Alperovich pidió que denuncien irregularidades

"Más que la denuncia pública, que tienen derecho de hacerla, tienen que hacer la denuncia penal para que pongamos preso a algún dirigente". El mensaje es del gobernador, José Alperovich, y está dirigido a los beneficiarios del programa Argentina Trabaja. Con firmeza, el mandatario pidió ayer a los cooperativistas que no se dejen extorsionar y les transmitió seguridad respecto de que, si trabajan, nadie puede removerlos del plan nacional para desocupados.
En su edición de ayer, LA GACETA publicó las declaraciones del concejal de Las Talitas Juan Carlos Abregú (PJ), quien afirmó que a un joven de su ciudad lo inscribieron y le dijeron que sólo ganaría $ 400 mensuales (la remuneración es de $ 1.200). Por otra parte, el edil dijo que, pese a que el programa exige no tener ingresos, designaron cooperativistas a quienes son dueños de negocios o de remises. A la vez, Dora, una vecina de la capital que pidió reserva de sus datos completos, aseguró en el Palacio de los Deportes que su hijo no fue incorporado a las planillas de "Argentina Trabaja" porque se negó a darle un porcentaje de su salario al puntero que organizaba la cooperativa en la que se anotó.
El gobernador, justamente, aseguró que el objetivo de la bancarización del pago es darle transparencia al sistema. "La gente no tiene que darle nada a nadie, para eso están bancarizados, van con la tarjeta y cobran, aquí no hay intermediarios", repitió.
Ante distintas versiones sobre la aparición de oportunistas, el mandatario, en anteriores ocasiones, ya había advertido para que la gente no se dejara engañar. "Algunos vivos están pidiendo plata y que dividan el sueldo. No hay que dar plata a nadie", había puntualizado el 19 de noviembre, en una conferencia de prensa.
A causa del temor de los beneficiarios de ser apartados del programa por realizar la denuncia o por negarse a pagarle un porcentaje del sueldo a los "punteros", Alperovich hizo énfasis en que el único causal de exclusión será no trabajar. Por ello, insistió en la labor que está llevando a cabo el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) para combatir estas acciones. "Manejo el Ipacym para que nadie pueda sacar a una persona porque no le da plata. La única manera de sacar a alguien de la cooperativa es porque no trabaje", detalló.

Controles
El titular del Ejecutivo aseguró que los auditores del Ministerio de Desarrollo Social son los encargados de controlar que los cooperativistas cumplan con su tarea y que sólo se den de baja a quienes incumplan sus obligaciones.
"A quien no trabaje, por supuesto, que no le vamos a pagar porque no podemos fomentar la vagancia. No les vamos a dar $ 1.200 a tipos que no cumplan: eso no lo vamos a permitir", expresó el gobernador.
Por otro lado, Alperovich se mostró satisfecho ante la creación de los nuevos puestos de trabajo. "Es una gran alegría porque estamos dando 15.000 empleos en el Gran San Miguel de Tucumán en un mes difícil, como enero", destacó. Según fuentes oficiales, son finalmente 12.000 los cooperativistas dados de alta por la Nación. (Ver "Las cifras oficiales")
Alperovich destacó que se trata de personas que tenían que reunir una serie de condiciones de necesidad para ser admitidos en las cooperativas. "Se trata de personas desempleadas que no pueden tener autos nuevos, ni ser monotributistas", enfatizó el mandatario.

En el fuero federal
El programa "Argentina Trabaja" es un plan nacional que se financia con recursos federales los cuales no ingresan al Tesoro de la provincia. De hecho, las remuneraciones de los cooperativistas son pagados mediante el Banco de la Nación.
Por ello, las denuncias que se hagan respecto de presuntas extorsiones deben ser radicadas en la Justicia Federal. Durante la feria de enero, estará de turno el fiscal general, Gustavo Gómez. La sede de los tribunales federales en San Miguel de Tucumán es calle Las Piedras, esquina Congreso.

Las cifras oficiales

13.800
son los candidatos enviados por el Gobierno para obtener el beneficio.

500
postulantes fueron rechazados por las autoridades de la Nación.

600
fichas resultaron observadas en los análisis del Gobierno central.

700
expedientes no fueron considerados porque estaban incompletos.