06 Junio 2010 Seguir en 
Una nueva reforma del Código Procesal Penal está en marcha. El jueves, un grupo de fiscales de la provincia se reunió con legisladores para entregarles un proyecto consensuado en la Justicia para reformular el capítulo que regla los procedimientos establecidos para casos de flagrancia.
Los fiscales Mónica García de Targa (Monteros), Edgardo Sánchez y Juana Juárez (Concepción), Teresita Marnero y Guillermo Herrera (Capital) entregaron el proyecto, avalado por el ministro fiscal Luis De Mitra. El mismo, indicaron, tiene como objeto la necesidad de dar respuestas a la sociedad frente a la inseguridad y creciente índice de litigiosidad penal, lo que conlleva la necesidad de adoptar procedimientos mas rápidos. Para esto, dijeron, hace falta una nueva estructura administrativa.
En cierta medida, los fiscales se quejaron de que cuando se reformó el Código, hace poco más de dos años, no se les consultó. Los legisladores habían creado una norma mediante la cual podía dictarse prisión preventiva contra delincuentes que habían sido arrestados en flagrancia. Pero esta modificación fue objetada por la Cámara de Apelaciones, que la declaró inconstitucional advirtiendo que se imponía prisión preventiva para delitos que incluso eran excarcelables por el tiempo de la pena. Los funcionarios judiciales requieren la modificación de cinco artículos del Código Penal: el 317, referido al proceso para el caso de flagrancia; el 319, que fija plazos para la identificación y la investigación; el 320, para poder prorrogar los plazos de la investigación; el 321, que habla de la suspensión del juicio a la prueba y el sometimiento a juicio abreviado y el 322 que fija los plazos para la elevación a juicio.
De la reunión participaron los legisladores Daniel Heredia, Sergio Miranda, José Teri, Carlos Assan y Hugo Balceda y Carlos Canevaro. Ellos analizarán el proyecto para ver si es viable.
Los fiscales Mónica García de Targa (Monteros), Edgardo Sánchez y Juana Juárez (Concepción), Teresita Marnero y Guillermo Herrera (Capital) entregaron el proyecto, avalado por el ministro fiscal Luis De Mitra. El mismo, indicaron, tiene como objeto la necesidad de dar respuestas a la sociedad frente a la inseguridad y creciente índice de litigiosidad penal, lo que conlleva la necesidad de adoptar procedimientos mas rápidos. Para esto, dijeron, hace falta una nueva estructura administrativa.
En cierta medida, los fiscales se quejaron de que cuando se reformó el Código, hace poco más de dos años, no se les consultó. Los legisladores habían creado una norma mediante la cual podía dictarse prisión preventiva contra delincuentes que habían sido arrestados en flagrancia. Pero esta modificación fue objetada por la Cámara de Apelaciones, que la declaró inconstitucional advirtiendo que se imponía prisión preventiva para delitos que incluso eran excarcelables por el tiempo de la pena. Los funcionarios judiciales requieren la modificación de cinco artículos del Código Penal: el 317, referido al proceso para el caso de flagrancia; el 319, que fija plazos para la identificación y la investigación; el 320, para poder prorrogar los plazos de la investigación; el 321, que habla de la suspensión del juicio a la prueba y el sometimiento a juicio abreviado y el 322 que fija los plazos para la elevación a juicio.
De la reunión participaron los legisladores Daniel Heredia, Sergio Miranda, José Teri, Carlos Assan y Hugo Balceda y Carlos Canevaro. Ellos analizarán el proyecto para ver si es viable.
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