, Alberto Fernández, un manejo prudente de la escalada critica que atraviesa Bolivia, a consecuencia de lo cual la declaración de gobierno sobre el caso fue consultada con el canciller Rafael Bielsa, quien todavía se hallaba en La Habana. El documento, tras lamentar la crisis social, invocó la defensa de las instituciones y el estado de derecho, eludiendo toda concomitancia con las actitudes inconstitucionales. Poco después, Bielsa retornaba a Buenos Aires bastante satisfecho por la imposibilidad de no haber podido tratar con Fidel Castro adecuadamente el problema de los derechos humanos en la isla, mientras se restaba certeza a un futuro viaje de Kirchner hasta el Palacio de la Revolución. (De nuestra Sucursal)
