Una decisión de alto impacto

BUENOS AIRES.- La decisión del Gobierno de expropiar el 51% de las acciones de la empresa española Repsol en la petrolera YPF puede considerarse como una de las medidas más resonantes del Gobierno en los últimos años, dado que tendrá importantes consecuencias tanto a nivel político como económico. En el plano político, no sólo enfriará la relación bilateral con España, hasta ahora uno de los principales socios de la Argentina entre los países desarrollados, sino que podría trastocar el escenario interno porque se trata de una medida reclamada por sectores de la centroizquierda.

El envío del proyecto al Congreso y la necesidad de su aprobación por los dos tercios de ambas cámaras refleja la intención política de la Presidenta de forzar definiciones entre las fuerzas de la oposición. El Gobierno también procura, en el terreno político, marcar a fuego la agenda de los próximos meses, en procura de descomprimir los cuestionamientos que afrontan algunas de sus figuras más empinadas, como el vicepresidente Amado Boudou.

A nivel económico, la medida refleja en algún punto un reconocimiento del Gobierno de que el "modelo" tiene serias dificultades de permanencia y desarrollo con la actual matriz energética, altamente deficitaria, que en los últimos años aspiró miles de millones de dólares de las arcas estatales.

Por cierto que la decisión de la Presidenta también puede interpretarse como una confirmación del avance de los sectores más duros del Gobierno, representados por funcionarios como el viceministro de Economía Axel Kicillof, que trabajan sobre la idea fuerza de la "profundización del cambio".

Los resultados, con todo, sólo podrán medirse con el paso del tiempo: ninguna medida adoptada en un marco de legalidad debería ser descalificada en función de posiciones tomadas previamente, ni aplaudida de manera seguidista por cuestiones de conveniencia política.