04 Marzo 2010 Seguir en 
Nadie entra -ni mucho menos sale- de allí sin autorización. Las rigurosas miradas de decenas de guardiacárceles lo controlan todo. Los altos muros que rodean el enorme predio del penal de Villa Urquiza aparentan ser infranqueables. Sin embargo, alguien parece estar burlando todos los controles, pues los presos continúan consumiendo drogas. Así lo revela un estudio realizado por pedido de la sala VI de la Cámara Penal. El vocal Carlos Francisco Ruiz Vargas le relató a LA GACETA que 10 de los 15 reos examinados consumieron estupefacientes en el último tiempo, según el análisis efectuado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. "Estos internos serán derivados al Hospital Obarrio, para que allí sean sometidos a un tratamiento de desintoxicación. Lamentablemente, hay que trabajar de esta manera, pero la situación está perjudicando la salud de los internos. Nosotros seguiremos avanzando para protegerlos, porque es nuestra obligación como jueces de ejecución de sentencia", señaló Ruiz Vargas.
El 23 de noviembre, el magistrado (que integra la sala VI junto a las juezas Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti) le envió un oficio a las autoridades del Cuerpo Médico Forense para que sometieran a exámenes médicos a los 78 reos que están a cargo del tribunal.
Los especialistas les tomaron muestras de orina a los presos. Casi un mes después, Ruiz Vargas recibió un resultado parcial del informe, al cual tuvo acceso LA GACETA. Desde entonces, el juez no tuvo novedades sobre el estudio.
Sin embargo, el informe le alcanzó para comprender la gravedad de la situación: el 66% de los examinados había consumido marihuana, cocaína o tranquilizantes. Incluso, en muchos de los casos las sustancias habían sido combinadas.
La estadística coincide con la investigación realizada hace casi dos años por la sala II de la Cámara Penal. Sobre 114 internos, el 65% había ingerido estupefacientes, según el informe realizado en agosto de 2008 por los vocales Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (secretaría de Luis Lezana Flores). Los magistrados elevaron el estudio al titular del Ministerio de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera; a la Corte Suprema de Justicia; y a la Justicia Federal.
Recién en diciembre del año pasado las autoridades se reunieron para debatir la problemática, seis meses después de que LA GACETA diera a conocer el estudio.
El presidente de la Corte, Antonio Estofán, convocó a un cónclave, al que acudieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella; el director de Institutos Penales, Roberto Guyot; el secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Alfredo Miroli; y el secretario de Obras Públicas, entre otras autoridades. El objetivo era buscar una estrategia conjunta para combatir el consumo de droga en la cárcel.
En busca de una salida
Ruiz Vargas afirmó que está expectante por recibir la totalidad del informe que realizó el Cuerpo Médico Forense. Una vez que lo tenga en sus manos, se lo enviará a Guyot. "Esto debería derivar en un planteo administrativo, en el que el director tome medidas y vea cómo puede hacer para proteger a los internos. Su función es velar por la seguridad allí dentro", remarcó el magistrado. Y agregó: "se dice que entra la droga por medio de los familiares, pero hasta ahora yo no tengo conocimiento de que se haya detectado esto".
"Cuando me llegue el informe lo voy a ver y podré emitir una opinión", dijo Guyot, al ser consultado por LA GACETA.
En tanto, Ruiz Vargas señaló que enviará a los reos con problemas de consumo a la sala de agudos del Obarrio para que sean sometidos a un proceso de desintoxicación. "Hay que analizar qué grado de intoxicación presenta cada paciente. Si es grave, el hospital no está en condiciones de asistirlo. Si es leve, sí se puede, pero con internaciones de no más de cinco días; en estos casos, luego se traslada al paciente al Hospital Avellaneda, que ofrece un tratamiento ambulatorio", indicó la directora del Obarrio, Nélida Romano. La especialista añadió que el instituto que dirige se especializa en asistir a personas con conflictos de salud mental del tipo psiquiátrico. "En casos de adicción, lo ideal es un centro de puertas cerradas", dijo.
Ruiz Vargas, finalmente, señaló que aún no entrevisto a los reos que, según el informe, consumieron drogas. "Esa tarea debe ser llevada a cabo por psicólogos y psiquiatras, quienes deben asistir a los internos para saber por qué usan o abusan de esas sustancias. Mi trabajo es proteger su salud desde mi función", advirtió el magistrado.
El 23 de noviembre, el magistrado (que integra la sala VI junto a las juezas Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti) le envió un oficio a las autoridades del Cuerpo Médico Forense para que sometieran a exámenes médicos a los 78 reos que están a cargo del tribunal.
Los especialistas les tomaron muestras de orina a los presos. Casi un mes después, Ruiz Vargas recibió un resultado parcial del informe, al cual tuvo acceso LA GACETA. Desde entonces, el juez no tuvo novedades sobre el estudio.
Sin embargo, el informe le alcanzó para comprender la gravedad de la situación: el 66% de los examinados había consumido marihuana, cocaína o tranquilizantes. Incluso, en muchos de los casos las sustancias habían sido combinadas.
La estadística coincide con la investigación realizada hace casi dos años por la sala II de la Cámara Penal. Sobre 114 internos, el 65% había ingerido estupefacientes, según el informe realizado en agosto de 2008 por los vocales Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (secretaría de Luis Lezana Flores). Los magistrados elevaron el estudio al titular del Ministerio de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera; a la Corte Suprema de Justicia; y a la Justicia Federal.
Recién en diciembre del año pasado las autoridades se reunieron para debatir la problemática, seis meses después de que LA GACETA diera a conocer el estudio.
El presidente de la Corte, Antonio Estofán, convocó a un cónclave, al que acudieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella; el director de Institutos Penales, Roberto Guyot; el secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Alfredo Miroli; y el secretario de Obras Públicas, entre otras autoridades. El objetivo era buscar una estrategia conjunta para combatir el consumo de droga en la cárcel.
En busca de una salida
Ruiz Vargas afirmó que está expectante por recibir la totalidad del informe que realizó el Cuerpo Médico Forense. Una vez que lo tenga en sus manos, se lo enviará a Guyot. "Esto debería derivar en un planteo administrativo, en el que el director tome medidas y vea cómo puede hacer para proteger a los internos. Su función es velar por la seguridad allí dentro", remarcó el magistrado. Y agregó: "se dice que entra la droga por medio de los familiares, pero hasta ahora yo no tengo conocimiento de que se haya detectado esto".
"Cuando me llegue el informe lo voy a ver y podré emitir una opinión", dijo Guyot, al ser consultado por LA GACETA.
En tanto, Ruiz Vargas señaló que enviará a los reos con problemas de consumo a la sala de agudos del Obarrio para que sean sometidos a un proceso de desintoxicación. "Hay que analizar qué grado de intoxicación presenta cada paciente. Si es grave, el hospital no está en condiciones de asistirlo. Si es leve, sí se puede, pero con internaciones de no más de cinco días; en estos casos, luego se traslada al paciente al Hospital Avellaneda, que ofrece un tratamiento ambulatorio", indicó la directora del Obarrio, Nélida Romano. La especialista añadió que el instituto que dirige se especializa en asistir a personas con conflictos de salud mental del tipo psiquiátrico. "En casos de adicción, lo ideal es un centro de puertas cerradas", dijo.
Ruiz Vargas, finalmente, señaló que aún no entrevisto a los reos que, según el informe, consumieron drogas. "Esa tarea debe ser llevada a cabo por psicólogos y psiquiatras, quienes deben asistir a los internos para saber por qué usan o abusan de esas sustancias. Mi trabajo es proteger su salud desde mi función", advirtió el magistrado.
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