Por Álvaro José Aurane
29 Septiembre 2012
La primera noticia de que al Tribunal de Cuentas de Tucumán le sobraba dinero, y mucho, los tucumanos la recibieron en 2009. Durante la segunda mitad de ese año, la Legislatura sancionó la Ley 8.215, que declaró de utilidad pública la casona de San Lorenzo al 300, propiedad de la familia Manganelli. Según expuso el oficialismo en el recinto, la finalidad era demolerla para habilitar un acceso más cómodo a las cocheras del ente de contralor. Luego aclararon que el inmueble no sólo sería destinado para estacionamiento (a quién se le puede ocurrir) sino también para oficinas. Entonces, dictaron otra ley, la 8.223: especifica que el inmueble será destinado al funcionamiento de "dependencias" del organismo. Por entonces, justamente, la cúpula fiscalizadora aclaró que la expropiación sería enteramente pagada con "ahorros" (esa fue la palabra) de la institución.
¿Cuáles "ahorros"? Ese fue el extremo visible de un iceberg gigantesco, llamado "Excedentes Financieros". ¿Qué son los excedentes financieros? Hasta entonces, un concepto de teoría económica y, en cuanto al Estado provincial, casi un mito del que hablaban antiguas leyes. Es decir, se consideran excedentes financieros a todos los dineros que, cuando concluye el año (más precisamente, el ejercicio presupuestario) no han sido ejecutados por un organismo estatal. O sea, lo que sobró. Pero en la Administración Pública tucumana, nadie se queda con esos recursos, porque el 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo reclama todos esos excedentes... o casi todos.
Pero del témpano de los "Excedentes Financieros" del Tribunal de Cuentas apenas si había una mención. Ciertamente, se especulaba con que debía haber allí varios cientos de miles de pesos, a juzgar por el hecho de que, originalmente, el Tribunal de Cuentas estimó que no debía pagar más de $ 600.000 por la propiedad de 280 m2 de los Manganelli (hoy en juicio contra el Estado). Pero si no era posible saber exactamente en qué lugar del océano presupuestario flotaban esos dineros, mucho menos era factible determinar a qué monto ascendían... Hasta ahora.
Margen de error
Fue el 18 de noviembre pasado cuando hubo, por fin, un avistamiento documentado del iceberg con los "ahorros" del Tribunal de Cuentas. Se trata del curioso Acuerdo 3.178, suscripto por los tres vocales, que autoriza "el llamado a licitación pública 02/2011, con destino a la obra "Remodelación y Refacción del 4° Piso del Edificio del Tribunal de Cuentas de la Provincia". Lo "curioso" de esa acordada es que esos trabajos no se encuentran previstos en el Plan de Obras Públicas de la Provincia, aprobado por la Legislatura junto con el Presupuesto General de la Provincia. ¿Quién puede autorizar obras por fuera de esa planificación? El Tribunal de Cuentas. O sea, él mismo se autorizó a hacer remodelaciones y refacciones que él mismo fiscalizará y (allí la cuestión) que él mismo pagará.
El presupuesto para los arreglos del cuarto piso es de $ 365.000, "más un 10% para atender modificaciones, imprevistos y ampliaciones". Y provendrán "de la cuenta N° 0000020097995/3 - Excedentes Financieros".
En esa cuenta corriente del Banco del Tucumán, según pudo documentar esta columna, el saldo al 14 de agosto pasado era de 12.997.241 pesos. Con 30 centavos. ¿Es mucho o poco $ 13 millones en Excedentes Financieros para el Tribunal de Cuentas? La mejor comparación es con parámetros del propio Tribunal de Cuentas. De acuerdo con las planillas oficiales del Presupuesto General de la Provincia 2012 (Página 128: Programa 11 - Unidad Operativa N° 950 - Tribunal de Cuentas), se presupuestaron $ 250.000 para Bienes de Consumo y $ 1,1 millón para Servicios No Personales. Ambos ítems componen los denominados Gastos de Funcionamiento, que totalizan, $ 1,3 millones para 2012. O sea, el Tribunal de Cuentas tiene en una cuenta sobrantes de presupuestos ejecutados equivalentes a 10 años de gastos para poder funcionar. Y todo es para uso discrecional.
Es decir, se pueden usar montos de seis cifras, como los $ 365.000 (más un 10%) para remodelar oficinas cuando llegue el momento. O montos más reducidos. Como los $ 2.457,96 y los $ 3.903, 74, en ambos casos del 3 de agosto, por "Pago AFIP Transf. Electrónica". O los $ 36.887,42 del día 6 (Cheque por Cámara). O los $ 4.945,45 y los $ 16.950,59, ambos del día 7; los $ 32.494,07 del día 9; y los 2.063,49 del día 14; en estos últimos cuatro casos mediante "Cheque por Caja".
Los refuerzos
¿Es legal esta situación? Perfectamente legal. La Ley 6.930 sobre Excedentes Financieros determina que estos fondos "ingresarán como refuerzo financiero" y se "transferirán a una cuenta corriente" abierta "en la institución bancaria que actúe como agente financiero de la provincia".
¿Qué significa "refuerzo presupuestario"? A escala, el ejemplo sería el siguiente: una repartición determina que necesitará $ 100 para todo el año y los recibe, pero al final sólo gasta $ 80. Al año siguiente, requiere y recibe el mismo presupuesto de $ 100, pero gracias al excedente dispone de $ 120. Sólo que únicamente los $ 100 presupuestados para este nuevo año tienen asignación: los $ 20 que sobraron del año pasado (el refuerzo presupuestario) pueden ser empleados discrecionalmente por las autoridades de la dependencia. Justamente, con los millonarios excedentes financieros del Tribunal de Cuentas, el asunto no pasa por una cuestión de legalidad.
No suma
Los "ahorros" del Tribunal de Cuentas provienen de lo que sobra de la ejecución del presupuesto que reciben a partir del cálculo que presentan anualmente. Y resulta que, a juzgar por los saldos de agosto, el margen de error no se mide en porcentajes sino en décadas. El problema con semejantes yerros es que, después, a los ciudadanos que quieren creer que el organismo de contralor dibuja su presupuesto sobredimensionándolo exageradamente con el fin de manejar millones y millones de pesos discrecionalmente, se hace difícil explicarles que están equivocados.
Porque, dicho sea de paso, la discrecionalidad del empleo de los "excedentes financieros" es plena. El Tribunal de Cuentas no sólo se rinde cuentas a sí mismo, sino que además ni siquiera hace participar al Estado tucumano del más básico de los beneficios financieros: que el monto de esa cuenta corriente sume para que las cuentas de la provincia no queden en "rojo".
El mecanismo es así: el Gobierno paga obligaciones a diario con la plata de la cuenta Z-05. Pero a su vez, tiene dineros -en los montos más variados- en la infinidad de cuentas oficiales abiertas en el mismo banco (unas con $ 10.000, otras con $ 150 millones). La suma de esos recursos es el monto del FUCO: el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Cuando el FUCO tiene más que lo que salió por la Z-05, el Gobierno está feliz: no está en "rojo" y no paga intereses por estar "en descubierto".
Eso ocurre hoy, y el alperovichismo prende velas para seguir así hasta fin de año. Pero como no está seguro de ello, ensayó dos maniobras muy desgastantes este año. La primera fue manotear las cuentas judiciales (todo dinero que deposita un abogado por un juicio y que no ha registrado movimientos durante tres años). En el primer semestre de este año, las cuentas judiciales totalizaban $ 310 millones, pero sin discrimar las inmovilizadas de las que no lo están. Una cautelar, en marzo, frustró esa intentona. Entonces, el Ejecutivo hizo que la Legislatura lo autorice a tomar, cuando haga falta, préstamos por hasta $ 400 millones. Oficializó su debilidad y su frágil estabilidad, pero todo sea con tal de no quedar en "rojo".
En ese contexto, en el que todo peso suma para el colchón que evita el "descubierto" bancario, la "Cuenta N° 0000020097995/3 - Excedentes Financieros" del Tribunal de Cuentas no forma parte del FUCO. No está "adentro" de ese conjunto de cuentas oficiales. Se corta sola, que le dicen.
Algo desfasados
¿Quién debe controlar al Tribunal de Cuentas? Ninguno ni nadie sino el Poder Legislativo. Y no sólo porque él es el que presta acuerdo para designar a los vocales y porque a él le reserva la Constitución las facultades para removerlos, sino porque es la Legislatura la que aprueba el Presupuesto General de la Provincia. Y porque es ella la que, después de que ha sido gastado el Presupuesto, aprueba la Cuenta de Inversión. Ya sea por acción, debatiéndola y votándola; ya sea por omisión, cerrando la boca y olvidándose de ella, como siempre lo ha hecho. Y resulta que en los informes sobre las Cuentas de Inversión 2009, 2010 y 2011 (sólo por mencionar las que aún puede discutir la Cámara, pues no tienen aprobación ficta aún), el Tribunal de Cuentas (él elabora ese estudio) no menciona los excedentes financieros del Tribunal de Cuentas.
De modo que ya se sabe lo que sigue: es inminente la determinación del Poder Legislativo provincial de indagar acerca de los millonarios excedentes financieros del ente de contralor, sobre la base de que hay una cuenta con 13 millones de razones que indican que la pauta presupuestaria que le están haciendo aprobar se encuentra, por así decirlo, algo desfasada. Y porque la Cámara de $ 380 millones de Presupuesto 2012, que destina $ 75 millones a "Transferencias" con las que se pagan los "gastos sociales" de los parlamentarios, de los cuales en infinidad de casos se rinden cuentas mediante recibos "Húsares" escritos a mano y sin validez fiscal, no tiene el más mínimo condicionamiento para investigar al Tribunal de Cuentas que no le objeta esos comprobantes.
También cabe, por supuesto, la posibilidad de que nada ocurra. Porque si, en realidad, no existe el cepo cambiario en la Argentina, y se puede comer por $ 6 diarios, y no se es pobre con sólo ganar $ 13 diariamente, y la pobreza en Tucumán apenas si supera el 5%, ¿cuál es la incoherencia en que no haya control para los que controlan?
¿Cuáles "ahorros"? Ese fue el extremo visible de un iceberg gigantesco, llamado "Excedentes Financieros". ¿Qué son los excedentes financieros? Hasta entonces, un concepto de teoría económica y, en cuanto al Estado provincial, casi un mito del que hablaban antiguas leyes. Es decir, se consideran excedentes financieros a todos los dineros que, cuando concluye el año (más precisamente, el ejercicio presupuestario) no han sido ejecutados por un organismo estatal. O sea, lo que sobró. Pero en la Administración Pública tucumana, nadie se queda con esos recursos, porque el 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo reclama todos esos excedentes... o casi todos.
Pero del témpano de los "Excedentes Financieros" del Tribunal de Cuentas apenas si había una mención. Ciertamente, se especulaba con que debía haber allí varios cientos de miles de pesos, a juzgar por el hecho de que, originalmente, el Tribunal de Cuentas estimó que no debía pagar más de $ 600.000 por la propiedad de 280 m2 de los Manganelli (hoy en juicio contra el Estado). Pero si no era posible saber exactamente en qué lugar del océano presupuestario flotaban esos dineros, mucho menos era factible determinar a qué monto ascendían... Hasta ahora.
Margen de error
Fue el 18 de noviembre pasado cuando hubo, por fin, un avistamiento documentado del iceberg con los "ahorros" del Tribunal de Cuentas. Se trata del curioso Acuerdo 3.178, suscripto por los tres vocales, que autoriza "el llamado a licitación pública 02/2011, con destino a la obra "Remodelación y Refacción del 4° Piso del Edificio del Tribunal de Cuentas de la Provincia". Lo "curioso" de esa acordada es que esos trabajos no se encuentran previstos en el Plan de Obras Públicas de la Provincia, aprobado por la Legislatura junto con el Presupuesto General de la Provincia. ¿Quién puede autorizar obras por fuera de esa planificación? El Tribunal de Cuentas. O sea, él mismo se autorizó a hacer remodelaciones y refacciones que él mismo fiscalizará y (allí la cuestión) que él mismo pagará.
El presupuesto para los arreglos del cuarto piso es de $ 365.000, "más un 10% para atender modificaciones, imprevistos y ampliaciones". Y provendrán "de la cuenta N° 0000020097995/3 - Excedentes Financieros".
En esa cuenta corriente del Banco del Tucumán, según pudo documentar esta columna, el saldo al 14 de agosto pasado era de 12.997.241 pesos. Con 30 centavos. ¿Es mucho o poco $ 13 millones en Excedentes Financieros para el Tribunal de Cuentas? La mejor comparación es con parámetros del propio Tribunal de Cuentas. De acuerdo con las planillas oficiales del Presupuesto General de la Provincia 2012 (Página 128: Programa 11 - Unidad Operativa N° 950 - Tribunal de Cuentas), se presupuestaron $ 250.000 para Bienes de Consumo y $ 1,1 millón para Servicios No Personales. Ambos ítems componen los denominados Gastos de Funcionamiento, que totalizan, $ 1,3 millones para 2012. O sea, el Tribunal de Cuentas tiene en una cuenta sobrantes de presupuestos ejecutados equivalentes a 10 años de gastos para poder funcionar. Y todo es para uso discrecional.
Es decir, se pueden usar montos de seis cifras, como los $ 365.000 (más un 10%) para remodelar oficinas cuando llegue el momento. O montos más reducidos. Como los $ 2.457,96 y los $ 3.903, 74, en ambos casos del 3 de agosto, por "Pago AFIP Transf. Electrónica". O los $ 36.887,42 del día 6 (Cheque por Cámara). O los $ 4.945,45 y los $ 16.950,59, ambos del día 7; los $ 32.494,07 del día 9; y los 2.063,49 del día 14; en estos últimos cuatro casos mediante "Cheque por Caja".
Los refuerzos
¿Es legal esta situación? Perfectamente legal. La Ley 6.930 sobre Excedentes Financieros determina que estos fondos "ingresarán como refuerzo financiero" y se "transferirán a una cuenta corriente" abierta "en la institución bancaria que actúe como agente financiero de la provincia".
¿Qué significa "refuerzo presupuestario"? A escala, el ejemplo sería el siguiente: una repartición determina que necesitará $ 100 para todo el año y los recibe, pero al final sólo gasta $ 80. Al año siguiente, requiere y recibe el mismo presupuesto de $ 100, pero gracias al excedente dispone de $ 120. Sólo que únicamente los $ 100 presupuestados para este nuevo año tienen asignación: los $ 20 que sobraron del año pasado (el refuerzo presupuestario) pueden ser empleados discrecionalmente por las autoridades de la dependencia. Justamente, con los millonarios excedentes financieros del Tribunal de Cuentas, el asunto no pasa por una cuestión de legalidad.
No suma
Los "ahorros" del Tribunal de Cuentas provienen de lo que sobra de la ejecución del presupuesto que reciben a partir del cálculo que presentan anualmente. Y resulta que, a juzgar por los saldos de agosto, el margen de error no se mide en porcentajes sino en décadas. El problema con semejantes yerros es que, después, a los ciudadanos que quieren creer que el organismo de contralor dibuja su presupuesto sobredimensionándolo exageradamente con el fin de manejar millones y millones de pesos discrecionalmente, se hace difícil explicarles que están equivocados.
Porque, dicho sea de paso, la discrecionalidad del empleo de los "excedentes financieros" es plena. El Tribunal de Cuentas no sólo se rinde cuentas a sí mismo, sino que además ni siquiera hace participar al Estado tucumano del más básico de los beneficios financieros: que el monto de esa cuenta corriente sume para que las cuentas de la provincia no queden en "rojo".
El mecanismo es así: el Gobierno paga obligaciones a diario con la plata de la cuenta Z-05. Pero a su vez, tiene dineros -en los montos más variados- en la infinidad de cuentas oficiales abiertas en el mismo banco (unas con $ 10.000, otras con $ 150 millones). La suma de esos recursos es el monto del FUCO: el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Cuando el FUCO tiene más que lo que salió por la Z-05, el Gobierno está feliz: no está en "rojo" y no paga intereses por estar "en descubierto".
Eso ocurre hoy, y el alperovichismo prende velas para seguir así hasta fin de año. Pero como no está seguro de ello, ensayó dos maniobras muy desgastantes este año. La primera fue manotear las cuentas judiciales (todo dinero que deposita un abogado por un juicio y que no ha registrado movimientos durante tres años). En el primer semestre de este año, las cuentas judiciales totalizaban $ 310 millones, pero sin discrimar las inmovilizadas de las que no lo están. Una cautelar, en marzo, frustró esa intentona. Entonces, el Ejecutivo hizo que la Legislatura lo autorice a tomar, cuando haga falta, préstamos por hasta $ 400 millones. Oficializó su debilidad y su frágil estabilidad, pero todo sea con tal de no quedar en "rojo".
En ese contexto, en el que todo peso suma para el colchón que evita el "descubierto" bancario, la "Cuenta N° 0000020097995/3 - Excedentes Financieros" del Tribunal de Cuentas no forma parte del FUCO. No está "adentro" de ese conjunto de cuentas oficiales. Se corta sola, que le dicen.
Algo desfasados
¿Quién debe controlar al Tribunal de Cuentas? Ninguno ni nadie sino el Poder Legislativo. Y no sólo porque él es el que presta acuerdo para designar a los vocales y porque a él le reserva la Constitución las facultades para removerlos, sino porque es la Legislatura la que aprueba el Presupuesto General de la Provincia. Y porque es ella la que, después de que ha sido gastado el Presupuesto, aprueba la Cuenta de Inversión. Ya sea por acción, debatiéndola y votándola; ya sea por omisión, cerrando la boca y olvidándose de ella, como siempre lo ha hecho. Y resulta que en los informes sobre las Cuentas de Inversión 2009, 2010 y 2011 (sólo por mencionar las que aún puede discutir la Cámara, pues no tienen aprobación ficta aún), el Tribunal de Cuentas (él elabora ese estudio) no menciona los excedentes financieros del Tribunal de Cuentas.
De modo que ya se sabe lo que sigue: es inminente la determinación del Poder Legislativo provincial de indagar acerca de los millonarios excedentes financieros del ente de contralor, sobre la base de que hay una cuenta con 13 millones de razones que indican que la pauta presupuestaria que le están haciendo aprobar se encuentra, por así decirlo, algo desfasada. Y porque la Cámara de $ 380 millones de Presupuesto 2012, que destina $ 75 millones a "Transferencias" con las que se pagan los "gastos sociales" de los parlamentarios, de los cuales en infinidad de casos se rinden cuentas mediante recibos "Húsares" escritos a mano y sin validez fiscal, no tiene el más mínimo condicionamiento para investigar al Tribunal de Cuentas que no le objeta esos comprobantes.
También cabe, por supuesto, la posibilidad de que nada ocurra. Porque si, en realidad, no existe el cepo cambiario en la Argentina, y se puede comer por $ 6 diarios, y no se es pobre con sólo ganar $ 13 diariamente, y la pobreza en Tucumán apenas si supera el 5%, ¿cuál es la incoherencia en que no haya control para los que controlan?
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