Rechazaron que Herrera lleve la acusación

"Fue un secuestro ilegal. El 30 de noviembre de 2004 a las 14.40, cuando la Policía obtuvo el arma reglamentaria de Alejandro Darío Pérez del interior de su automóvil Renault Clio sin orden judicial, realizaron un procedimiento absolutamente nulo". El abogado Gustavo Morales planteó ayer la nulidad del procedimiento que derivó en la obtención de la pistola calibre 9 mm de su cliente, acusado por el homicidio del juez Héctor Agustín Aráoz.

El arma, una de las piezas clave en la investigación, podría ser separada así de la causa. Sin embargo, el letrado aún no tendrá la respuesta, ya que los vocales de la sala I de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Emilio Páez de la Torre, resolvieron responder el planteo cuando den la sentencia.

Quien sí obtuvo una respuesta casi instantánea, aunque no satisfactoria para él, fue el defensor de Ema Hortencia Gómez, el abogado Mario Mirra. "La representante del Ministerio Público (la fiscala Juana Prieto de Sólimo) ya emitió opinión en el proceso. Y ya vemos, por las actitudes que está tomando en el debate, que su postura será la de pedir condenas", dijo Mirra, luego de que la fiscala pidiera una serie de pericias como pruebas. "Quien tiene al fiscal como juez, necesita a Dios como defensor -añadió-. Solicito, entonces, que venga a ocupar ese lugar el fiscal de Instrucción, Guillermo Herrera, para sostener la acusación".

El presidente del tribunal, Roldán Vázquez, dialogó brevemente con sus pares y le contestó. "El planteo es improcedente, en cuanto el rol de la fiscala no es juzgar, sino proceder a la aplicación de la ley con prescindencia de si los actos que propone son a favor o en contra de la parte o el imputado", señaló. Y aclaró: "en este caso, el rol de la fiscala está perfectamente cumplido".

A la tarde, cuando se reanudó el debate, Morales continúo con sus planteos. Atacó dos actas por supuesta falsificación de firma y solicitó que sean realicen pericias caligráficas a Herrera y a un subcomisario. "Las actas son instrumentos públicos, y como tales sólo pueden ser impugnadas a través del procedimiento de redargución de falsedad, planteo que no fue realizado en seis años", le contestó la abogada de la acción civil, Dolores Leone Cervera.

Además, Morales planteó una excepción de prescripción, ya que considera que ha pasado el tiempo establecido por la ley para que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público sea punible, pedido al que se adhirió Cergio Morfil, defensor de Rodolfo Domínguez. "Hay cosa juzgada. Ya se resolvió previamente que no había prescripto el plazo de prescripción", argumentó el letrado de la querella, Dante Ibáñez.

Cuando llegó el período de ofrecimiento de prueba, los abogados solicitaron que sean incorporadas, en total, 27 pruebas, entre testigos nuevos, informes y pericias. "Muchas de estas pruebas se ofrecieron y nunca fueron producidas por las partes. Que no pretendan suplir ahora su negligencia anterior", exclamó la fiscala.