04 Febrero 2013 Seguir en 
Valorado por su importancia en la regulación climática y en la conservación de los suelos, el bosque brinda un gran servicio ambiental. En el caso del tórrido y lluvioso verano tucumano, la foresta contribuye -en teoría- a evitar o bien morigerar las inundaciones que en ciertas zonas son un tormento anual.
El valor económico y ambiental de la zona boscosa no se ve a simple vista, pero es elevado: por ello ha sido protegida por la Ley provincial n° 8.304 de Bosques de 2010, que replica la ley nacional 26.331, de 2007. Pero ninguna de las dos rige en plenitud, pese a que el mero hecho de haber establecido un ordenamiento por zonas de alto valor de conservación (roja), mediano valor (amarilla) y bajo valor (verde) ha contribuido a que el promedio de deforestación anual disminuyera casi un 20% desde 2007, según la organización Greenpeace. No obstante, el impulso arrasador no ha decrecido: más de 1,1 millón de hectáreas forestadas han sido destruidas desde 2007. Al mismo tiempo, se constató que se han realizado más desmontes en zonas protegidas.
Reglamentar una norma es lo que le permite entrar en funcionamiento concreto. Pero ese paso no se ha dado en Tucumán, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía la obligación de hacerlo en un plazo de 60 días (en 2010).
Otro problema es que el Estado, además, permitió desmontes, lo cual estaba prohibido por la ley nacional desde 2007. Requirió, también, aportes del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que suma casi $ 25 millones, destinados a fortalecer las instituciones implicadas en la norma. Las autoridades dicen que eso se está cumpliendo a pleno.
Según se constató, el PE no ha definido aún el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento), ni el trámite administrativo relativo al estudio de impacto ambiental y a la consulta a la ciudadanía exigidos por la norma para conceder la autorización para el desmonte. Tampoco fijó los plazos y el mecanismo para la adecuación de los aprovechamientos productivos.
O sea que hay demasiadas cuestiones sin definir; así como la resolución de cómo aplicar las multas.
Sin embargo, un funcionario explicó que la reglamentación ya está terminada en un 99% y que en pocos días más la norma estaría en funcionamiento pleno. Otro corrigió el concepto y dijo que la ley ya se aplica.
Basta observar el panorama que plantea Greenpeace para advertir que las demoras han generado muchos problemas. La organización señala que en el país hubo muchos conflictos entre productores sojeros y ganaderos con comunidades campesinas, a causa de los desmontes.
Esos conflictos son similares al protagonizado por un legislador que arrasó con 150 hectáreas en Arcadia, y que se hizo público por la denuncia de una comunidad indígena.
La problemática también fue expuesta por un funcionario de la Dirección de Flora y Fauna, a mediados del año pasado, que dijo que es difícil detectar todos los desmontes y que se trabaja fundamentalmente con denuncias.
La tarea es vasta. Es de esperar que las autoridades cumplan con sus dichos de que la reglamentación estará lista en estos días.
A partir de ello se tendrá elementos para actuar claramente en la conservación de los bosques, en la definición de usos y actividades permitidas en cada área y en la definición de sanciones. Un experto dijo que el panorama actual deja espacio para que la interpretación de las normas y su aplicación queden a merced de criterios personales, y eso jamás es bueno, porque no da garantías para la aplicación de la ley.
El valor económico y ambiental de la zona boscosa no se ve a simple vista, pero es elevado: por ello ha sido protegida por la Ley provincial n° 8.304 de Bosques de 2010, que replica la ley nacional 26.331, de 2007. Pero ninguna de las dos rige en plenitud, pese a que el mero hecho de haber establecido un ordenamiento por zonas de alto valor de conservación (roja), mediano valor (amarilla) y bajo valor (verde) ha contribuido a que el promedio de deforestación anual disminuyera casi un 20% desde 2007, según la organización Greenpeace. No obstante, el impulso arrasador no ha decrecido: más de 1,1 millón de hectáreas forestadas han sido destruidas desde 2007. Al mismo tiempo, se constató que se han realizado más desmontes en zonas protegidas.
Reglamentar una norma es lo que le permite entrar en funcionamiento concreto. Pero ese paso no se ha dado en Tucumán, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía la obligación de hacerlo en un plazo de 60 días (en 2010).
Otro problema es que el Estado, además, permitió desmontes, lo cual estaba prohibido por la ley nacional desde 2007. Requirió, también, aportes del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que suma casi $ 25 millones, destinados a fortalecer las instituciones implicadas en la norma. Las autoridades dicen que eso se está cumpliendo a pleno.
Según se constató, el PE no ha definido aún el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento), ni el trámite administrativo relativo al estudio de impacto ambiental y a la consulta a la ciudadanía exigidos por la norma para conceder la autorización para el desmonte. Tampoco fijó los plazos y el mecanismo para la adecuación de los aprovechamientos productivos.
O sea que hay demasiadas cuestiones sin definir; así como la resolución de cómo aplicar las multas.
Sin embargo, un funcionario explicó que la reglamentación ya está terminada en un 99% y que en pocos días más la norma estaría en funcionamiento pleno. Otro corrigió el concepto y dijo que la ley ya se aplica.
Basta observar el panorama que plantea Greenpeace para advertir que las demoras han generado muchos problemas. La organización señala que en el país hubo muchos conflictos entre productores sojeros y ganaderos con comunidades campesinas, a causa de los desmontes.
Esos conflictos son similares al protagonizado por un legislador que arrasó con 150 hectáreas en Arcadia, y que se hizo público por la denuncia de una comunidad indígena.
La problemática también fue expuesta por un funcionario de la Dirección de Flora y Fauna, a mediados del año pasado, que dijo que es difícil detectar todos los desmontes y que se trabaja fundamentalmente con denuncias.
La tarea es vasta. Es de esperar que las autoridades cumplan con sus dichos de que la reglamentación estará lista en estos días.
A partir de ello se tendrá elementos para actuar claramente en la conservación de los bosques, en la definición de usos y actividades permitidas en cada área y en la definición de sanciones. Un experto dijo que el panorama actual deja espacio para que la interpretación de las normas y su aplicación queden a merced de criterios personales, y eso jamás es bueno, porque no da garantías para la aplicación de la ley.
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