03 Julio 2003 Seguir en 
La Dirección General de Rentas estimó que alrededor de 240.000 empadronados no pagan los impuestos Inmobiliario y Automotor (el 56% del total de inscriptos). La alta morosidad fue analizada por expertos tributarias consultados por LA GACETA, quienes coincidieron en tres aspectos fundamentales:
Además de atacar esa morosidad, el Gobierno debe premiar al contribuyente que demostró una buena conducta fiscal.
Se debe tener en cuenta la recesión económica, es decir, aplicar un principio de equidad entre aquel contribuyente que no puede pagar por efecto de la crisis y los sectores que tiene alto poder adquisitivo.
El tercer aspecto es que el Estado transparente sus gastos para dar señales a la sociedad de que el tributo se vuelca en los servicios esenciales (educación, salud y seguridad).
"Es real de que existe una inconducta fiscal, pero el Gobierno también debe velar por aquel 44% del padrón que sí paga regularmente sus tributos, con la aplicación de bonificaciones que lo alienten a mantener esa conducta", indicó Víctor Bono. "El Estado debe demostrar, a través de servicios eficientes, que tiene la autoridad moral para cobrar los tributos y, a la vez, ejercer una acción fuerte contra el moroso, aunque resulte antipática la medida", puntualizó.
Según el presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Ricardo Nassif, Rentas debe aumentar el "riesgo subjetivo" que implique el hecho de que aquel contribuyente que no pague será debidamente sancionado, teniendo en cuenta su capacidad contributiva. "El cumplimiento voluntario del pago del impuesto está directamente relacionado con cómo gasta el Estado el dinero que se aporta. Debe haber transparencia en el gasto público", manifestó.
El sinceramiento
La Dirección de Rentas está en pleno proceso de actualización de datos para el revalúo inmobiliario, para detectar las nuevas construcciones no declaradas por sus propietarios. Desde este punto de vista, Giselle Courtade de Benito, profesora adjunta de Teoría y Técnica Impositiva II de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, consideró que es imprescindible actualizar el padrón inmobiliario. "Debe existir un sinceramiento de los contribuyentes, quienes deben declarar las nuevas construcciones; y a la vez, el Estado debe efectuar un buen relevamiento", señaló.
La docente consideró, además, que una de las consecuencias de la alta morosidad es la situación de ruptura del contrato social en el país. "El ciudadano quiere ver que el dinero que aporta se vuelque en obras", acotó.
Además de atacar esa morosidad, el Gobierno debe premiar al contribuyente que demostró una buena conducta fiscal.
Se debe tener en cuenta la recesión económica, es decir, aplicar un principio de equidad entre aquel contribuyente que no puede pagar por efecto de la crisis y los sectores que tiene alto poder adquisitivo.
El tercer aspecto es que el Estado transparente sus gastos para dar señales a la sociedad de que el tributo se vuelca en los servicios esenciales (educación, salud y seguridad).
"Es real de que existe una inconducta fiscal, pero el Gobierno también debe velar por aquel 44% del padrón que sí paga regularmente sus tributos, con la aplicación de bonificaciones que lo alienten a mantener esa conducta", indicó Víctor Bono. "El Estado debe demostrar, a través de servicios eficientes, que tiene la autoridad moral para cobrar los tributos y, a la vez, ejercer una acción fuerte contra el moroso, aunque resulte antipática la medida", puntualizó.
Según el presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Ricardo Nassif, Rentas debe aumentar el "riesgo subjetivo" que implique el hecho de que aquel contribuyente que no pague será debidamente sancionado, teniendo en cuenta su capacidad contributiva. "El cumplimiento voluntario del pago del impuesto está directamente relacionado con cómo gasta el Estado el dinero que se aporta. Debe haber transparencia en el gasto público", manifestó.
El sinceramiento
La Dirección de Rentas está en pleno proceso de actualización de datos para el revalúo inmobiliario, para detectar las nuevas construcciones no declaradas por sus propietarios. Desde este punto de vista, Giselle Courtade de Benito, profesora adjunta de Teoría y Técnica Impositiva II de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, consideró que es imprescindible actualizar el padrón inmobiliario. "Debe existir un sinceramiento de los contribuyentes, quienes deben declarar las nuevas construcciones; y a la vez, el Estado debe efectuar un buen relevamiento", señaló.
La docente consideró, además, que una de las consecuencias de la alta morosidad es la situación de ruptura del contrato social en el país. "El ciudadano quiere ver que el dinero que aporta se vuelque en obras", acotó.
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