07 Julio 2003 Seguir en 
Por el incumplimiento en las operatorias FET y paralela, el Gobierno acumuló una deuda de $ 64,5 millones entre agosto y octubre del año pasado. Durante ese período, el Poder Ejecutivo no pudo realizar el canje de bonos por efectivo, aduciendo problemas financieros. Pero esos Bocade sirvieron para pagar los sueldos de dos meses a los agentes públicos.
En total, los acreedores fueron 440 empresas y particulares. Al 70% de ellos se le canceló los depósitos en efectivo, por tratarse de montos pequeños que no impactaban con fuerza en las finanzas públicas. Desde principios de año, el Ministerio de Economía comenzó un lento proceso de negociación con otras 136 firmas, cuyos depósitos oscilaron entre los $ 4,2 millones y los $ 32.000. A esa franja se le ofreció el pago de la deuda con pesos, cheques diferidos y Docof.
En un informe del Ministerio de Economía se afirma que existen 94 empresas radicadas en la provincia que firmaron el formulario de aceptación de la propuesta de pago por una deuda global de $ 33,2 millones. El diagnóstico sostiene que sobre un total de $ 15 millones de Docof entregados, ya ingresaron a la Dirección de Rentas $ 8,1 millones por el pago de impuestos provinciales. El resto será rescatado anticipadamente por el Gobierno o negociado por sus tenedores en el mercado secundario.
La deuda
Lo que desvela a los funcionarios es otra franja de acreedores que no aceptó la forma de pago. Se trata de 42 firmas de distintos rubros a las que el Estado les adeuda $ 30,4 millones (el equivalente a una planilla salarial mensual del sector público). A esa deuda hay que deducirle los embargos judiciales por $ 12,5 millones, que las firmas plantearon para la restitución de los Bocade. "Creemos que primará la cordura y que los directivos de las 27 empresas que aún no aceptaron los Docof se acercarán a firmar el formulario", dijo una alta fuente gubernamental. La preocupación oficial está dada frente a una nueva catarata de embargos por un monto estimado en $ 18 millones. "Eso significaría el descalabro financiero de la provincia", conjeturó una fuente.
En total, los acreedores fueron 440 empresas y particulares. Al 70% de ellos se le canceló los depósitos en efectivo, por tratarse de montos pequeños que no impactaban con fuerza en las finanzas públicas. Desde principios de año, el Ministerio de Economía comenzó un lento proceso de negociación con otras 136 firmas, cuyos depósitos oscilaron entre los $ 4,2 millones y los $ 32.000. A esa franja se le ofreció el pago de la deuda con pesos, cheques diferidos y Docof.
En un informe del Ministerio de Economía se afirma que existen 94 empresas radicadas en la provincia que firmaron el formulario de aceptación de la propuesta de pago por una deuda global de $ 33,2 millones. El diagnóstico sostiene que sobre un total de $ 15 millones de Docof entregados, ya ingresaron a la Dirección de Rentas $ 8,1 millones por el pago de impuestos provinciales. El resto será rescatado anticipadamente por el Gobierno o negociado por sus tenedores en el mercado secundario.
La deuda
Lo que desvela a los funcionarios es otra franja de acreedores que no aceptó la forma de pago. Se trata de 42 firmas de distintos rubros a las que el Estado les adeuda $ 30,4 millones (el equivalente a una planilla salarial mensual del sector público). A esa deuda hay que deducirle los embargos judiciales por $ 12,5 millones, que las firmas plantearon para la restitución de los Bocade. "Creemos que primará la cordura y que los directivos de las 27 empresas que aún no aceptaron los Docof se acercarán a firmar el formulario", dijo una alta fuente gubernamental. La preocupación oficial está dada frente a una nueva catarata de embargos por un monto estimado en $ 18 millones. "Eso significaría el descalabro financiero de la provincia", conjeturó una fuente.
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