"La Justicia no debe recibir ningún tipo de presión"

"De los 149 arrebatadores aprehendidos el año pasado en la provincia, sólo el 2% está preso". La estadística, dada a conocer por el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, no pasó inadvertida en los pasillos de Tribunales. Y, ante una consulta de LA GACETA, el presidente de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, manifestó su opinión. "Los jueces están para revisar si existe razón o no para privar de la libertad a una persona. Un imputado no pasa a ser delincuente porque lo diga un funcionario, sino cuando tiene una sentencia firme luego de un juicio. La Justicia se debe caracterizar por no recibir presiones de ningún tipo. Ni de otros Poderes ni de ningún ámbito. Las manifestaciones se deben tener en cuenta, pero siempre que sean canalizadas de la manera apropiada. Sobre todo cuando se trata de organismos que son auxiliares de la Justicia", expresó el vocal de la sala I de la Cámara Penal.

El miércoles, el comisario Sánchez se había mostrado preocupado porque, según él, "el delincuente sabe que comete un delito y en 10 días sale". En sus dichos, aclaró que no tenía ánimos de confrontar con jueces ni fiscales. "El sistema tiene que cambiar", añadió en esa ocasión el funcionario. Todo esto en el marco de la conmoción que generó el caso de la escribana María Isabel Osores, fallecida el lunes luego de un brutal ataque perpetrado por arrebatadores en Villa Alem. Los cuatro detenidos en la causa ya habían sido arrestados varias veces por la Policía. "Así es difícil hacer prevención", aseveró el comisario general.

El gobernador, José Alperovich, no quiso polemizar sobre la cuestión. "Cada uno sabe cuál es la función que debe cumplir y qué parte le toca", dijo. Y agregó: "no creo que se necesiten leyes más duras, sino que es suficiente con que cada uno cumpla con su labor; aunque hay que seguir trabajando en conjunto y no echarle la culpa a ningún sector en particular".

El camarista Roldán Vázquez recordó que cada esfera del Estado tiene sus funciones. "Es de esperar que el cumplimiento de las órdenes judiciales se haga en forma pronta y estricta por parte de la Policía, para garantía de los ciudadanos. La seguridad y prevención de los hechos delictivos, en el sistema republicano, es responsabilidad exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo. Por el contrario, los jueces deben verificar en cada caso la existencia de pruebas suficientes, obtenidas con respeto de la ley y de la Constitución, y ponderar también en cada caso las razones legales que autorizan a privar de la libertad o prolongar el encarcelamiento de las personas", advirtió Roldán Vázquez. "Esta es la forma de vida de una sociedad civilizada y democrática, por oposición a la de un sistema autocrático en el que la libertad, la vida y los derechos de las personas se sacrifican a la conveniencia política de un poder de turno, que pudiera elegir dar respuesta a los reclamos de la comunidad sobre seguridad ciudadana, a costa de los derechos de esa misma comunidad", dijo. Por último, dio su parecer sobre el fallo que emitió recientemente la Corte Suprema de Justicia, en el que se señala la inconstitucionalidad de la actual Ley de Contravenciones. "El contenido de esa sentencia no invalida la Ley de Contravenciones. La Policía no está impedida de actuar, pero debe respetar los derechos individuales de las personas. La norma, tal como está, directamente deja sin posibilidad de revisión judicial esas privaciones de libertad, por lo menos durante las 48 horas iniciales", explicó. "Incluso -agregó- la Corte Suprema cita en su fallo el caso de Walter Bulacio, un joven de 17 años que perdió la vida al ser privado de la libertad mediante un sistema de arbitrio policial sin control judicial, similar al de la ley de Contravenciones de Tucumán, hoy declarada inconstitucional", subrayó el magistrado.