"Cinco presos no tenían síntomas de adicción"

La llegada de la combi blanca agitó los ánimos en el Hospital Psiquiátrico Obarrio. Dentro del vehículo de Institutos Penales estaban seis presos que, según un informe, habían consumido drogas en Villa Urquiza. Por orden de la Justicia, los reos debían ser alojados y desintoxicados por especialistas del centro médico. Pero cinco de ellos regresaron otra vez a la cárcel. "Hemos evaluado caso por caso y se llegó a la conclusión de que sólo un paciente debía ser internado. Ya está siendo tratado y medicado bajo el resguardo policial", dijo la directora del hospital, Nélida Romano, en diálogo con LA GACETA.
Así, la medida dispuesta hace ocho días por el camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas comenzó a cumplirse. Sin embargo, esto parece ser sólo la primera parte de un largo camino.
Ayer, el vocal de la sala VI de la Cámara Penal recibió informes del Cuerpo Médico Forense referidos a otro grupo de reclusos. El estudio reveló que cinco de nueve presos habían consumido marihuana o cocaína. Estos internos serán asistidos por psiquiatras y psicólogos en la cárcel, según el acuerdo al que llegaron el miércoles Ruiz Vargas y el viceministro de Salud, Alberto Sabaj. "Para ello, el director de Institutos Penales (Roberto Guyot) y el ministro de Seguridad (Mario López Herrera) deberán habilitar un hábitat propicio para que estas personas sean tratadas", expresó Ruiz Vargas.
En noviembre, guardiacárceles de Villa Urquiza sorprendieron con droga en su poder a un preso que está a cargo de la sala VI de la Cámara Penal, compuesta por Marta Cavallotti, Alicia Freidenberg y Ruiz Vargas. Tras ser notificados del hecho, los magistrados solicitaron que los 78 reclusos a su disposición fueran sometidos a análisis de orina por especialistas del Cuerpo Médico Forense. En diciembre, la primera parte del estudio llegó a manos de los jueces: ocho de 15 internos habían consumido marihuana, cocaína o psicofármacos. Ruiz Vargas ordenó mediante un oficio que esos reclusos fueran enviados al Obarrio para que sean desintoxicados. En un principio, la disposición causó una gran resistencia por parte del personal del hospital. Sin embargo, ayer los ánimos se aplacaron un poco, según Romano. "Por ahora solamente trabajó el personal de guardia, pero está todo tranquilo", aseveró la directora.
Cerca de las 16 de ayer, un vehículo de Institutos Penales llegó al predio del Obarrio, ubicado en San Miguel 1.600. Dentro de la combi estaban los seis presos. "Cinco de ellos no tenían la sintomatología típica de la adicción. No tenían síntomas como para ser internados. Por eso, realizamos los respectivos informes y se decidió que sólo uno debía ser alojado para su desintoxicación", explicó Romano. La especialista agregó: "acatamos la orden, pero no correspondía internar a aquellos que no necesitan ese tipo de tratamiento". La directora le envió una notificación a Ruiz Vargas explicándole la situación, pero el escrito recién estará en manos del juez el lunes. Allí se verá si el magistrado considera acertada o no la decisión de los especialistas.
En la Constitución
Tras recibir la segunda parte del informe realizado por el Cuerpo Médico Forense, Ruiz Vargas adelantó que comenzará a trabajar para que los presos adictos sean asistidos dentro de la prisión. "La Constitución expresa claramente que las cárceles tienen como fin recuperar a los presos, y no castigarlos. Además, el plan de desintoxicarlos tiene como fin proteger a la sociedad. Si se evita el consumo, se evitan la reincidencia y las posibles absoluciones por inimputabilidad", remarcó el magistrado.