"No se respeta la ley sobre discapacidad de las personas"

Los interesados tienen que hacen valer sus derechos constitucionales y legales a través de la judicialización, enfatizó una experta.

En la Argentina existen leyes provinciales, la ley nacional N° 24901 y tratados internacionales y locales que contemplan los derechos de las personas con discapacidad. Todos obligan a brindar un sistema de prestaciones básicas de atención integral, conforme a las necesidades y requerimientos individuales. "Sin embargo, nunca o pocas veces se cumple esta normativa, y por eso muchos casos se judicializan", apuntó Laura Subies, abogada de la Asociación de Padres de Infantes con Trastornos Neurológicos (Apadin), de Buenos Aires. Ella disertó en Tucumán sobre "Los derechos de las personas con discapacidad".

A poco de arribar, Subies habló con LA GACETA. Destacó que en la Argentina hay más de dos millones de personas con algún tipo de discapacidad, y por eso es fundamental que ellas y sus familias conozcan sus derechos.

- ¿Cuál es el primer paso que deben dar?

- Tramitar el certificado de discapacidad en el Ministerio de Salud de la Nación -que delega esta facultad a cada provincia- tal cual lo establece la ley nacional 24901. Sólo así se puede acceder al sistema que abarca no solo cuestiones médicas (medicamentos, rehabilitación, tratamiento, equipamiento, etc.) sino también otras que hacen a la integridad de la persona: educación, traslados, sistemas alternativos al grupo familiar (hogares, residencias), cobertura económica, vías de acceso a establecimientos públicos, etc.

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- ¿Se respeta esta norma?

- Hay mucha jurisprudencia al respecto. Cuando no la cumplen quienes tienen la obligación de hacerlo, se judicializa el caso a través de un amparo judicial y el juez termina obligando al agente de salud, por ejemplo, a cumplir con la prestación. Esto ocurre a diario. Si la persona no tuviera seguro de salud, los responsables son el Estado provincial y el Estado nacional. De cada 10 reclamos, tres logran la prestación, y generalmente a través de medios prejudiciales (intimaciones o mediaciones previas) o amparo judicial.

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- ¿El interesado debe reclamar sus derechos...?

- Así es. Nosotros damos muchas herramientas para que la gente pierda el temor a solicitar lo que verdaderamente es un derecho legal y constitucional. No es una dádiva, un subsidio o una excepción.

- ¿Ponen trabas para afiliar a personas con discapacidad?

- No debería haber precedentes, pero los hay. Las prestadoras de salud tienen la obligación de afiliar a quienes lo deseen. Frente a la negativa o demora el interesado debe iniciar la judicialización del caso. Este es un derrotero casi de rigor en nuestro país. Mucha gente no reclama sus derechos por desconocimiento, por miedo, y las familias deben cargar con todo el peso de la discapacidad y al mismo tiempo luchar contra un sistema que es perverso...

- Cómo es la asignación por hijo discapacitado...

-Las asignación familiar por hijo convencional o cónyuge tienen tope de salario: unos $ 5.800. Si supera esta cifra, no cobran. Pero la asignación especial por hijo discapacitado no tiene tope de salario, y el monto varía conforme al rango del salario. Si alguien percibiera un sueldo de $50.000 -por ejemplo- lo mismo debe cobrar la asignación por hijo con discapacidad. La suma, obviamente, será menor a la de un empleado que tenga un sueldo más bajo.

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