Asambleístas dicen que el bloqueo de ruta no es un capricho

BUENOS AIRES.- El asambleísta Juan Ferrari, sindicado como uno de los posibles denunciados por el Gobierno por encabezar el corte de ruta en Gualeguaychú, sostuvo ayer que no es un capricho mantener ese bloqueo. En tanto, la Iglesia abogó por un acercamiento entre las partes en conflicto. Las declaraciones del asambleísta son una respuesta directa a la acusación que formuló el miércoles el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, luego de anunciar que el Poder Ejecutivo planeaba querellar a figuras visibles del corte de ruta en Entre Ríos. "Es un medida de fuerza que tiene una dirección: que es que el gobierno se haga cargo", apuntó el asambleísta.

El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri visitó el viernes Concordia, donde aprovechó para pedir el fin del "festival de subsidios y tener de una vez por todas una política que esté al servicio de generar empleo y volver a tener una buena relación con los países vecinos", en referencia a la tensión con Uruguay.

Por su parte, el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, abogó por un "acercamiento entre las partes" que se encuentran distanciadas por el conflicto generado por la instalación de la planta de UPM (ex Botnia). Maulión destacó el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Además, dijo coincidir con la postura del obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, quien sostuvo que "el compromiso de siempre velar por la fraternidad de los dos pueblos, pero acompañar los reclamos legítimos que tiene la ciudadanía".

La presidenta, Cristina Fernández, firmó el viernes el decreto para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al Gobierno como querellante contra los asambleístas de Gualeguaychú y se pueda proceder al desalojo del corte en el puente que comunica con Uruguay. Con el decreto, habilitó al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que haga la presentación correspondiente ante el juez federal subrogante Gustavo Pimentel, pero hasta el momento no fue concretada, según se informó.

Desde el Concejo Deliberante de Gualeguaychú surgió una declaración de los legisladores, a excepción de los oficialistas, en la que se condenó la "criminalización del reclamo social por parte del Gobierno nacional, intentando silenciar la lucha de nuestra ciudad". (DyN)