17 Febrero 2013 Seguir en 
Durante años, el sector cañero de nuestra provincia reclamó una ley de ordenamiento azucarero que sirviera para que los vaivenes económicos que son tan frecuentes en la actividad productiva madre en Tucumán provocara perjuicios en este rubro. Tal clamor no tuvo eco sino hasta hace pocos meses, a partir de que el Gobierno interpretó que la crisis que afecta actualmente al negocio azucarero podría desencadenar un verdadero problema social en el interior, con consecuencias insondables.
La próxima semana se debatirá en la Legislatura el proyecto del Poder Ejecutivo, y se espera que esté en plena operatividad antes del inicio de la próxima zafra, previsto para mayo. Declarará de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y de alcohol elaborados a partir de la caña. Incluirá medidas tendientes a abastecer el mercado interno nacional de ambos productos, en resguardo de los derechos de los consumidores. Además prevé la estimulación de la producción de bioetanol combustible y de alcohol a partir de la caña de azúcar, en el marco de un desarrollo económico de la actividad sucroalcoholera con una producción ambientalmente sustentable. También fomentará la exportación de los saldos de azúcar y de alcohol no destinados al mercado interno a partir de un sistema de garantías para las exportaciones.
Además, se creará el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) como ente autárquico, con plena capacidad jurídica para actuar en el derecho público y privado en el marco de los actos y contrataciones vinculados a su funcionamiento. Estará integrado por dos representantes del Estado, dos industriales y dos cañeros. Los cañeros se quejan porque el sector industrial no estuvo a la altura de las expectativas que se habían generado en cuanto a que el mercado interno del azúcar se mantenga equilibrado. Por un lado, hay cuatro ingenios en Tucumán que nunca participan de los acuerdos de exportación de excedentes de azúcar que suscriben industriales y productores (el último fue en septiembre pasado), y en las dos últimas temporadas hubo incumplimientos en los compromisos de venta externa del producto por parte de fábricas que sí se habían sumado al acuerdo.
Estas empresas no sólo inundaron el mercado interno con azúcar que tenía destino de exportación, sino que, de acuerdo a las denuncias, a la vez lucraron con el azúcar que les habían retenido a los cañeros para ser enviada al mercado internacional.
La falta de capacidad del sector industrial para hacer rentable el negocio azucarero no sólo quedó evidenciada en una sobreoferta de unas 300.000 toneladas de azúcar que actúan como ancla para el precio del producto, sino por el reconocimiento expreso de tal responsabilidad por parte de industriales emblemáticos, como Julio Colombres y Jorge Rocchia Ferro.
A partir de la próxima semana ya nada será lo mismo en el sector azucarero tucumano, ni en el del resto de la Argentina. Si las proyecciones se cumplen, cada uno de los ingenios de nuestra provincia se verá obligado a inmovilizar azúcares, como prenda para asegurar el cumplimiento de las pautas exportadoras que decida el Ipaat, y la situación de la actividad tenderá a normalizarse. Luego de más de 20 años, el Estado vuelve a inmiscuirse en los asuntos del azúcar. De la capacidad de gestión, de control y de multa que tenga el Estado dependerá el éxito de la propuesta. Hasta ahora los intereses privados han imperado por encima de los del conjunto, de modo que quienes tratarán este proyecto deberían debatirlo con sensatez y realismo, para que se encuentren caminos de solución y sea realmente efectivo.
La próxima semana se debatirá en la Legislatura el proyecto del Poder Ejecutivo, y se espera que esté en plena operatividad antes del inicio de la próxima zafra, previsto para mayo. Declarará de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y de alcohol elaborados a partir de la caña. Incluirá medidas tendientes a abastecer el mercado interno nacional de ambos productos, en resguardo de los derechos de los consumidores. Además prevé la estimulación de la producción de bioetanol combustible y de alcohol a partir de la caña de azúcar, en el marco de un desarrollo económico de la actividad sucroalcoholera con una producción ambientalmente sustentable. También fomentará la exportación de los saldos de azúcar y de alcohol no destinados al mercado interno a partir de un sistema de garantías para las exportaciones.
Además, se creará el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) como ente autárquico, con plena capacidad jurídica para actuar en el derecho público y privado en el marco de los actos y contrataciones vinculados a su funcionamiento. Estará integrado por dos representantes del Estado, dos industriales y dos cañeros. Los cañeros se quejan porque el sector industrial no estuvo a la altura de las expectativas que se habían generado en cuanto a que el mercado interno del azúcar se mantenga equilibrado. Por un lado, hay cuatro ingenios en Tucumán que nunca participan de los acuerdos de exportación de excedentes de azúcar que suscriben industriales y productores (el último fue en septiembre pasado), y en las dos últimas temporadas hubo incumplimientos en los compromisos de venta externa del producto por parte de fábricas que sí se habían sumado al acuerdo.
Estas empresas no sólo inundaron el mercado interno con azúcar que tenía destino de exportación, sino que, de acuerdo a las denuncias, a la vez lucraron con el azúcar que les habían retenido a los cañeros para ser enviada al mercado internacional.
La falta de capacidad del sector industrial para hacer rentable el negocio azucarero no sólo quedó evidenciada en una sobreoferta de unas 300.000 toneladas de azúcar que actúan como ancla para el precio del producto, sino por el reconocimiento expreso de tal responsabilidad por parte de industriales emblemáticos, como Julio Colombres y Jorge Rocchia Ferro.
A partir de la próxima semana ya nada será lo mismo en el sector azucarero tucumano, ni en el del resto de la Argentina. Si las proyecciones se cumplen, cada uno de los ingenios de nuestra provincia se verá obligado a inmovilizar azúcares, como prenda para asegurar el cumplimiento de las pautas exportadoras que decida el Ipaat, y la situación de la actividad tenderá a normalizarse. Luego de más de 20 años, el Estado vuelve a inmiscuirse en los asuntos del azúcar. De la capacidad de gestión, de control y de multa que tenga el Estado dependerá el éxito de la propuesta. Hasta ahora los intereses privados han imperado por encima de los del conjunto, de modo que quienes tratarán este proyecto deberían debatirlo con sensatez y realismo, para que se encuentren caminos de solución y sea realmente efectivo.
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