La satisfacción que no pudieron darle al presidente Néstor Kirchner las urnas, o los políticos tucumanos, parece que se la proporcionará el juez federal Jorge Parache. El futuro del intendente electo de la capital, Antonio Bussi, está en manos del magistrado. Parache podría ordenar hoy el arresto del militar retirado por la desaparición del senador peronista Guillermo Claudio Vargas Aignasse, ocurrida el 24 de marzo de 1976, día en el que Bussi se hacía cargo de la provincia como consecuencia del golpe militar. Si eso sucede, los efectos serán políticos e institucionales, fundamentalmente porque se trata del presidente de Fuerza Republicana y porque está a menos de dos semanas de asumir en la Municipalidad. Esto último podría quedar trunco si Bussi queda preso, con lo que se abriría nuevamente el capítulo de las especulaciones sobre quién debe reemplazarlo y cuál es el mecanismo para elegir a un nuevo jefe municipal.
Cuando Bussi estaba bajo arresto domiciliario en la Capital Federal y el actual Gobierno nacional abrió las puertas a la extradición de ex militares -eliminando el decreto de Fernando de la Rúa que lo impedía-, las opiniones variaban entre elecciones nuevas y la posibilidad de que el Concejo Deliberante elija al eventual sucesor. Sólo se coincidía en que había que esperar el día de la asunción y ver si el ex gobernador seguía detenido.
Todo se silenció cuando el gobierno de España le negó a Baltasar Garzón la posibilidad de que siguiera adelante con el proceso contra Bussi y otros. Hoy, a pocos días de que asuman las nuevas autoridades, la Justicia, esta vez nacional, puede reabrir esas especulaciones sobre el futuro municipal.
Es una alternativa muy factible. Sin embargo, también parecía seria la de España, por los gestos de aliento que emanaban desde la propia Presidencia, y todo quedó en la nada. En Argentina, y especialmente en Tucumán, nada es para asombrarse, ni por lo que ocurre, ni por lo que deja de ocurrir.
La condición de intendente electo de Bussi generará un debate en el plano institucional. Pero también lo habrá en el político, donde dirigentes de todos los sectores harán consideraciones apasionadas en favor o en contra de Bussi. Será un tema que no se agotará en la frontera tucumana, ya que los ojos del país estarán en la provincia para seguir esta instancia judicial-política-institucional, no exenta de salpicaduras ideológicas.Si Bussi no puede asumir como consecuencia de una resolución de Parache, no se podrá saber nunca cómo hubiera sido exactamente la relación institucional Bussi-Kirchner, teniendo en el medio de esa línea al gobernador electo, José Alperovich, que en los últimos actos proselitistas del PJ llamó "genocida" al titular de FR. Nadie duda de que será pésima -en caso de verificarse-, lo que repercutiría inevitablemente en el funcionamiento del municipio, para pesar de sus vecinos.
Kirchner se cansó de dar señales en contra de Bussi. En los hechos y en sus discursos, el Presidente dejó en claro su postura ideológica. Algunos, rápidos de reflejos, se subieron al tren kirchnerista y empezaron a acordarse mal del pasado del ex mandatario.
Desde las filas bussistas se sostiene que todo obedece a una jugada con fines políticos. Hace pocos días, Pablo Calvetti, integrante de la conducción de FR, afirmó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde -al que acusó de ex montonero-, vino a Tucumán a presionar a los jueces federales para que activen causas contra militares.
"Kirchner no lo quiere a Bussi, ni quiere que el bussismo gane el 26 de octubre. Para el Presidente, Bussi es un caso emblemático, atado a su política de defensa de los Derechos Humanos; por lo que si triunfa Bussi, su proyecto se vería empañado en Tucumán". Así lo explicó a este columnista el ex montonero Ramón"Gringo" Ponce.
