29 Agosto 2011
En la última década, la comuna rural de El Chañar se convirtió en un territorio convulsionado en el aspecto político. Ayer no fue la excepción durante los comicios para renovar autoridades.
En la carrera se anotaron Ignacio Saucedo (Libres del Sur), Mario Olivera (Comunidad en Organización), Rosa Rodríguez (Militancia Territorial), Paola Carrizo (Militancia Popular), Carlos Salazar (Frente para la Victoria), Ricardo Ferreyra (Frente Provincial), Carlos Giacosa (Frente Unidad Popular y Federal) y Enrique Ignacio Robles (Todos por Tucumán).
El 20 de abril de 2004, el entonces delegado comunal, Robles quedó envuelto en una polémica por la distribución de los planes sociales "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados". Sin embargo, logró mantener el cargo hasta que el 22 de enero de 2007, el Gobierno decretó la intervención de la comuna a partir de otro escándalo desatado por las denuncias referidas a contrataciones irregulares de empleados.
"No voy a proteger a nadie. Di instrucciones a mis funcionarios para que redacten el decreto de intervención", anunció en aquel momento el gobernador, José Alperovich.
Además, la Justicia ordenó la detención del funcionario y de su hermana y que era secretaria habilitada de la comuna, María Argelia Robles, por los presuntos delitos de fraude a la administración pública y de estafa.
En la carrera se anotaron Ignacio Saucedo (Libres del Sur), Mario Olivera (Comunidad en Organización), Rosa Rodríguez (Militancia Territorial), Paola Carrizo (Militancia Popular), Carlos Salazar (Frente para la Victoria), Ricardo Ferreyra (Frente Provincial), Carlos Giacosa (Frente Unidad Popular y Federal) y Enrique Ignacio Robles (Todos por Tucumán).
El 20 de abril de 2004, el entonces delegado comunal, Robles quedó envuelto en una polémica por la distribución de los planes sociales "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados". Sin embargo, logró mantener el cargo hasta que el 22 de enero de 2007, el Gobierno decretó la intervención de la comuna a partir de otro escándalo desatado por las denuncias referidas a contrataciones irregulares de empleados.
"No voy a proteger a nadie. Di instrucciones a mis funcionarios para que redacten el decreto de intervención", anunció en aquel momento el gobernador, José Alperovich.
Además, la Justicia ordenó la detención del funcionario y de su hermana y que era secretaria habilitada de la comuna, María Argelia Robles, por los presuntos delitos de fraude a la administración pública y de estafa.
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