23 Marzo 2010 Seguir en 
"Los internos que son adictos a las drogas, en algún momento, recuperarán la libertad. Hay que entender que su enfermedad no sólo los perjudica a ellos, sino también a toda la sociedad", señaló el camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas. Ayer, el vocal de la sala VI de la Cámara Penal envió oficios a diferentes autoridades de la provincia -entre ellas, el gobernador, José Alperovich- disponiendo que se dé asistencia dentro de la cárcel de Villa Urquiza, en un pabellón aislado, a los reos que ingieren estupefacientes. Además, envió escritos a los titulares de las fiscalías federales y locales para que se investigue cómo y quién ingresa la droga a la penitenciaría más importante de Tucumán.
En noviembre, cuando guardiacárceles encontraron droga en poder de un reo a cargo de la sala VI de la Cámara Penal, Ruiz Vargas ordenó que especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF) del Poder Judicial sometieran a análisis de orina a los 78 presos a disposición del tribunal. Hasta ahora, se supo que 13 de 24 presos habían consumido marihuana, cocaína o psicofármacos. Uno de ellos está internado en el Hospital Psiquiátrico Obarrio ya que presentaba signos evidentes de padecer una severa adicción a sustancias ilegales.
Ayer, Ruiz Vargas (que integra la sala junto a las vocales Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg) le envió un oficio al CMF solicitándole que se le remita los resultados totales del informe.
Además, el juez remitió 10 escritos más. El primero de ellos está dirigido al ministro de Salud, Pablo Yedlin, a quien se le solicita que envíe psicólogos y psiquiatras al penal de Villa Urquiza. "Esto, atendiendo a lo aconsejado por los médicos del Obarrio, a fin de evitar posibles fugas", reza el informe, teniendo en cuenta que para su tratamiento los internos debían ser sacados de la cárcel. El secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Alfredo Miroli, también deberá recomendar especialistas de su área. También le envió un oficio al Director de Institutos Penales, Roberto Guyot, para que les asigne un lugar específico a los internos que deban ser asistidos dentro del mismo penal. El encargado de proveer los recursos, según el escrito, será el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. "Se deben facilitar (...) salas para que en forma inmediata se disponga del tratamiento de los internos que sufren adicciones, como también que se garantice el total aislamiento a fin de evitar la posibilidad de acceso a sustancias tóxicas", indica el texto al que accedió LA GACETA. Por otra parte, le ordenó a Guyot que "se efectúe una evaluación psicofísica a todo el personal a su cargo (...) con el objetivo de garantizarles a los internos un ambiente sano y propicio para su desintoxicación".
Ruiz Vargas también le solicitó al fiscal general ante la Cámara Federal, Antonio Gustavo Gómez, que los investigadores bajo su órbita intervengan "a fin de determinar si se cometió un delito de su competencia". En tanto, el ministro fiscal, Luis de Mitri, deberá comunicarse con los representantes del Ministerio Público provincial "para que se determine cómo obtienen drogas los internos de la sala VI de la Cámara Penal".
El juez también notificó sobre la problemática al secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse. "(Debe) evaluar la situación y determinar si existe alguna violación a los asuntos que son de su competencia", explica el texto.
Por último, el magistrado le envió un oficio a Alperovich con el fin de que "instrumente y ordene aplicar" determinados artículos de las leyes de Ejecución de pena privativa de la libertad y de Estupefacientes. "El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello, se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud", indica parte de la legislación. Muchos de los escritos ya están en manos de sus destinatarios, expresó Ruiz Vargas. "Es necesario que nos involucremos todos para poder resolver este problema. En el penal hay muchos conflictos que deben ser subsanados cuanto antes", añadió. El magistrado espera que los oficios sean respondidos a la brevedad.
La reunión entre el legislador Regino Amado (gobernador interino durante la ausencia de Alperovich) y el ministro López Herrera aún no pudo concretarse, según voceros del Ejecutivo. Está previsto que durante la charla se traten temas vinculados con la situación de los penales provinciales, entre otros.
El conflicto paso a paso
1- En agosto de 2008, la sala II de la Cámara Penal ordenó análisis a los 114 reos a su cargo. El 65% había consumido drogas.
2- En diciembre de ese año, la sala notificó al director del penal, a la Corte Suprema, al PE y a la Justicia Federal. No hubo respuesta oficial.
3- En octubre, LA GACETA publicó el informe de la sala II. En dos meses, fueron arrestados unos 23 presos con droga en su poder en la cárcel.
4- A fines de 2009, la Corte Suprema y otras autoridades dialogaron sobre la problemática. Aún no se concretó ningún proyecto.
En noviembre, cuando guardiacárceles encontraron droga en poder de un reo a cargo de la sala VI de la Cámara Penal, Ruiz Vargas ordenó que especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF) del Poder Judicial sometieran a análisis de orina a los 78 presos a disposición del tribunal. Hasta ahora, se supo que 13 de 24 presos habían consumido marihuana, cocaína o psicofármacos. Uno de ellos está internado en el Hospital Psiquiátrico Obarrio ya que presentaba signos evidentes de padecer una severa adicción a sustancias ilegales.
Ayer, Ruiz Vargas (que integra la sala junto a las vocales Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg) le envió un oficio al CMF solicitándole que se le remita los resultados totales del informe.
Además, el juez remitió 10 escritos más. El primero de ellos está dirigido al ministro de Salud, Pablo Yedlin, a quien se le solicita que envíe psicólogos y psiquiatras al penal de Villa Urquiza. "Esto, atendiendo a lo aconsejado por los médicos del Obarrio, a fin de evitar posibles fugas", reza el informe, teniendo en cuenta que para su tratamiento los internos debían ser sacados de la cárcel. El secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Alfredo Miroli, también deberá recomendar especialistas de su área. También le envió un oficio al Director de Institutos Penales, Roberto Guyot, para que les asigne un lugar específico a los internos que deban ser asistidos dentro del mismo penal. El encargado de proveer los recursos, según el escrito, será el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. "Se deben facilitar (...) salas para que en forma inmediata se disponga del tratamiento de los internos que sufren adicciones, como también que se garantice el total aislamiento a fin de evitar la posibilidad de acceso a sustancias tóxicas", indica el texto al que accedió LA GACETA. Por otra parte, le ordenó a Guyot que "se efectúe una evaluación psicofísica a todo el personal a su cargo (...) con el objetivo de garantizarles a los internos un ambiente sano y propicio para su desintoxicación".
Ruiz Vargas también le solicitó al fiscal general ante la Cámara Federal, Antonio Gustavo Gómez, que los investigadores bajo su órbita intervengan "a fin de determinar si se cometió un delito de su competencia". En tanto, el ministro fiscal, Luis de Mitri, deberá comunicarse con los representantes del Ministerio Público provincial "para que se determine cómo obtienen drogas los internos de la sala VI de la Cámara Penal".
El juez también notificó sobre la problemática al secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse. "(Debe) evaluar la situación y determinar si existe alguna violación a los asuntos que son de su competencia", explica el texto.
Por último, el magistrado le envió un oficio a Alperovich con el fin de que "instrumente y ordene aplicar" determinados artículos de las leyes de Ejecución de pena privativa de la libertad y de Estupefacientes. "El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello, se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud", indica parte de la legislación. Muchos de los escritos ya están en manos de sus destinatarios, expresó Ruiz Vargas. "Es necesario que nos involucremos todos para poder resolver este problema. En el penal hay muchos conflictos que deben ser subsanados cuanto antes", añadió. El magistrado espera que los oficios sean respondidos a la brevedad.
La reunión entre el legislador Regino Amado (gobernador interino durante la ausencia de Alperovich) y el ministro López Herrera aún no pudo concretarse, según voceros del Ejecutivo. Está previsto que durante la charla se traten temas vinculados con la situación de los penales provinciales, entre otros.
El conflicto paso a paso
1- En agosto de 2008, la sala II de la Cámara Penal ordenó análisis a los 114 reos a su cargo. El 65% había consumido drogas.
2- En diciembre de ese año, la sala notificó al director del penal, a la Corte Suprema, al PE y a la Justicia Federal. No hubo respuesta oficial.
3- En octubre, LA GACETA publicó el informe de la sala II. En dos meses, fueron arrestados unos 23 presos con droga en su poder en la cárcel.
4- A fines de 2009, la Corte Suprema y otras autoridades dialogaron sobre la problemática. Aún no se concretó ningún proyecto.
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