Padrones partidarios, en crisis

De acuerdo con los registros de nuestros partidos políticos, una de cada tres personas del padrón general de la Nación está afiliada a alguno de ellos. Es decir, 8,3 millones de 24,8 millones. Pero en este caso esa elevada proporción de ciudadanos con compromisos militantes no se corresponde con la realidad política de los recientes años, caracterizados por el creciente desprestigio de las organizaciones intermedias a través de las cuales funciona el sistema representativo. Tanto es así que una encuesta internacional de Gallup había consignado antes de las últimas elecciones presidenciales que, a juicio de sus ciudadanos, el nuestro era el país con más elevado grado de corrupción en sus partidos, entre los 44 alcanzados por la investigación. Durante esos días, el clamor más sostenido en las calles por causa de la crisis era "que se vayan todos". Por su parte, el propio ex presidente Eduardo Duhalde, al disponer elecciones internas abiertas en las agrupaciones -que poco después dejó sin efecto por dificultades en la suya-, descartó los padrones partidarios por considerarlos cuestionables. En efecto, desde hace poco menos de una década, tanto las propias organizaciones como la Justicia Electoral no mantienen un control adecuado de los registros, donde conviven vivos con fallecidos, se producen dobles afiliaciones y hasta se registran inscripciones desconocidas por sus titulares. Desde hace años, cada vez que se acerca una elección, se plantea la necesidad de depurar los padrones de afiliados pero, como invariablemente ocurre también con todo lo que tiene que ver con la reforma política, siempre se lo hace demasiado tarde. En la última ocasión, durante el gobierno transitorio, la Justicia Electoral requirió para ello al Poder Ejecutivo $ 37 millones, pero tal suma excedió los recursos disponibles. Por lo demás, si un ciudadano desea darse de baja en una agrupación política debe comunicarlo a esta y al organismo electoral mediante trámites que lo desalientan, optando por abandonar la militancia, lo que no impedirá que se lo mantenga como rehén en un fichero. En ese desorden, es posible y es una vieja práctica que los punteros afilien a personas que lo ignoran, para mantener así un número de afiliados al momento de recibir subsidios, especialmente cuando se trata de alianzas como las que se han multiplicado durante los recientes años.
Un testimonio del desorden con que las actividades partidarias transcurren en ese aspecto es precisamente el de las alianzas ocasionales y las migraciones consecuentes.
Ello se agudiza en los grandes partidos, cuyos padrones no se corresponden con la realidad que se observa en los comicios. La vieja y todavía vigente proporción de afiliados sigue siendo en el justicialismo el 46% del total, y en la UCR, el 31, a pesar de las situaciones registradas en los últimos años. Por añadidura, son públicas y notorias las deserciones que en el radicalismo se produjeron sin quedar alterado formalmente ese índice de referencia.
Otros partidos intermedios y menores subsisten aún intactos para la Justicia Electoral, cuando es evidente que apenas subsisten como meras siglas que acompañan a representantes amparados por la duración de sus mandatos. Este conjunto de observaciones sobre la realidad de las estructuras partidarias configura uno de los más graves compromisos sobre saneamiento político de la República, necesariamente previo a la reforma y apertura del régimen partidario.
La urgencia de la demanda no permite distracciones, pues todo empeño por corregir las causas de la decadencia del país será vano si no logra fortalecer el sistema institucional, donde los partidos políticos deben ser nuevamente instrumentos confiables de la ciudadanía y no meros aparatos para la conservación de poder.