El Gobierno busca evitar más embargos

En un nuevo intento por frenar los embargos en las cuentas oficiales, el Gobierno mejorará las condiciones de utilización de los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof). El Poder Ejecutivo ofreció esos instrumentos como parte de pago de la deuda que aún mantiene con numerosas empresas que depositaron bonos en la operatoria FET (a 28 y a 56 días) y que aún no recuperaron ese dinero. A fines del año pasado, el Gobierno ofreció una forma de pago de la deuda de $ 64,5 millones generada por el incumplimiento en el canje de Bocade por efectivo. De ese total, se convino el pago con efectivo ($ 7 millones), con cheques diferidos ($ 13 millones) y con Docof ($ 44,5 millones).
El secretario de Hacienda, Eduardo Jairala, anunció que en la reglamentación de la ley que ahora obliga a los acreedores del Estado a recibir los Docof, se introducirán modificaciones sustanciales para el uso de los documentos. Si son titulares de los Docof, las empresas podrán pagar hasta un 30% (antes era el 20%) de los impuestos declarativos vencidos a principios de año. Para los tenedores secundarios, en tanto, el beneficio se incrementará del 10% al 15%.
En la reglamentación de la norma, se mantiene la posibilidad de que los tenedores puedan pagar con Docof el 100% de las deudas que registren en Rentas por los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor).
El Ministerio de Economía emitirá desde esta semana $ 6 millones en cheques diferidos (vencerán entre enero y junio de 2004) con los que se rescatarán anticipadamente los Docof entregados a los acreedores. "Estos beneficios tienden a mejorar la forma de pago de la deuda del ?corralito de los bonos? y, a la vez, se constituyen en una reafirmación de la voluntad de pago que tiene el Estado", puntualizó Jairala. Agregó que esas acciones también posibilitarán "el aumento de la cotización de los Docof en el mercado secundario". En las "cuevas" esos instrumentos son convertidos a pesos y se reconoce el 85% de su valor nominal.

Amparos
Entre el 29 de mayo pasado y el 2 del corriente, la Justicia hizo lugar a las acciones de amparo presentadas por 15 empresas radicadas en la provincia que recurrieron a la instancia judicial para recuperar sus depósitos. Con esas medidas, el Gobierno tuvo que devolver bonos por $ 8,8 millones en bonos. No obstante, aún está pendiente otro embargo por casi $ 3,7 millones solicitado por una firma proveedora de productos lácteos.