El desafío educativo de cambiar la cabeza

La semana de la lucha contra la violencia de género es siempre motivo para sopesar si en casi medio siglo han cambiado en algo las cosas. Lo de "medio siglo" no es más que una convención que se ha fijado desde que la ONU decidió establecer la fecha del 25 de diciembre como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer porque fue un día como ese, pero en 1960, que tres militantes feministas de la República Dominicana, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por el entonces dictador Rafael Trujillo.
Desde las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer admiten que la legislación sobre el tema, en la Argentina, es buena, "en líneas generales" (ver entrevista a Josefina Durán, en esta página). Lo que falta,  afirman, son algunas leyes que le queman al Congreso y a muchas Legislaturas provinciales, entre las que está la tucumana, porque significan confrontar con la Iglesia: es el caso de las leyes de Salud Reproductiva y de Educación Sexual. Precisamente, este último aspecto ha sido incluido en el proyecto de ley de Educación que está siendo debatido en la Legislatura tucumana, y que impulsan, entre otros, la legisladora Susana Montaldo, una mujer que suele tener buen diálogo con la Iglesia. Ese tema es de una importancia central, porque apunta a modificar de raíz, desde la infancia, prejuicios muy arraigados que intentan encontrarle justificativos a la violencia de género. Esos prejuicios están en "el aire", y se observan, por citar apenas algunos ejemplos, tanto en el ámbito "de la calle" como en los policías que, en muchos casos, relativizan las denuncias por maltrato que les llegan a las comisarías. En ese sentido, la habilitación en la Provincia de espacios como la Comisaría de la Mujer,  la oficina de Violencia Doméstica que se creó  en el seno del Poder Judicial tucumano por impulso de la  vocal Claudia Sbdar, o el Observatorio de la Mujer o la Comisión "ad hoc" que se creó en el ámbito del Colegio de Abogados son algunos de los espacios que permiten que la problemática de la violencia de género se haga visible. Eso es un primer paso. Pero que este proceso de "empoderamiento" apenas ha empezado lo muestra un informe flamante de la Oficina de Violencia Doméstica que se ha creado en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del que ha dado cuenta esta semana el diario "Clarín". Según la jueza Elena Highton de Nolasco, casi el 40 % de las denuncias por violencia doméstica se radican los días lunes y martes,  y apenas el 12 % lo hace los sábados y domingos. Esos porcentajes indican que, en pleno siglo XXI, hay en la Argentina, en todos los sectores sociales, numerosas mujeres que viven su casa como una prisión.
En el mismo informe, Highton de Nolasco ha dicho que las respuestas judiciales a las casi 2.400 denuncias que se formularon en la Oficina en el lapso de un año han sido dispares, y que las respuestas del fuero civil han sido más efectivas que las del fuero penal.
Al parecer, son tiempos en que la Justicia se somete al escrutinio propio y al de la opinión pública. En Tucumán,  el Observatorio de Sentencias Judiciales relacionadas con los derechos de género ha echado a andar, piloteado por los integrantes de la Ong "ADN".  Uno de sus casos "testigo" es el de una joven de 18 años que fue mamá en una institución pública y a la que, por un aparente descuido del profesional que la trató, hubo que extraerle el útero. Se reclamó una indemnización de $400.000, pero la Justicia falló por una suma mucho menor. Lo que dicen las abogadas de ADN es que no se tuvo en cuenta lo que significa, desde una perspectiva de género, que a una joven de 18 años le extirpen el útero, con lo cual se le terminan todas sus posibilidades de volver a ser mamá.