La lentitud en el retiro de los bonos genera preocupación en el Gobierno

La lentitud con que se desarrolla el retiro de los bonos de cancelación de deudas (Bocade) genera preocupación en la Casa de Gobierno, cuyos funcionarios aspiraban a que hasta mediados de este mes, se rescaten los $ 169 millones de la emisión declarada ante el Banco Central.
Luego de su licencia, el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, comenzó ayer a delinear algunas alternativas para que avance el rescate. Hasta anoche había consenso para dictar un decreto reduciendo el plazo de las operatorias de conversión vigente. En este contexto, crece la posibilidad de que la operatoria FET especial llegue sólo hasta el 21, es decir, ocho días antes de la fecha en la que el Bocade perderá poder cancelatorio. Del mismo modo y teniendo en cuenta el bajo volumen de canje minorista (hasta $ 500), el área económica definiría que ese sistema se cierre el viernes 25.
El Ministerio de Economía intenta que los últimos dos días hábiles del plan de rescate sirvan para cerrar la etapa administrativa del proceso de unificación monetaria.
En el Banco del Tucumán comparten la preocupación. Sus directivos temen que haya aglomeraciones de tenedores de Bocade en la última semana del programa de retiro de la cuasimoneda.
El agente financiero de la Provincia realizó ayer operaciones de conversión de bonos por efectivo, con el 9% de desagio, por un total de $ 2,4 millones, un monto superior al promedio diario ($ 1,8 millón). Hasta ahora se inutilizaron bonos por $ 112,9 millones, con lo que aún quedarían en circulación alrededor de $ 56,1 millones.

La Provincia debe devolver Bocade por $ 2 millones

La Justicia condenó al Gobierno a que devuelva bonos por alrededor de $ 2 millones a una empresa de servicios públicos que, desde el año pasado, intenta recuperar los depósitos de la cuasimoneda que efectuó en la vieja operatoria FET. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a las acciones de amparo presentadas por Telefónica Argentina y Telefónica Comunicaciones Personales, con el patrocinio del estudio Palacio y Avellaneda.
Con la firma de Carlos Novillo y de Carlos Giovanello, la cámara judicial interpretó que la imposición por parte del Estado de obligar a aceptar los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof), como parte de pago de la deuda, implicaba una suerte de requisición coactiva del patrimonio de las empresas y una exigencia compulsiva de anticipar la cancelación de obligaciones tributarias no nacidas. Los abogados patrocinantes de la firma proveedora de servicios telefónicos consideraron que este argumento se asienta en el hecho de que Telefónica "no mantiene deuda vencida con Rentas, ni con otros organismos estatales, y que pagó por adelantado Ingresos Brutos, por lo que no tiene sentido recibir los Docof".
Desde el Poder Ejecutivo temen que hoy se trabe otro embargo, por $ 1 millón, por parte de otra firma que quedó atrapada en el "corralito de los bonos". El secretario de Hacienda, Eduardo Jairala, indicó a LA GACETA que estas acciones judiciales ponen en peligro el pago de los sueldos a los estatales". "La provincia está en plena emergencia económica; es cierto que existió un incumplimiento por parte del Estado, pero ahora mejoraron las condiciones de pago de la deuda", justificó.